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| Guerrilleros en la trocha |
Por Carlos Medina Gallego / Jueves 20 de diciembre de 2012
Una nueva dinámica que tomó el
conflicto armado en el país durante el 2012 en los aspectos militar y político,
ha generado un punto de inflexión, que hoy en medio de un optimismo moderado y
un escepticismo extremo, adquiere forma en la dinámica con que se vienen
desarrollando la mesa de conversaciones de la Habana , entre el gobierno Nacional y las FARC-EP.
Un balance sobre lo ocurrido durante el año ayuda a entender las razones por
las cuales, gobierno y guerrilla deciden contra todo pronóstico iniciar de manera
tan temprana, en la administración Santos, acercamientos discretos y
conversaciones.
Quisiera desarrollar en este
artículo tres ideas centrales:
1. La ofensiva militar
desarrollada por la fuerza pública a través de la política de la seguridad
democrática, inicialmente, y luego, con los ajustes que ésta tuvo en el modelo
de la seguridad para la prosperidad del presidente Santos, le proporcionaron al
Estado Colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC, pero
no lograron, a pesar de la importancia de la misma, consolidar una victoria
estratégica que hicieran efectivo el anunciado fin del fin de la confrontación,
por la vía militar, destruyendo la capacidad operativa y organizativa de la
insurgencia.
2. Las FARC vieron
transformarse la modalidad táctica y operativa de la fuerza pública y sintieron
estremecer sus estructuras organizativas y de mando en una ofensiva que
modificó sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo militar y
transformó en lo esencial las lógicas organizativas y de autoridad interna, así
como su modelo de operatividad.
3. El inicio de las
conversaciones representa para las FARC una victoria táctica en el campo
político frente al gobierno y, para este, una apuesta a la consolidación de la
victoria militar estratégica en el escenario político. La guerra vuelve a
asumir su forma política.
Victoria táctica sin
consolidación estratégica Comencemos por formularnos unas preguntas
orientadoras: ¿cuál es el estado actual de la guerra que “obliga” a las partes
a pensarse en términos de un proceso de solución política al conflicto armado?;
¿Por qué el gobierno del presidente Santos, desiste de la idea de la victoria
militar sobre la insurgencia y decide establecer relaciones y conversaciones
con la FARC-EP
colocando todo su capital político y su posible reelección, en ese proceso?;
¿En qué estado se encuentran las FARC-EP que resuelven atender el llamado del
gobierno nacional de explorar una camino de solución política para el
conflicto?
Existen distintas explicaciones
a estas preguntas; las que acá se dan son el resultado de los trabajos de
investigación y seguimiento que hacemos al conflicto armado desde el Grupo de
Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional
de Colombia, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar cada uno de los
actores armados y las dinámicas propias del conflicto colombiano.
Lo que nos está mostrando la
investigación y los análisis es que el conflicto se encuentra en un punto de
inflexión importante en el cual los actores deben tomar decisiones
transcendentes, relacionadas con sus proyectos políticos estratégicos y los
mecanismos y medios para alcanzarlos: la guerra ha llegado a un lugar en donde
las partes han entendido que no se van a derrotar mutuamente, que ninguno va a
alcanzar la victoria definitiva sobre su adversario y que, intentarlo,
significa conducir al país a un siglo más de guerra, con un agravante: ni
social, ni política, ni económica, ni militarmente el país aguanta un periodo
más largo de confrontación, con un alto costo en vidas, desarrollo, inversión
social y democracia.
La idea de la victoria
definitiva sobre la insurgencia ha cedido terreno durante la administración
Santos, porque este ha visto llegar a su agotamiento los logros de la política
de seguridad democrática y de la prosperidad. Sus estadísticas han comenzado a
mostrar un creciente reactivamiento de la capacidad operativa de la
insurgencia, como resultado de los aprendizajes que han adquirido para
confrontar las nuevas modalidades operativas en los campos de la inteligencia
militar y técnica y el combate aéreo.
Con el comparativo de hechos,
vemos que entre enero y octubre del 2012 no hubo un solo mes en donde los actos
de guerra de la insurgencia no hubiesen superado los realizados en el año
anterior; comienzan a disminuir cuando se hacen públicas las conversaciones y
seguramente llegarán a su punto más bajo de parangón por la decisión unilateral
de las FARC-EP, de hacer un cese al fuego a partir del 20 de noviembre y hasta
el 20 de enero de 2013.
Entre enero y octubre, en las
estadísticas de logros del Ministerio de Defensa se reporta un incremento de
las acciones de la insurgencia en un 53%, en relación con el año inmediatamente
anterior. Esto significa que se pasó de 472 acciones de guerra, para el este
periodo en el 2011 a
716 acciones en el 2012. Las estadísticas oficiales igualmente muestran un
incremento de las acciones de la insurgencia contra la infraestructura y en
particular contra la industria petrolera, la que vio afectar sus oleoductos con
142 acciones en el 2012, en relación con los 52 atentados del año anterior, lo
que representa un crecimiento de 173%.
Los partes de guerra de las
FARC-EP informan de las acciones de hostigamiento, sabotaje, ataques a
patrullas del ejército y la policía, voladura de oleoductos, detonación de
minados, prácticas de francotiradores, maniobras antiaéreas, entre otras
acciones de guerra, desarrolladas por las estructuras de los Bloques Sur,
Alfonso Cano, Jorge Briceño, Magdalena Medio, Martin Caballero y sus
correspondientes columnas móviles, en los departamentos de Arauca, Meta,
Vichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila,
Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira y
Bolívar, con distintos grados de intensidad e incidencia. Los reportes muestras
que la mayor intensidad del conflicto se localiza en el sur-occidente del país,
en Nariño y Cauca, que se han convertido en el laboratorio de guerra de las
FARC-EP.
Las estadísticas oficiales
muestran una variación significativa en los resultados de las acciones de la
fuerza pública en los indicadores de la confrontación; disminuyeron las
desmovilizaciones en un 28%, pasando de 1.314 entre enero-octubre de 2011 a 943 en el mismo
periodo en el 2012; las capturas y los muertos en combate apenas crecieron
ligeramente durante el presente año en un 18% y 11%, respectivamente. La
situación de las Fuerza Pública en términos de bajas, si bien mejoró, no deja
de ser preocupante, durante el 2012, entre soldados, policías, oficiales,
suboficiales arrojó como resultado 336 muertes en cumplimiento del servicio y
dejó 1.983 bajas vivas (heridos), de los cuales 211 producto de minas
antipersonales y explosivos abandonados que afectaron igualmente a 151 civiles.
En general, el incremento de bajas vivas fue del 9% en comparación con el año
anterior.
La fuerza pública también ha
tenido que enfrentar una creciente presión jurídica como consecuencia de las
formas “anómalas” de las operaciones militares que afectan profundamente la
situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
lesionando gravemente los derechos de la población civil; los falsos positivos,
son solo una de las muchas formas anómalas que han colocado a oficiales,
suboficiales, soldados y policías frente a los tribunales y en las distintas
cárceles militares y administrativas del país. Se dice por parte de los
organismos de derechos humanos, que se adelantan más de 1850 procesos contra
miembros de la fuerza pública que involucran a más de cuatro millares de
militares. Es tal vez de esta situación crítica que surge la idea de la
ampliación del fuero militar.
En síntesis, lo que se nota es
que hay un claro reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia,
que hace evidente los aprendizajes en la confrontación militar y la puesta en
práctica de nuevos laboratorios de guerra en el suroccidente, centro y oriente
del país.
Sin embargo, la mayor
preocupación que existe en el desarrollo de la confrontación por parte del
gobierno, no solo son los resultados obtenidos que comienzan a precarizarse en
la relación costo-beneficio, sino los límites de crecimiento y modernización
que enfrenta el sector de la defensa en materia presupuestal para el manejo de
la economía de la seguridad. De continuarse la guerra, ésta aumentará, sin
mayores resultados definitivos, los costos y el mantenimiento del conflicto a
un sacrificio cada vez mayor del presupuesto destinado a inversión social.
Existe una nueva percepción de
los altos mandos de la fuerza pública en relación con el conflicto armado;
sectores importantes de la institución militar han contemplado la idea de la
necesidad de encontrar una salida negociada. Hay una tácita aceptación de la
imposibilidad de la victoria militar estratégica. Esto no significa que su
discurso y práctica de guerra contra la insurgencia no mantenga el vigor que
adquirió en los últimos años. Resulta saludable para el país, la actitud
asumida por la fuerza pública en relación con el proceso en curso del gobierno
con las FARC-EP, así el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno mantenga
su radicalidad verbal frente a los medios cada vez que la fuerza pública recibe
un golpe.
Ningún analista se atrevería a
decir hoy que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y la fuerza
pública contra la insurgencia no han sido exitosos y cambiaron
significativamente la correlación de fuerzas en la confrontación armada; pero,
son muy pocos los que se arriesgan a decir que se puede alcanzar la victoria
militar definitiva contra las FARC-EP y persisten obstinadamente, en llevar el
país a una nueva guerra augurándole un estruendoso fracaso al proceso de la Habana. El gobierno
nacional parece haber entendido que el desarrollo superior de la guerra está en
el escenario político y es allí donde se alcanza la victoria estratégica de una
paz duradera y estable para el país y le ha apostado a ello.
Las FARC-EP : de mandos
verticales a direcciones colectivas
Uno de los mayores avances que
tiene un ejército en el desarrollo de la guerra es saber exactamente cuál es su
situación en relación con la dinámica de la misma y tomar las decisiones
pertinentes para superar las adversidades y garantizar el logro de sus
propósitos en la justa proporción que le posibilita la confrontación.
Las FARC-EP han reconocido la
capacidad de su adversario, han aceptado la dureza de los golpes recibidos, han
ajustado sus estructuras de mando y organización a las nuevas modalidades de
combate que están enfrentando y han hecho los aprendizajes de guerra a un costo
altísimo en vidas y experiencias de conducción.
Diez años de confrontación, con
grandes pérdidas en hombres en una modalidad de guerra en donde la mayor parte
de los muertos nunca entra en combate y donde dirigentes históricos
desaparecieron bajo el accionar de la fuerza pública, obliga a la organización
a desarrollar una reingeniería organizativa, militar, política y social para
poder sobrevivir a la ofensiva y colocarse en un lugar de no aniquilamiento y
re-oxigenación. Ese aprendizaje, las FARC-EP, lo hace en un ambiente de
deslegitimación nacional e internacional agenciado por el gobierno anterior y
actual, con ayuda de los medios de comunicación y, en parte, por su propio
comportamiento erróneo.
Pero la ofensiva institucional
no solo obliga a la organización a hacer las transformaciones y ajustes
organizativos y tácticos para enfrentarla, sino que origina un nuevo orden de
legitimidades en la conducción de la misma, que se comienza a notar durante la
comandancia de Alfonso Cano y se evidencia en la actual comandancia de Timoleón
Jiménez. El régimen de autoridad se transforma; la estructura de mando vertical
que prevaleció durante la hegemonía de Manuel Marulanda y habían podido
sostener enfoques tradicionales como los de Reyes y Briceño, llega a su fin con
la desaparición de éstos; la nueva generación de mando se coloca frente a la
organización con un orden de legitimidades mas horizontal, donde si bien, se
respeta la estructura de mando jerárquico, la dirección de las FARC-EP se hace
más colectiva, porque las cabezas visibles se hacen equivalentes y no resulta
sencillo dar órdenes a un similar sin correr el riesgo de que se fracture la
relación mando-obediencia y se produzca una federalización de la organización.
Para decirlo de manera directa, todas las cabezas visibles del Secretariado se
encuentran en la misma línea de legitimidad y se consideran en una relación de
iguales. En esta guerrilla se ha producido el paso de mandos verticales a
mandos colectivos por el fenómeno de horizontalización de legitimidades...
Esta situación de dirección
colectiva genera una nueva dinámica en la organización en la cual empiezan a
expresarse matices, diferencias de enfoque e incluso contradicciones sin que
por ello se produzcan rupturas, pues en su conjunto la dirigencia entiende la
fortaleza de la organización en su cohesión interna, pero debe ensayar nuevos
modelos de relacionamiento democrático, de acuerdos y consensos. En estas
condiciones, un valor agregado del proceso, es que la dinámica política se
viene imponiendo sobre la militar.
Las FARC-EP se están
transformando realmente, a su interior se están produciendo innovaciones
organizativas, convergencias unitarias, nuevos imaginarios políticos,
direccionamiento y disciplinamiento social y político de sus bases, unidos a
una relativa ortodoxia política y a un profundo pragmatismo político y
operativo en el marco de un nuevo enfoque táctico que sitúa al centro la acción
política.
En los últimos meses del 2011 y
durante el primer semestre del 2012, la organización logra ubicarse en un lugar
lo suficientemente seguro como para tomar la decisión de involucrarse en un
proceso de paz, que guardando todas las reservas que se quiera, les puede
permitir argumentar que el conflicto se encuentra en un empate positivo en el
cual las partes se pueden dar cita para conversar sobre un acuerdo general para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
El Acuerdo General, un reflejo
de la correlación de fuerzas en la guerra
La etapa de acercamiento discreto,
la elaboración de una agenda y el inicio de un proceso de conversaciones
resulta para ambas partes una victoria política y la expresión de ese empate
positivo, el que hay que entender, no como la equivalencia en la correlación de
fuerzas en el campo militar, sino como la confluencia de circunstancias,
propósitos e iniciativas en el escenario político en torno a un interés común: la PAZ.
Entre el 23 de Febrero y el 26
de Agosto de 2012, comisiones del gobierno nacional y de las FARC-EP, se reúnen
en la Habana
con la participación de los gobiernos de la República de Cuba y
Noruega como garantes y, el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, como facilitador de logística y acompañante. De esa fase
exploratoria sale el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera que dota al proceso de un manifiesto
de voluntades, agenda de conversaciones y reglas de funcionamiento básicas, que
el gobierno y FARC-EP, dan a conocer ampliamente al país.
El 18 de Octubre del 2012 se da
la instalación formal de la Mesa
de Conversaciones en Oslo, Noruega, con la intervención del representante de la
delegación del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana y, el
jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez. Los discursos plantean lo
que tenían que decir y van dirigidos a distintos auditorios para llenar de
confianza el proceso y de seguridad a la nación. No obstante, las posturas
extremas de inmovilidad absoluta de los modelos y de cambios absolutos de las
estructuras, los discursos y las ruedas de prensa lo que reflejan son las
razones del conflicto y las urgencias de su superación.
En el caso de las FARC-EP, el
discurso de Iván Márquez, se dirige a la comunidad internacional para posesionar
el carácter político y revolucionario de la organización, al país para señalar
las razones y los retos del conflicto y a sus propias militancias para disipar
inquietudes y fortalecer la cohesión organizativa interna. La intervención del
Gobierno, no es por diplomática menos radical, en particular su defensa
irrestricta de los modelos económico y de seguridad. Pero más allá de esos
discursos que fueron lo que tenían que ser, está la agenda de conversaciones
que constituye un acuerdo político sin precedente, con un alto grado de
racionalidad y pragmatismo político que refleja en profundidad, la correlación
de fuerzas de la confrontación militar.
Siete meses de conversaciones
preliminares en más de medio centenar de reuniones van depurando el Acuerdo
General, no solo en su contenido y alcances, sino en el sentido de cada uno de
sus términos, de tal forma que el mismo adquiere la justa dimensión de los
intereses de las partes como reflejo de las posibilidades reales de lo que el
estado del conflicto les permite. El acuerdo es el término medio necesario en
el cual Gobierno y FARC-EP, ceden hasta quedar tranquilos, sin haber quedado
satisfechos, pero con la certeza de no haber renunciado a los principios
esenciales y haber puesto por encima el interés supremo de la paz.
El Acuerdo General recoge las
experiencias y aprendizajes de los procesos anteriores dados entre Agendas
Abiertas y Cerradas y conversaciones en medio del conflicto. Tiene un punto de
agenda abierta que busca englobar la solución de los problemas estructurales
del conflicto articulado al desarrollo agrario y cinco puntos de agenda cerrada
relacionada con la terminación del conflicto y la normalización institucional y
política del mismo.
El acuerdo contiene la
totalidad de la agenda social y reivindicativa de las FARC-EP, desde el
programa agrario del 1964, acompañado por una propuesta de ampliación y
profundización de la democracia política, unido al plan desarrollo del gobierno
Santos y la responsabilidad del estado de atender los derechos de las víctimas.
Es un acuerdo pragmático, que surge en marco de una realidad nacional e
internacional que favorecen la finalización del conflicto armado.
La sociedad colombiana tiene
que hacerse a la idea de las posibilidades reales de este proceso y no llenarse
de expectativas que posteriormente conduzcan a desilusiones colectivas. La mesa
de conversaciones de la Habana
no es una mesa de negociaciones. Allí de lo que se trata es de establecer
acuerdos políticos lo suficientemente claros y asumidos como compromisos para
que tengan curso en la definición de una política pública reformista, adquieran
la forma de leyes y decretos, planes y programas de desarrollo y, proyectos
productivos y de bienestar. Un acuerdo que contribuya a la profundización de la
democracia y a la convivencia política y social, sin las incertidumbres y
zozobras que actualmente vive la población.
Todos los procesos se mueven
entre la esperanza y el escepticismo, la primera tiene que sobreponerse al
segundo, los amigos de la paz a sus enemigos, el interés público general al
particular.
La fortaleza del gobierno se
mide en su convicción para sacar adelante el proceso, sin sentir que está
renunciando a nada y sin atender la retórica opositora que sindica al gobierno
de estar entregando lo logrado y claudicando ante la subversión. La de las
FARC-Ep en entender el momento histórico y adoptar las decisiones correctas
para mantener en alto sus banderas sin renunciar a su conquista en el camino de
las revoluciones democráticas.
Un proceso de paz exitoso es
aquel que se da en el marco de un cortejo de seducción política en el cual las
partes terminan enamorados del propósito común de la paz trabajando juntos; es
un acuerdo para la reconciliación y la convivencia pacífica en un universo de
transformaciones democráticas.
Lo peor que le podría pasar al
país es que cada una de las partes tuviese un PLAN B.
Publicado en Prensa Rural
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