La Habana, República de Cuba. Diciembre 14 de 2012.
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.
Cortesía de la delegacción de las FARC en la Habana |
COMUNICADO.
A las acciones de guerra
que contra el pueblo y contra el proceso de paz se han desatado desde la
institucionalidad estatal, se suma hoy la decisión del Congreso de la República
de aprobar la reforma a la justicia penal militar.
Marchando en contra de
los intereses de las víctimas del terrorismo de Estado, y desoyendo la
indignación nacional e internacional de quienes advertían que con la reforma se
colocaba en las cienes de los agentes criminales del régimen la corona de la
impunidad, el aparato legislativo, en consonancia con las decisiones
militaristas del gobierno, ha optado por abrirle campo al fuero militar.
Mientras despliega su
endeble retorica de paz, la alianza del desafuero sellada entre gobierno y
legislativo, ha blindado su máquina de guerra para continuar sus acciones de
tierra arrasada contra el movimiento popular, que a viva voz exige el cese de
la confrontación y soluciones a los profundos problemas sociales que le tienen
sumergido en la miseria.
Antes la firme determinación
popular impidió que prosperara un vulgar proyecto de reforma a la justicia que
este mismo Congreso pretendió imponer también en alianza con el gobierno; hoy
el amor de patria y la dignidad nacional deben hacerse sentir para que los
crímenes cometidos contra el pueblo no queden en el olvido.
Más de 3500 son los
casos de los llamados “falsos positivos”, o casos de civiles asesinados por
militares. De 1200 casos que han entrado a indagación , apenas 665 han pasado a
etapa de investigación y solamente 72 han llegado a juicio. El nivel de
impunidad que reina, para vergüenza de todos alcanza el 98 % para los casos que
están en juicio. Y esta situación impera en un escenario en el que ningún
esclarecimiento serio han tenido los casos de centenares de fosas comunes
colmadas de miles de asesinados por cuenta del terrorismo de Estado.
El país se está
preguntando ¿que Fiscal lleva el caso del ex-Ministro de Defensa Camilo Ospina
que firmó con su puño y letra la Directiva 029 que desatara estos crímenes de lesa
humanidad? El país se pregunta, ¿quien está investigando a Álvaro Uribe Vélez
como jefe de este ministro del terror?
Las FARC-EP, al tiempo
que condenan este terrible paso hacia la impunidad, advierten sobre los vientos
de guerra que con esta decisión calamitosa, el gobierno –de la mano del
desacreditado Congreso colombiano-, le anuncian al país.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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