Por Partido Comunista
Clandestino de Colombia
Son varias las causas que han producido el enorme aumento en el precio
de los alimentos a escala mundial, entre las que podemos destacar tenemos la
crisis ambiental y energética que tiene como su principal generador la crisis
del sistema capitalista en todo el planeta.
En el año 2008, el capitalismo entró en una de sus más profundas
crisis de toda su historia, cuando el sistema crediticio mundial de declaró en
quiebra. Desde entonces según la compañía de análisis financiero Bloomberg, el
trigo aumentó 130%; la soya el 87%; el arroz el 74% y el maíz el 31% entre
otros productos de consumo mundial . Los países que importan gran parte de su
comida, ante esta realidad, empezaron compulsivamente a comprar de diversas
maneras millones de hectáreas de tierra en todo el mundo, para asegurar el
consumo interno de su población. Países que importan hasta el 60% de su comida
como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, que son países desérticos, otros
que no son países agrícolas como Japón y Corea también se sumaron a esta ola de
compras frenéticas.
Seúl, por ejemplo, controla, a través de grandes trasnacionales como
la Daewoo o Hyundai, 2.300.000 de hectáreas en países como Brasil, Tanzania,
filipinas y Rusia. China, con una población cercana a los 1,400 millones de
habitantes, el 20% de la población mundial, pero con menos del 10% de sus
tierras con capacidad para producir, también se ha sumado al club de los nuevos
terratenientes planetarios. Por eso en estos últimos años Beijing ha firmado
contratos con más de 30 países, uno de ellos es la República Democrática del
Congo, donde empresas chinas han conseguido concesiones para instalar la
plantación de palma que cubrirá, en los próximos años, más de un millón de
hectáreas.
Otro de los aspectos que influyen en el encarecimiento de los
alimentos es, sin duda, la inestabilidad de los precios del petróleo, producto
de su escasez generalizada. Las trasnacionales petroleras, esclavas de las
leyes de la economía, no pueden, por voluntad propia, darle vía a otras
alternativas energéticas porque eso significaría su propio fin. Frente a eso y
para prolongar la agonía de la economía basada en el consumo de petróleo, han
ideado una forma de disminuir el consumo mundial de petróleo: la producción de
agro combustibles. Esto es, combustibles obtenidos de productos agrícolas,
fundamentalmente etanol y biodiesel que, mezclados con la gasolina, disminuiría
notablemente su consumo mundial.
Aparentemente ésta sería una solución razonable, desde el punto de
vista de la sustitución a corto plazo de la tecnología basada en el consumo de
petróleo (casi todas las máquinas en el mundo funcionan con base en la
combustión, muy pocas, en términos mundiales, con energía eléctrica) pero
resulta un verdadero despropósito desde el punto de vista de los costes de
producción. Por ejemplo, la producción de un galón de biodiesel o etanol, es
mucho más elevado que la producción de un galón de gasolina del petróleo, pero
ahí no acaba el problema, la producción de etanol, obtenido principalmente de
la caña de azúcar y otros como palma africana o la soya, significa desviar el
consumo de estos productos que ya no irían a satisfacer la demanda de azúcar,
aceites u otras necesidades para el consumo humano, sino la demanda mundial de
combustibles para consumo de las máquinas, principalmente automóviles.
Tenemos entonces que la escasez de alimentos y sus alzas continuas, tiene
causas puy precisas dentro del capitalismo: escasez de petróleo, problemas
ambientales, incremento de la población mundial, dependencia del consumo
directo de las leyes financieras que regulan la producción y la distribución, y
el uso de la tierra con otros fines no agrícolas como la extracción de
minerales, etc.
Esta situación comentada está generando unas consecuencias en el corto
y el largo plazo: la importancia estratégica de la tenencia de la tierra. En
efecto, Warren Buffett, un multimillonario estadounidense invirtió 400 millones
de dólares en la producción de soya y azúcar en Brasil, la familia Benetton
posee en argentina más de 900.000 hectáreas, el gurú de las finanzas George
Soros, completó inversiones por más de 600 millones de dólares en Argentina y
Brasil; el príncipe Al-Waleed de la familia real de Arabia saudita adquirió más
de 5,5 millones de hectáreas en indonesia y Sudán, el gobierno chino tiene
inversiones representadas en 6,5 millones de hectáreas en Argentina, Brasil,
México, Congo, Camerún, Laos y Filipinas. Etc.
Todo esto está trayendo consecuencias desastrosas para la economía de
los países “beneficiados” con estas inversiones. Razones: el acaparamiento de
tierras ya está teniendo un tremendo impacto. El desplazamiento de comunidades
locales, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de la
producción de alimentos para el consumo local, la pérdida de la biodiversidad,
los impactos de los monocultivos y los agrotóxicos usados en la producción
agroindustrial son efectos que ya son parte de la realidad.
Ahora bien,, el acaparamiento de tierras sólo es posible cuando son expulsados
los campesinos de sus tierras de forma legal o ilegal. En el primer caso,
tenemos el ejemplo de lo que sucede en Mozambique, allí los inversionistas
consiguieron contratos de alquiler de 99 años con exenciones de impuestos por
25 años, al miserable precio de un dólar por hectárea. En Etiopía 70.000
campesinos abandonaron sus tierras después de que el gobierno las vendió a
inversionistas extranjeros; lo mismo pasó en Uganda luego de que su gobierno
vendió tierras a inversionistas madereros, fueron desplazados por lo menos
20.000 campesinos.
En Colombia, con la llamada restitución de tierras, el gobierno aspira
a entregar a los campesinos una pequeña parte de las tierras usurpadas por los
paramilitares a lo largo de los últimos 22 años, pero no para beneficiar a los
campesinos ni para promover políticas que resuelvan el grave problema de
seguridad y soberanía alimentaria que agobia a nuestro pueblo, sino para
favorecer a los inversionistas extranjeros, ávidos de tierras para sus mega
proyectos agroindustriales de biocombustibles y para la explotación minero
energética.
En el reciente discurso de instalación de la mesa de conversaciones
entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, nuestro comandante Iván
Márquez denunció que la ley de restitución de tierras es una trampa con la que
pretenden engañar a los campesinos, además de la existencia de unos “nuevos
llaneros” que están comprando tierras compulsivamente en el oriente del país.
El gobierno colombiano encabezado por el presidente Santos salió de inmediato a
desmentir estas afirmaciones argumentando que “Ellos están nerviosos con esa
Ley de Tierras porque es algo que es justo y le devuelve a los verdaderos
dueños de las tierras su capacidad de tener un ingreso digno”. Mientras que el
jefe de la delegación del gobierno Humberto de la calle dijo furioso que no van
a tolerar este tipo de afirmaciones.
Sin embargo la realidad es otra como lo demuestra el antropólogo
colombiano Darío Fajardo “El Plan de desarrollo vigente [el de Juan Manuel
Santos] ha puesto en marcha iniciativas previstas en el documento guía del
Banco Mundial: en un foro sobre el acaparamiento de tierras realizado a comienzos
de 2011 el parlamentario Wilson Arias informó sobre la presencia de cinco
grupos nacionales (Luis Carlos Sarmiento Angulo, Valorem/Familia Santodomingo,
Sindicato Antioqueño/Familia Liévano, Familia Eder, Francisco Santos, con
proyectos sobre 220 mil hectáreas) y siete extranjeros (Cargill/Holding Black
River, de Estados Unidos, Mónica y Amaggi, de Brasil, GPC de Chile, El Tejar,
de Argentina, Poligrow, de España), todos ellos con inversiones sobre 130 mil
hectáreas, además de intereses de China e India sobre 900 mil hectáreas” ubicadas
en los llanos orientales.
Una mirada superficial a la oferta gubernamental de titulación masiva
para superar la informalidad de la propiedad, no generaría oposición alguna,
pero cuando auscultamos en las verdaderas causas nos damos cuenta de que “cumplidas
las titulaciones masivas, los desterrados que pretendan regresar no cuentan con
protección efectiva para sus vidas, ni con apoyo económico ni técnico para
reconstruir y ampliar sus comunidades y sus economías. Como consecuencia,
tendrán como única opción enajenar sus tierras, ahora de manera “legal”, dando
cumplimiento a un requisito sin duda exigido por las empresas multinacionales,
interesadas en hacer inversiones sin riesgos jurídicos.” Completando así una
suerte de legalización del despojo tal y como lo asegura nuestro secretariado
en el documento de instalación de los diálogos.
Esta tendencia viene implantándose en Colombia sobre el marco
histórico y jurídico de la gran propiedad terrateniente, apoyada en formas
violentas de usurpación de la tierra y estimulada por inversiones de
procedencia legal e ilegal. Con el apoyo del Estado y con la utilización del
paramilitarismo, estos intereses continúan ampliando la concentración de la
tierra, generando desplazamiento masivo de comunidades, facilitando la
destrucción de las bases agrícolas del abastecimiento alimentario del país e
iniciando la incorporación de Colombia en la tendencia hacia la
extranjerización de sus tierras a favor de empresas multinacionales.
Por estas razones el secretariado nacional propone discutir el tema de
la ley de tierras dentro del concepto del territorio, ¿Por qué? Porque este
concepto es mucho más amplio, y permite abordar desde una óptica más cercana a
la realidad el problema estructural de la tenencia de la tierra, no solo para
beneficiar al campesino de forma tal que resuelva sus necesidades inmediatas de
subsistencia, sino que también resuelva el problema de nuestra soberanía, que
pase por una nueva concepción de país que se enrumbe hacia el progreso y el
desarrollo económico.
http://www.resistencia-colombia.org/index.php/pccc/2538-el-alza-de-los-alimentos-la-hambruna-mundial-y-la-ley-de-tierras-de-juan-manuel-santos
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