Por Frente 36 de las FARC-EP
LA CALCULADORA
DE LA OLIGARQUÍA tiene pocos ceros para presupuestar la Paz con Justicia Social. Cosa
distinta a cuando proyecta sus ganancias, los beneficios de las multinacionales
y el dinero que gasta en la guerra contra el Pueblo. Cuentas van y cuentas
vienen en el marco de las conversaciones para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
“El presupuesto militar debe
mantenerse así se consiga la paz” dijo el tecnócrata de la defensa Juan Carlos
Pinzón. La presidenta de ASOBANCARIA María Mercedes Cuellar, calculó “los
sacrificios para la paz en uno o dos puntos del PIB”. Para el delfín presidente
del Partido Liberal, Simón Gaviria, “con los 206 billones de pesos que Colombia
invierte en la guerra, el país puede ser otro.”.
A su turno, el conservador Juan Gabriel Uribe,
ministro del ambiente, sostuvo que “reforestar zonas destruidas por guerra y
narcotráfico vale $1,5 billones.” Y el copresidente de la Comisión de Paz de la
Cámara de representantes, Joaquín Camelo Ramos, anunció que en el presupuesto
general de la nación se incluirán facultades al Jefe del Estado para apropiar
los recursos necesarios para financiar el proceso de negociaciones.”
ESTAMOS CLAROS
de que no
es tan sencillo como preguntar ¿Cuánto vale la paz? Dicho de otra manera, la
Justicia Social no se alcanza solo con dinero. A esta se llegará también con la
innovación en las formas y los procedimientos tanto para administrar y
controlar el Estado y el poder, como en los enfoques humanistas en la atención
a los problemas sociales, el aprovechamiento responsable de los recursos
naturales y la responsabilidad con la ecología en general. Es decir, la Paz con
Justicia Social exige cambios estructurales que van más allá de su expresión
material en el presupuesto.
No obstante, estamos claros además de que una parte
importante de la Justicia Social debe ser calculada en términos cuantitativos y
presupuestales, sobre todo a la hora de aplicar principios como la gratuidad,
la igualdad, las coberturas universales, y otros orientados hacia las
prioridades de las mayorías para saldar la deuda social. En ese sentido por
ejemplo, la Plataforma Bolivariana propone que “el 50% del presupuesto nacional
será invertido en el Bienestar Social.”
Si bien entonces cambiar las prioridades del Estado
hace parte de la dimensión cualitativa, pues conceptualmente responde a otro
proyecto de sociedad, los cambios también se verán reflejados en el
presupuesto. Las nuevas leyes y los planes de desarrollo no pueden tener
contenidos sin posibilidad de ejecución. Desde esta perspectiva, el presupuesto
nacional en la Nueva Colombia deberá crecer y tendrá otra distribución.
A MANERA DE EJEMPLO, si tenemos en cuenta el presupuesto de 2013 discutido
por estos días en el legislativo, podemos observar dos rubros que deberán ser
trasformados y con ello reflejar los abonos correspondientes a la Paz con
Justicia Social. Nos referimos a la deuda externa y al gasto militar. Aunque
debemos aclarar siempre en éste punto que el gasto militar es casi imposible
calcular pues la guerra del Estado colombiano no es solo financiada con el
presupuesto del Ministerio de Defensa, y por el contrario el Estado en pleno
tiene tareas en la confrontación.
En términos oficiales, “El Presupuesto para 2013
aumentará 12,2% frente al de 2012, pasando de $165,4 billones a $185,5
billones. Sin considerar el servicio de la deuda, el Presupuesto propuesto
aumenta 9,4%. El servicio de la deuda crece en 21,3%, pasando de $38,7 billones
en 2012 a $47 billones en 2013. A esto se suman los 27 billones asignados para
el Ministerio de Defensa. Nada más en personal se gasta un poco más de 11
billones, más de la mitad del total de gastos de personal de todo el Estado. En
suma, con en el servicio de la deuda y el dinero de mindefensa, sale la cifra
de 74 billones de pesos, cerca del 40% del presupuesto nacional.
Así las cosas, en la Paz con Justicia Social no solo
crecerá el presupuesto con nuevos recursos, por ejemplo con el principio de el
que más tiene más paga, con la renegociación de los contratos de explotación de
los recursos naturales que son lesivos para los intereses nacionales, objeción
al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en
cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el
servicio. Todo esto sumado al desmonte de la máquina de terror que el Ministro
Pinzón quiere seguir manteniendo.
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