POR: Alirio Córdoba, integrante del 41 frente “Cacique
Upar” de las FARC-EP.
Montañas de Colombia, 29 de abril de 2012
Cohesión social es el nombre de uno de los “tres
huevitos” que Juan Manuel Santos heredó de Álvaro Uribe al trasmitirle el
mandato de blindar la seguridad inversionista, por eso al lado de “prosperidad
democrática”, es desde su inicio, el artificio más propagandizado por este
gobierno. Significa la garantía de que el pueblo no discrepe, no piense, no se
oponga, no proteste ante la injusticia social, el despojo de las tierras
campesinas, la precariedad de los servicios públicos, el saqueo de las riquezas
o el mancillamiento de la patria.
El diseño y aplicación de planes militares
dirigidos a preparar el terreno para los grandes negocios completan la
estrategia. Los gobiernos vendepatria de las últimas décadas(especialmente los
de Pastrana, Uribe y Santos) se han esforzado en cumplir el encargo y la
promesa de no dejar en el escenario social y político oposición alguna a las
contrataciones gigantescas realizadas en secreto en el área de la construcción,
el transporte, sector energético, telecomunicaciones, minería, agroindustria,
servicios públicos, hotelería y turismo, sistema carcelario y penitenciario,
salud, y educación, con miras a favorecer al capital financiero.
SI
BIEN LA FASE de la feria de las contrataciones irregulares
y concesiones leoninas se ha venido cumpliendo al pie de la letra, en el campo
popular la dignidad y rebeldía del pueblo le avinagra el festín a los
expoliadores. Treinta años de Terrorismo de Estado implementado a punta de
fusil y motosierras, de leyes represivas y de “disciplinamiento social” no han
sido suficientes para garantizar el “orden”, la mansedumbre, y la resignación
de las pobrerías; por el contrario los despojados de las tierras, las víctimas
de la violencia oficial, los indignados por los pésimos servicios públicos y el
transporte urbano privatizados, sectores sin salud y educación, los obreros
tercerizados, estampan su huella de rebeldía e inconformidad en la senda de la
agitación social, levantando banderas de lucha en unidad por cambios
reivindicativos y estructurales.
El panorama nacional de los últimos 14 meses
no puede ser más revelador. Paro Camionero al inicio del 2011, mas de doce mil
obreros petroleros en huelga indefinida contra la esclavitud asalariada
impuesta por la multinacional Pacific Rubiales ponen al descubierto el
salvajismo de la tercerización; contagiados de desobediencia civil, comunidades
campesinas y organizaciones ambientalistas se alzaron en defensa del paramo de
Santurbán; y como un turbión las manifestaciones estudiantiles desbordantes de
creatividad y combatividad, contra la ley 30 y su reforma privatizadora,
despidieron el año con gritos de victoria. El 2012 inicia con nuevos vientos de
rebeldías y esperanzas; el país recién salía de las festividades de navidad y
año nuevo, cuando el tres de enero, en el Huila estalla la indignación popular
en rechazo a la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, ambicioso proyecto
de la transnacional Engesa (filial de Endesa), impuesto a sangre y fuego contra
los intereses y el bienestar de centenares de familias agricultoras desplegadas
en un área de 36 mil hectáreas que serán inundadas mediante el desvío del cauce
del río Magdalena. Con fuerza insospechada lucha también la gente por los lados
de La Colosa, Marmato, Cerro Matoso, La Loma Cesar, La Jagua de Ibirico, sur
del Atlántico, sur de Bolívar y los montes de María.
EN LA
COLOMBIA DE HOY, las manifestaciones de protestas son tan
múltiples como diversas; con frecuencia y combatividad son tomadas calles,
carreteras y todo tipo de escenarios que permitan hacer sentir la inconformidad
de transportadores, ambientalistas, estudiantes, indígenas, afrocolombianos,
desplazados, víctimas del terrorismo de Estado, damnificados de la
inundaciones, obreros, usuarios de los servicios públicos privatizados,
población LGTB, pensionados de las fuerzas armadas, prisioneros políticos y de
guerra, presos sociales, mujeres, organizaciones de derechos humanos,
partidarios del intercambio humanitario, desempleados, y demás comunidades y
sectores cuyas demandas y derechos han sido burlados por el Estado. También las
formas de las manifestaciones son diversas: marchas, bloqueos de vías, huelgas
obreras, desobediencia civil carcelaria, jornadas de “piernas cruzadas”,
huelgas de hambre, vigilias, “abrazatones”, “besatones”, grafitis, plantones,
tropeles etc., que muestran la infinita inventiva popular.
EN
OCTUBRE DE 2011, un diario de circulación nacional publicaba
que “De acuerdo con las autoridades, el número de marchas en el territorio
nacional pasó de 1.142 en el 2010 a 1.572 en lo que va corrido del año”; por
esa misma época, queriendo deslegitimar la valides y justeza de las
movilizaciones, el presidente Santos declaraba “Sabemos muy bien que la
estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de
infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”, el
discurso del presidente de los “falsos positivos” va dirigido a desconocer las
causas que originan la protesta y las razones de dignidad de los afectados por
sus políticas y planes anti-populares. También ese discurso de la infiltración
de las protestas por parte de las FARC, busca crear las condiciones para el
asesinato de los líderes sindicales y populares, como en efecto ha venido
ocurriendo.
No deja de ser un contrasentido del gobierno
insistir que la guerrilla está, derrotada y aislada, al tiempo que se queja por
la simpatía que despiertan sus banderas políticas y sociales en el seno de las
masas populares, contra los que ya no funciona el espanto de “terroristas”, epíteto
que han venido indilgando a todo el que se rebela ante la injusticia social.
ALGUNAS
ONG´s DE CORTE GOBIERNISTAS como la Corporación Nuevo Arco Iris
han venido sosteniendo que “las FARC no debe manifestarse en rechazo a estas
obras porque esto aumenta la polarización que hay alrededor de las mismas”,
como si la polarización y la confrontación no estuvieran claramente definidas
en las diferencias antagónicas e irreconciliables existentes entre la
concepción no depredadora que indígenas, campesinos y afrodescendientes tienen
con la naturaleza y el ambiente del que hacen parte, y la concepción
devastadora con la que el sistema capitalista y las empresas multinacionales
asumen el uso y abuso de los recursos naturales renovables y no renovables,
desarrollando una carrera destructiva de grandes fuentes hídricas, bosques,
oxigeno, flora, fauna y biodiversidad en general, poniendo en riesgo de
extinción a la especie humana y el planeta. Cuál “debate ciudadano” es el que “enturbia
las FARC” al rechazar la construcción de estas obras, si estos contratos y
concesiones se han celebrado de manera clandestina, de espalda a los afectados,
precisamente porque son la negación de la vida y el bienestar de las
comunidades del campo y la ciudad en cuyas áreas se implementan.
EL
ESTADO SE HAN ACTIVADO para blindar la seguridad de las
inversiones del capital financiero transnacional “amenazado” por las pobrerías.
Al lado de un marco jurídico que criminaliza la protesta social (códigos penal
y de procedimiento penal, código de policía, ley de seguridad ciudadana,
proyecto de ampliación del fuero militar), está la labor de las transnacionales
de la comunicación-desinformación, de los mercenarios de pluma y micrófono que
condenan con la palabra. El “cartel de los vándalos”, fue el nombre que le
dieron a los indignados por los abusos del transmilenio en Bogotá, contra los
que cayó todo el peso de la nueva ley de seguridad y el emplazamiento
moral-destructivo de los aparatos de propaganda del establecimiento, y eso que
la cosa no pasó de unos cuantos vidrios rotos; pero el gobierno de la “prosperidad
democrática” y la “cohesión social” necesitaba enviar un claro mensaje de “autoridad”
(léase autoritarismo) y de su compromiso con la “Seguridad inversionista”. No
era para menos, está en juego un pulpito negocio que representa en ingresos,
más de 6 mil millones de pesos diarios.
Pero la protesta popular no se detiene, por
el contrario se incrementa y cualifica. Y aunque resta mucho camino por
recorrer en el campo de la unidad y superación de límites sectoriales y
territoriales de la protesta, recientes experiencias de unitaria resistencia
avivan la esperanza. La defensa de lo público, de las reservas hídricas y
ambientales, de la riqueza maderera y minera, de las garantías políticas, de la
soberanía, es hoy más que nunca un asunto de dignidad y patriotismo, donde el
pueblo sin medias tintas, al Estado neoliberal, a la asquerosa demagogia del
gobierno de las casas en el aire, a las locomotoras del despojo y el saqueo,
opone toda su fuerza y alegría creativa como una verdadera locomotora de
esperanzas.
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