Por Jesús Santrich, integrante
del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Marzo 14 de 2012.
AUDIO: https://www.box.com/s/c68dcc35c70751044c7d
¿Quiénes instituyeron el régimen excluyente de la propiedad
de la tierra que impera en Colombia, el cual es causa fundamental del conflicto
social, político, armado que nos desangra?
Está por demás diagnosticada la
concentración extrema de la tierra en pocas manos de latifundistas a costa del
bienestar de millones de campesinos lanzados a la miseria durante décadas como
consecuencia del despojo realizado a sangre y fuego por las élites en el poder.
Se trata de un latifundismo
improductivo, que se sostiene como base de poder tanto en manos de la
plutocracia tradicional, como de los sectores llegados a estas esferas por la
vía del narcotráfico y otros negocios propios de la actual lumpenización de la
burguesía transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios
legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo, hasta
el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el campo
especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según estudios de 2009
presentados por la SAC, para el caso colombiano, una hectárea de tierra valía
cuatro veces más que en países de extensión más pequeña como Ecuador, Uruguay o
Paraguay.
La sub-productividad de la tierra también es evidente si
atendemos al Informe de Desarrollo Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el
que se registra que aunque se considera que 21.5 millones de hectáreas de
tierra en todo el país son aptas para la agricultura, sólo se dedican al
cultivo 4.9 millones de hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se
dedican 39.2 millones de hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría,
implicando que, según FEDEGAN el hato existente de 22.5 millones de bovinos,
resultaba como tener un promedio de dos hectáreas de tierra por res, con el
agravante de que las mejores tierras han sido sembradas de pastos destinados a
sostener esos hatos.
Pero como en una sinrazón, no son los latifundistas que
tienen mejores condiciones para la producción, sino los pequeños propietarios
de la tierra y los aparceros quienes históricamente han abastecido alrededor
del 60 % de los alimentos que se consumen en Colombia, y hasta surtieron el
mercado externo de café mientras este fue producto principal en la generación
de divisas.
Pero preguntemos, ya que ese es
el tema de Juan Manuel: ¿quiénes son los despojadores?, ¿quiénes son los
responsables de que se hubiese acentuado la sub-productividad descrita?: ¿No
fueron acaso aquellos que desbocaron la neo-liberalización de la economía con
la famosa apertura económica de los años 90? El señor Cesar Gaviria debe
recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que secundó el modelo que
debilitó enormemente la agroindustria al empujar a la ruina a millones de
agricultores, sobre todo minifundistas. Como resultado más evidente de ese
descalabro está que entre 1991 y 2005 el valor de las importaciones agrícolas
creció 424%, mientras las exportaciones solo aumentaron un 66%.
Entonces, con el auspicio de la
plutocracia meliflua de la que hace parte tanto César Gaviria como Juan Manuel
Santos, es que se ha fortalecido más y más el latifundio, desatando una guerra
sucia que desde hace medio siglo o más contó con grupos paramilitares como los
terribles “pájaros”, que fueron creados como parte de la “santa alianza” de la
aristocracia del llamado Frente Nacional y que más recientemente los dueños del
poder posicionaron como AUC y otras denominaciones propias de su autocracia
gansteril, en las que confluían junto a los jefes de los carteles de las
drogas.
Con esta estrategia de vieja
data, remozada desde los noventa y desbocada en la última década fue que los
oligarcas pro-gringos se apropiaron violentamente de la tierra de casi cinco
millones de campesinos a lo largo de los últimos veinte años.
Con exactitud nadie sabe cuánta
tierra despojaron, pero ningún estudioso serio del problema baja la cifra de al
menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento infame que ha
lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.
He ahí la “Revolución Agraria”
que ha venido haciendo “sin lucha de clases y sin fusiles” el señor Juan
Manuel; es una verdadera contra-reforma que ha derivado en que el llamado
índice de Gini referido a la concentración de la tierra en Colombia pasara en
la última década de 0.8 a 0.9 % según datos del Banco Mundial citados por
diversos estudiosos del tema.
Así se está reconfigurando en
el campo colombiano la nueva espacialidad de una economía desnacionalizada, así
lo están estructurando las medidas de desposesión que engordan el latifundio y
el desarrollo de una ruralidad “moderna” sin campesinos, que ha ido desplazando
los cultivos tradicionales en la producción agraria por monocultivos regionales
a manera de mega-proyectos y plantaciones que tienen el propósito de la
generación de agro-combustibles, tal como ocurre en otras latitudes del mundo
destinadas para el mismo fin según la planificación voraz del imperialismo,
ocasionando impactos sociales y ecológicos devastadores. Como consecuencia,
millares de personas sufren el desplazamiento forzado de sus lugares de
hábitat, sólo porque en ellos se ha decidido que deben enclavar los
monocultivos. Millones de seres humanos desmejoran sus vidas a extremos de
indigencia mientras las transnacionales acrecientan sus ganancias: cinco
millones de personas en Brasil, cuatro en Colombia, cinco más en Indonesia…;
gentes que no tienen recursos para comer, mientras millones de toneladas de
alimentos son destinadas para la generación de los agro-combustibles y una
cantidad inconmensurable de hectáreas de tierra, con la fuerza de las armas y
la represión, se destina para hacer cultivos que tienen el mismo propósito:
alimentar vehículos y no los estómagos hambrientos de los pueblos.
Quienes han agenciado la
expansión de la palma aceitera en Colombia, por ejemplo, son responsables
directos de actividades paramilitares con las que se ha forzado a sus
pobladores a abandonar las tierras para convertirlas en plantaciones.
Pero el
despojo no ha sido en medio de la mansedumbre. La gente resiste y lo seguirá
haciendo aunque la criminalicen y la tilden de terrorista, pues hoy se trata de
seguir una lucha por transformaciones agrarias que no implican la sola
titulación y redistribución de la tierra despojada. Una lucha por la
reposesión de tierras en cuanto ‘redistribución’ y ‘distribución’ a favor
de quienes fueron objeto de desposesión o nunca han tenido acceso a la tierra
es muy válida y podría comportar un arreglo institucional de restitución real o
de titulación para luego condicionar su uso, tal como ahora se está imponiendo
en Colombia; pero el caso es que la lucha de hoy implica una lucha contra la desposesión y una lucha por
la reposesión, al lado de una lucha decidida por impedir que se ferien las
tierras públicas, por su no privatización. No se trata, entonces, de sólo
repartir los latifundios sino de enfrentar la “contrarreforma agraria” que bajo el neoliberalismo global sostiene
una oleada de privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano
apunta al favorecimiento a las transnacionales, ya sea entregando la propiedad
o dando todas las gabelas para su arrendamiento y superexplotación.
Deberemos
defender la tierra que está en manos de los campesinos, deberemos luchar por la
restitución a los desposeídos y en el mismo momento luchar contra los nuevos
procesos de privatización que el modelo santista prepara, para no terminar
pronto ni mucho después debatiendo sólo sobre asuntos insubstanciales, como que
si el arrendamiento deberá ser por tal o cual cantidad de tiempo , sobre si los
procesos de explotación deberán hacerse mediante contratos para los pequeños o
medianos campesinos o bajo el control directo de las plantaciones por parte de
las transnacionales, o sobre cómo y hasta donde deberán ser los derechos de
dominio. Lo esencial es que luchemos por el control real y pleno que las pobrerías
del campo deben tener sobre la tierra, más allá de las formalidades de la
titulación, o de lo que recen los cuerpos normativos inventados por las
oligarquías vende-patria que gobiernan nuestro país. Deberemos definir el poder
ciudadano sobre la tierra y el territorio, que es lo mismo que decir el poder
ciudadano sobre la patria. No podemos permitir que el Estado siga detentando el
poder que le permite definir normas abusivas, considerando además que este es
un asunto que toca con derechos esenciales de la humanidad como el de la
alimentación, del cual depende la existencia misma de una sociedad. El Estado
no puede seguir definiendo de manera inconsulta, respecto a las comunidades,
directrices simplistas sobre el uso y propiedad de la tierra, en forma tal que
no se tome en cuenta la realidad respecto al tipo de relaciones sociales entre
sus habitantes.
Fortalecimiento del latifundio,
prioridad de los mercados externos, desnacionalización de la tierra y la
producción, lesión a la soberanía alimentaria, deterioro ambiental ocasionado
con la destrucción indiscriminada del medio que se genera con la ampliación de
la frontera agrícola como con la utilización de transgénicos, fungicidas y
agroquímicos; precarización laboral, especulación financiera…, son factores
característicos de la estructura agraria en Colombia, la cual desde 1990 hasta
hoy, dentro de este marco, ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad.
Según lo habíamos indicado en artículo anterior, los estudios de IGAC-CORPOICA
de 2002, indican que las fincas con más de 500 hectáreas
controlan el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los
propietarios, lo cual se agravó a finales de la década, presentándose entre
2000 y 2009, y en especial a partir de 2005, una concentración mayor,
particularmente en el 56.6% de los municipios.
Los
mismos estudios de IGAC-CORPOICA indican que de 14 millones de
hectáreas aptas para la agricultura, solamente se están utilizando algo más de
4 millones; en contraste, se han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de
no más de 25 millones de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial
productivo, mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su
desplazamiento empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar,
sino por problemas específicamente económicos. Como complemento, el
establecimiento de cultivos perennes ha potenciado la inserción del campo
colombiano en el mercado global del capital ficticio, en el que con la
titularización de los predios la tierra se convierte en un bien que se compra y
se vende según la renta que produce; y, como en las otras formas del capital
ficticio, lo que se compra y se vende es el derecho a un ingreso futuro.
Entonces, con todo esto que es solamente un
asomo del problema, nos preguntamos ¿de qué “revolución agraria” está
hablando Juan Manuel Santos?, ¿qué quiere decir cuando imputa a la insurgencia
el despojo que las oligarquías han hecho?, o es que ¿acaso fue el comandante
Manuel Marulanda quien suscribió el pacto de Chicoral de 1972? No hay que
olvidar la historia: fueron dirigentes políticos y gremiales, liberales y
conservadores, con el gobierno de Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel
balneario tolimense para congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática,
y proteger con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a
los campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy representan y
profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía; fueron ellos los que
inventaron la “renta presuntiva” y la eternización de la aparcería feudal,
colocando todo tipo de talanqueras para que los campesinos no tuvieran sino el
acceso limitado a los baldíos fuera de la frontera agraria que se reservaron
para sí.
Ahora, de peor manera que en el Pacto de
Chicoral, los herederos de estas ratas van por el resto. Se plantean, por
ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1 millones de hectáreas de palma. ¿Estaba
Alfonso Cano dirigiendo Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o
cuando se pensó en reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de
etanol? Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña
de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio Ardila Lule
controla al menos el 60 % de la producción del carburante. Por ningún lado se
conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se
alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el mismo
2019, fue acaso Timoleón Jiménez?
Definitivamente, al lado de la voracidad
minero-energética, los artífices de los agro-negocios, de los cuales Juan
Manuel Santos es sirviente fiel, son los nuevos sujetos activos de la
desposesión, del despojo, de la acumulación depredadora que hoy confronta a los
colombianos. Esos son los mismos que se robaron los dineros de Agro Ingreso
Seguro y los que agenciaron la ilegalización de la panela de trapiche para
despojar a los campesinos y favorecer los grandes ingenios azucareros. Así
ocurre también con los barequeros del oro, a quienes están criminalizando para
quitarles el trabajo y entregar las minas a las trasnacionales.
Así es el asunto, más o menos, con la locomotora de la
Agricultura. Así van las intenciones con el tema de la Restitución de Tierras.
Lo esencial es el marco legal para que se desenvuelvan los agro-negocios, con
una preocupación central que es la resistencia popular e insurgente a sus
maléficas intenciones, amenaza cierta para sus ganancias.
Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a
la posibilidad de una Reforma Agraria Real.
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