Por Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP.
Marzo 14 de 2012.
A sangre y fuego en Colombia se ha construido un latifundismo
improductivo, que se sostiene como base de poder tanto en manos de la plutocracia
tradicional, como de los sectores llegados a estas esferas por la vía del
narcotráfico y otros negocios propios de la actual lumpenización de la
burguesía transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios
legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo, hasta
el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el campo
especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según estudios de 2009
presentados por la SAC, para el caso colombiano, una hectárea de tierra valía
cuatro veces más que en países de extensión más pequeña como Ecuador, Uruguay o
Paraguay.
La
sub-productividad de la tierra también es evidente si atendemos al Informe de
Desarrollo Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el que se registra que
aunque se considera que 21.5 millones de hectáreas de tierra en todo el país
son aptas para la agricultura, sólo se dedican al cultivo 4.9 millones de
hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se dedican 39.2 millones de
hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría, implicando que, según FEDEGAN
el hato existente de 22.5 millones de bovinos, resultaba como tener un promedio
de dos hectáreas de tierra por res, con el agravante de que las mejores tierras
han sido sembradas de pastos destinados a sostener esos hatos.
Pero
como en una sinrazón, no son los latifundistas que tienen mejores condiciones
para la producción, sino los pequeños propietarios de la tierra y los aparceros
quienes históricamente han abastecido alrededor del 60 % de los alimentos que
se consumen en Colombia, y hasta surtieron el mercado externo de café mientras
este fue producto principal en la generación de divisas.
El
desmadre de la neo-liberalización de la economía fue alentado por la “apertura
económica” de los años 90. El señor Cesar Gaviria debe recordarlo bien, lo
mismo que toda la oligarquía que secundó ese modelo que debilitó enormemente la
agroindustria al empujar a la ruina a millones de agricultores, sobre todo
minifundistas. Como resultado más evidente de tal descalabro está que entre
1991 y 2005 el valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las
exportaciones solo aumentaron un 66%.
La
estructura agraria en Colombia, desde 1990 hasta hoy, ha sufrido una fuerte
concentración de la propiedad. Los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002, indican
que las fincas con más de 500
hectáreas controlan el 61% de la superficie predial y
pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se agravó a finales de la
década, presentándose entre 2000 y 2009, y en especial a partir de 2005, una
concentración mayor, particularmente en el 56.6% de los municipios. Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA
indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se
están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se han dedicado 39
millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones de cabezas,
generándose una enorme pérdida del potencial productivo, mayor empobrecimiento
de los pobladores del campo, su desplazamiento empujado ya no solamente por la violencia
institucional y paramilitar, sino por problemas específicamente económicos.
Con
exactitud nadie sabe cuánta tierra, en las últimas dos décadas, fue despojada a
los campesinos colombianos mediante aplicación del terrorismo de Estado, pero
ningún estudioso serio del problema baja la cifra de al menos 6 millones de
hectáreas, generando un desplazamiento infame que ha lesionado a todo el tejido
social, el cual aún no cesa.
He ahí
la “Revolución Agraria” que ha venido haciendo “sin lucha de clases y sin
fusiles” el señor Juan Manuel; es una verdadera contra-reforma que ha derivado
en que el llamado índice de Gini referido a la concentración de la tierra en
Colombia pasara en la última década de 0.8 a 0.9 % según datos del Banco
Mundial citados por diversos estudiosos del tema.
Entonces, con todo esto que es solamente un
asomo del problema, nos preguntamos ¿qué quiere decir Juan Manuel Santos cuando
imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es que
¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto de Chicoral
de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes políticos y
gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de Misael Pastrana quienes
se reunieron en aquel balneario tolimense para congelar la posibilidad de una
reforma agraria democrática, y proteger con ello “sus” grandes propiedades, las
que acumularon despojando a los campesinos. Fueron ellos, los antecesores del
despojo que hoy representan y profundizan las nuevas generaciones de la
oligarquía.
Ahora, de peor manera que en el Pacto de
Chicoral, los herederos de estas ratas van por el resto. Se plantean, por
ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1 millones de hectáreas de palma. ¿Estaba
Alfonso Cano dirigiendo Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o
cuando se pensó en reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de
etanol? Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña
de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio Ardila Lule
controla al menos el 60 % de la producción del carburante. Por ningún lado se
conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se
alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el mismo
2019? Con certeza no fue el comandante Timoleón Jiménez.
Al
despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una
Reforma Agraria Real que acabe con los latifundios, entregue equitativamente la
tierra a los campesinos y enfrente la oleada de privatizaciones y
re-privatizaciones que para el caso colombiano apuntan al favorecimiento a las
transnacionales.
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