En Colombia existimos
más de 9500 prisioneros políticos y de guerra. Es una realidad dura y
lamentable, pero como tal nadie puede negarla. Quien así lo haga camina por los
bordes de la insania y el desvarío. Miles de hombres y mujeres nos encontramos
encerrados por anhelar construir una Colombia con justicia social y paz, y esto
se debe a que nuestras acciones para lograrlo devienen siempre por parte del
gobierno en inclemente guerra.
Por otra parte, hay que
decirlo también, es cierto que las cárceles están inmensamente hacinadas y
actualmente existen más de 100.000 compatriotas que se debaten entre la vida y
la muerte en estos cementerios de libertades. Todos somos invisibilizados por
el gobierno para mostrar cifras acordes con un país respetuoso de los Derechos
Humanos. Pero en el caso de los prisioneros que ejercemos oposición al régimen
y que representamos alrededor del 10% de la población carcelaria, el gobierno
ha llegado al colmo de negar nuestra existencia.
El régimen de terror
colombiano se ha caracterizado por ser un aparato que aplica la violencia
sistemática para mantener el statu quo, y la cárcel es precisamente una de las
mayores expresiones de esa violencia estatal. Estamos hablando, entonces, de un
instrumento de represión utilizado por los sectores dominantes en contra del
pueblo trabajador que desea un país diferente. La cárcel es un lugar monstruoso
donde se intenta anular y destruir por completo al opositor político; es
cercenada de forma cruel su vida social, alejándolo de sus familiares y seres
queridos; aquí se le niega la prestación de servicios de salud como forma de
tortura; se permanece incomunicado por largas temporadas y las correspondencias
son decomisadas sin aviso; también son incautados los libros y cualquier otro
material que pueda servir para la formación del prisionero.
A lo anterior se suma el
hecho de ser sometidos a traslados sucesivos y permanentes para que no podamos
establecer relaciones políticas o de amistad; sin embargo, a donde llegamos,
los Prisioneros Políticos y de Guerra promovemos la organización al interior de
las cárceles, lo cual trae como consecuencia un nuevo traslado. En otras
ocasiones se aplica la tortura para la obtención de información que pueda
servir para golpear las organizaciones populares o la insurgencia; la presión
sobre la familia es pan de cada día, y en fin, se nos aplica un sinnúmero de
castigos, porque para eso la oligarquía sí es implacable y vengativa.
Ministro del Interior y Justicia Juan Carlos Esguerra |
¿Pretende acaso el Ministro
hacerle creer a la sociedad colombiana que después de más de 50 años de
confrontación armada, sólo hay en Colombia Prisioneros de las fuerzas
oligárquicas? Existimos, duélale a quien tenga que dolerle, y además, somos
parte fundamental a tener en cuenta en la inaplazable tarea de enrumbar al país
por el camino de la reconciliación nacional. Otra cosa muy diferente es que al
gobierno no le interese transitar por tan noble ruta, sino por el contrario por
el de la sangre y la perfidia, como tantas veces lo ha demostrado.
Sargento Pablo Emilio Moncayo, liberado |
Las FARC-EP han dado
muestras suficientes e inequívocas de su voluntad por medio de hechos concretos
de paz. En los últimos años han sido sido liberados el Ex -Concejal Armando
Acuña, el infante de Marina Henry López, el patrullero Carlos Alberto Ocampo y
el Cabo Primero del Ejército Salín Sanmiguel. Igualmente la política Clara
Rojas y la ex -congresista Consuelo González de Perdomo; el Sargento Pablo
Emilio Moncayo, el actual Gobernador del Meta Alán Jara, el ex –senador Luis
Eladio Pérez, y los ex -congresistas Orlando Beltrán y Jorge Géchem Turbay.
En Abril de 1998,
durante el gobierno de Ernesto Samper, las FARC-EP entregó de manera unilateral
a 70 militares, y en el marco de las conversaciones del Caguán fueron
entregados al gobierno de Andrés Pastrana 302 policías y militares retenidos
por la insurgencia, sin recibir ningún gesto recíproco de parte del gobierno. Vale
la pena recordar también, para no ir muy atrás, el caso del Policía Harrison
Estiven Giraldo, herido y capturado en combate, y posteriormente entregado por
nuestras unidades Farianas, después de prestarle la atención médica debida, al CICR en el Tambo Cauca en Enero de 2012. A
esto se suma el proceso de liberación que actualmente está en proceso de la
totalidad de policías y militares retenidos, y la anunciada proscripción de la
retención económica dentro de nuestra acción revolucionaria.
Todos estos hechos no
hacen sino demostrar evidentemente que la insurgencia continúa como siempre en
la historia, enarbolando la bandera de la solución política, no sólo en el
discurso sino en la práctica cotidiana.
Sin embargo, a todos los
hechos de paz por parte de la insurgencia el gobierno responde con odio,
arrogancia y guerra. No le interesa en lo más mínimo la reconciliación de la
sociedad colombiana, y por eso se niega a la instauración de una Comisión de
Verificación de la situación de Derechos Humanos vividas en las cárceles por
los Prisioneros Políticos y de Guerra. Demuestra suficientemente su carácter al
oponerse al clamor mayoritario de paz social. Por ello, hacemos un llamado
enérgico a la sociedad colombiana entera y a la comunidad internacional, para
sumar esfuerzos y exigir al gobierno dar pasos certeros hacia la solución
definitiva del conflicto político, social y armado por medio del entendimiento;
y un paso imprescindible en este sentido, es cumplir con el deber de permitir
la verificación de la situación vivida por las personas que han sido privadas
de su libertad por cuestiones políticas o derivadas del conflicto.
Nosotros haremos lo
propio a través de la protesta y resistencia carcelaria, porque concebimos en
las cárceles otra trinchera de combate, en el escenario de la construcción de
una nueva sociedad, donde impere la dignidad, la justicia social y la paz. Lo
asumimos con responsabilidad, decoro y orgullosamente de cara al pueblo
colombiano. Somos parte de él, de ahí venimos y por él luchamos.
PRISIONEROS DE GUERRA DE
LAS FARC-EP
¡HEMOS JURADO VENCER Y
VENCEREMOS!
15 de Marzo de 2012
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