Recomendaciones a la poblacion civil del Bloque Occidente Comandante Alfonso Cano FARC-EP

FARC-EP

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO

COMUNICADO

La población del departamento del Cauca históricamente ha sido víctima de injusticias, y su territorio escenario de confrontación. Nuestros ancestros, además del exterminio, sufrieron y resistieron los crueles métodos de trabajo impuestos por la corona española, y posterior a la independencia la población rural ha encarado la expropiación del territorio perpetrada por gamonales locales y terratenientes. En la mal llamada época de la violencia los latifundistas en el afán por apoderarse de las mejores tierras asesinaban los nativos y los expulsaban a lugares remotos de las cordilleras.

Guerrillero de la Columna Móvil Jacobo Arenas, junto
al avión Súper Tucano derribado. Julio 11 de 2012

Ya en la historia reciente de nuestro país, el Estado ha excluido a los sectores populares de la participación política y los ha mantenido al margen del disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales empleando la violencia sistemática y el terror de Estado. Frente a la respuesta del pueblo al organizarse en guerrillas, ha adelantado un sin número de estrategias de aniquilamiento: Plan Laso, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria, Plan Consolidación y el actual Espada de Honor. No obstante todos han fracasado porque al tiempo que ha sido indiferente ante las peticiones populares, su único fin ha sido la derrota militar de las guerrillas, desconociendo que un pueblo con dignidad, cuando se le niegan las vías democráticas de participación, acude a la violencia revolucionaria como medio para hacer valer sus derechos.

El papel de las Fuerzas Armadas ha sido sostener un régimen ilegítimo, totalmente resquebrajado y en grave situación de ingobernabilidad, a fin de asegurar jugosas ganancias a los grandes empresarios criollos y a las transnacionales, a costa de los recursos naturales extraídos del suelo patrio. Los métodos empleados en su guerra total contra el pueblo no han variado en los últimos tiempos: recompensas y red de sapos, detenciones y judicializaciones arbitrarias de civiles, desapariciones, asesinatos selectivos y masacres cuya autoría es endilgada a supuestos paramilitares.

Para limpiar la imagen desacreditada por los desmanes propios de un ejército de ocupación, los militares intentan ganarse el apoyo de la población ejecutando insignificantes obras y proyectos de inversión social que le competen a otros ministerios y hacen parte de la obligación que tiene el Estado de garantizar bienestar a sus ciudadanos. Esto, además de constituir un reconocimiento de que en nuestro país la guerra tiene causas sociales, también se convierte en una forma sutil de involucrar civiles en la confrontación.

Entendemos el sufrimiento de la población caucana y en general del pueblo colombiano y lamentamos las víctimas producto del conflicto armado que venimos sufriendo desde la agresión a los campesinos de Marquetalia en 1964. Hoy más que nunca nos unimos al pueblo en su clamor de paz, de una paz democrática, en la que desaparezcan las muertes, la desolación y el sufrimiento que produce esta guerra entre hermanos.

Anhelamos una paz garante de que tampoco morirán mas pobres en las puertas de los hospitales por desatención médica; una paz que asegure techo digno para todos nuestros compatriotas; una paz que genere las condiciones para que nunca más perezcan en Colombia niños por desnutrición, para que se tenga empleo decente y se erradique el hambre. Una paz queengrandezca la patria, donde se trate con amor la madre tierra y el fruto de su vientre sea para alimentar a sus hijos, en vez de entregado a las multinacionales como hace el régimen apátrida de Santos. Es la paz con justicia social, la que estamos dispuestos a lograr junto al pueblo.

Condenamos al gobierno oligarca que encabeza Juan Manuel Santos y a la degradada Fuerza Pública que lo sustenta por su vil proceder al utilizar a los habitantes de los centros urbanos como escudos humanos para su protección, en clara violación al Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Articulo 58 que trata sobre las precauciones contra los efectos de los ataques en los conflictos armados.

En este contexto no deja de ser preocupante para la población del norte del Cauca el hecho que, como se da en Toribío, algunos habitantes se han manifestado a favor de la presencia de la fuerza pública en los cascos urbanos. Presencia que además de favorecer la entrada de las trasnacionales a los territorios indígenas y campesinos, constituye el blanco de las acciones guerrilleras, por lo que también a ellos les asiste responsabilidad sobre las consecuencias que en el futuro pueda ocasionar el desarrollo de la confrontación.

A los medios de comunicación los instamos a que den una versión objetiva de la realidad del conflicto en esta región sin alinearse ciegamente con las versiones oficiales.

RECOMENDACIONES A LA POBLACION CIVIL

La ofensiva militar del gobierno en campos y ciudades está llevando el conflicto armado a todo el país. La permanente utilización de la población civil como escudo por parte de la Fuerza Pública, hace que ciudadanos inocentes sean afectados en esta confrontación.

iPOR SOLUCION POLITICA AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO!

BLOQUE OCCIDENTE COMANDANTE ALFONSO CANO

FARC-Ejército del Pueblo

Montañas del Cauca, julio 20 de 2012.

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Con el fin de impedir que esto continúe sucediendo, las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP), hacen las siguientes recomendaciones:

1.      La población civil debe evitar que los cuarteles militares y de policía sean ubicados cerca a sus casas de habitación o a lugares de concentración publica.

2.      La población civil debe evitar que militares y policías les utilicen sus vehículos particulares o vehículos de transporte público en servicio. Si los propietarios o conductores son obligados, es preferible bajarse y entregar las llaves del vehículo, dejarlo a responsabilidad de los militares y exigir la firma de un papel que así lo señale.

3.      La población civil debe abstenerse de abordar vehículos militares de cualquier tipo.

4.      Los vehículos civiles en las carreteras, deben conservar una distancia mínima de 500 metros respecto de vehículos y caravanas militares.

5.      La población civil debe abstenerse de servir de guía a las patrullas de la Fuerza Pública en las zonas rurales.

6.      La población civil debe abstenerse de ingresar a guarniciones militares o a cuarteles de policía. Tampoco debe dormir en ellos.

7.      En zonas de conflicto, los vehículos de prensa y de organismos humanitarios deben transitar con distintivos perfectamente visibles y a mínima velocidad.

ESTADO MAYOR CENTRAL FARC-EP

Montañas de Colombia, Agosto de 1.995

Crónica de Iván Márquez (FARC-EP): Mancuso acusa al poder

Mancuso acusa al poder

Iván Márquez

Por Iván Márquez

Integrante del Secretariado de las FARC-EP

Caracol Noticias realizó hace poco una impactante entrevista telefónica al jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, recluido en una prisión de los Estados Unidos, en la que expresó verdades relevantes que no debieran ser ignoradas por las autoridades judiciales del país.

Sin ocultar su miedo a Uribe Vélez, Mancuso acusa al poder. Con un dejo de tristeza, todavía desconcertado, se queja amargamente del engaño y la traición de su hermano en el crimen, ese presidente paramilitar y mafioso que gobernó a Colombia durante ocho años. En efecto, cuando los jefes paramilitares empezaron a confesar sus verdades en los tribunales, Uribe los extraditó a los Estados Unidos para silenciarlos. No quería que en aras de la verdad trascendieran los nombres de empresarios, generales y de altos dignatarios del Estado que manejaban con invisibles hilos a los Castaño, a Mancuso, a Jorge 40, y a toda esa jefatura ensangrentada, como inspiradores en la cúpula, de la estrategia paramilitar y su carga de crímenes de lesa humanidad.

El establecimiento no quiere la verdad. Su prioridad afanosa es eludir su responsabilidad jurídica y evitar que la nación en masa lo señale, le exija reparación, garantías de no repetición y lo conmine a la depuración de las instituciones. Debieran encargarle a Roy Barreras el diseño de un marco jurídico especial que difumine sus temores.

Insistió el señor Mancuso en su comparecencia radial, que es erróneo y absurdo el mensaje para los procesos de paz que se está enviando desde la administración anterior, que habla de un gobierno que no cumple la palabra empeñada, que engaña, que miente. No es justo, dice, que no se le informe al país que el camino de la paz está minado por el engaño y la traición.

Para el gobierno verdad, justicia y reparación son apenas palabras vacías que solo se conjugan con el engaño. Solamente están en prisión, y desterrados, los cabecillas paramilitares, algunos parlamentarios de poca monta de la bancada uribista, pero no aparecen por ningún lado los autores intelectuales, los diseñadores de la estrategia.

Mancuso & Uribe, dos hombres de dos lados de la misma moneda.

Uribe tuvo relaciones íntimas con el paramilitarismo. Con un poco de temblor, hay que admitirlo, Mancuso se atreve a confesar que se reunió varias veces con él. Que es cierta la denuncia de Fabio Ochoa Vasco (capo del cártel de Medellín, encarcelado en EE.UU.) sobre la financiación paramilitar de las campañas presidenciales de Uribe. Que Álvaro y su hermano Santiago Uribe manejaban a los “doce apóstoles”, el grupo paramilitar que asoló el norte de Antioquia. Que el entonces gobernador de ese Departamento, Álvaro Uribe, a través de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, utilizó a las Convivir (Cooperativas de vigilancia) como trampolín para el crecimiento y fortalecimiento del paramilitarismo.

Muy grave, desde el marco constitucional que rige a Colombia, que el ex presidente a través del senador Mario Uribe y de su consigliere José Obdulio Gaviria, haya intentado tumbar a la Corte Suprema de Justicia para montar una corte Ad hoc manipulable y de bolsillo. Típico de la conducta de los gángsteres y mafiosos.

Cuando se afirma que un paramilitar ocupó también la Vicepresidencia de la República, Dios y Francisco Santos saben que eso es verdad. Lo dice Mancuso, quien siendo cabecilla activo pasó varios días como huésped de honor, en su residencia de Bogotá: fue ese Santos, quien pidió insistentemente a Carlos Castaño crear el Bloque Capital del paramilitarismo para ayudar a contener el avance de la guerrilla. Castaño le ofreció la comandancia del Bloque y le propuso asumir como relacionista de los paramilitares...  La justicia no puede seguir actuando en forma tan desentendida. El hombre sigue como si nada, perorando en los micrófonos de RCN.

Enredados más que nunca con el paramilitarismo el

primer Santos, Francisco, Uribe y el segundo Santos,

Juan Manuel, el actual presidente en Colombia

Otra denuncia concreta de Mancuso es que el general Mario Montoya, nombrado en su momento por Uribe como comandante del ejército, era un general paramilitar. No sólo les entregaba cargamentos de armas, sino que participa con los paramilitares en acciones conjuntas, como la de la Comuna 13 de Medellín donde resultaron muertos y desaparecidos centenares de pobladores. Siempre ocurrió que cuando los peones del “sumo pontífice” paramilitar quedaban en evidencia, éste, para salvarlos, los enviaba al servicio diplomático exterior. Montoya terminó siendo embajador en República Dominicana.

Es hora que se sepa quiénes son esos integrantes del ejército que entregaron al cabecilla Carlos Castaño la información que causó el asesinato de Jaime Garzón. Quiénes fueron los generales, que como macabra “solución técnica”, recomendaron a Mancuso, para evitar el escándalo por tantas muertes en el Catatumbo, que inhumara y volviera cenizas a las víctimas en hornos crematorios.

Obreros bananeros en Ciénaga, víctimas por el paramilitarismo
que cobraba tres centavos de Chiquita por cada caja exportada.
Fueron asesinadas directiva tras directiva sindical en una guerra
ejecutada de la alianza estado-transnacional-paramilitarismo.

Según Mancuso, y no sólo él, muchos empresarios del país y multinacionales financiaron al paramilitarismo. La Chiquita, que es la razón social tras la que se esconde la misma United Fruit Company, autora de la masacre de las bananeras en 1928, y la Dole, por ejemplo, aportaron 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Como Postobón, otras empresas nacionales entregaron recursos voluntariamente a los paramilitares. Generales como Rito Alejo del Río les recomendaron contactarlos. Pero aquí no pasa nada.

Respecto al paramilitarismo, la impunidad como maleza invadió a Colombia y amenaza hundirla en las tinieblas del olvido. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el paramilitar, el agazapado principal responsable de los “falsos positivos”, todo el tiempo ha obstruido la justicia y conspirado contra los tribunales que no se le subordinan. Tiene escondido en la clandestinidad a su consejero embaucador Luis Carlos Restrepo quien es requerido por la Fiscalía. Dejó atrincherado como embajador de Colombia en el Vaticano al responsable de las chuzadas telefónicas. Urdió el asilo en Panamá de la ex jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, también ligada como sus antecesores al paramilitarismo y a muchas otras podredumbres.

Quítenles la mordaza a los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos para que el país conozca la verdad verdadera. Uribe ya fatiga con su cantilena rayada de la “venganza de los criminales” cuando algún capitoste paramilitar traicionado resuelve decir la verdad.

Cada vez que sale a bailar su nombre en alguna causa criminal, emite trinos distractores, fundamentalmente contra la insurgencia, que no son trinos sino graznidos de pájaro de la violencia de los años cincuenta.

Colombia tiene derecho a salir de la horrible noche, a sacudirse de los gobiernos victimarios, a buscar alternativas políticas y sociales, a procurarse un nuevo gobierno que se distinga por el respeto a los derechos ciudadanos y que privilegie la humanidad.

Montañas de Colombia, junio 17 de 2012