Contratistas, mercenarios e intervencionismo
Escrito por Foro Permanente
Para el diario
capitalino El Tiempo, el soldado estadounidense Kevin Scott Sutay, ”ex marine,
fue secuestrado por las Farc el pasado 20 de junio en El Retorno (Guaviare)”.
Este medio de comunicación titula una nota de
su Redacción Judicial del 22 de julio, tomando las palabras del ministro de la
guerra, el señor Pinzón, quien pretende que el país crea que, inocentemente,
Kevin Scott ”llegó al Guaviare en busca de fortuna”.
No somos tontos, nadie se va a tragar el
cuento de que una persona con la formación militar del soldado Sutay, que hasta
hace pocos meses cumplió misión en las guerras que el imperio desató en Asia,
va a llegar de su propia inspiración, de ”turista” a un área de guerra.
Así las cosas, el ”joven aventurero que planeó
cruzar las selvas del Guaviare, a pie y con la ayuda de un machete y un GPS”,
no es otra cosa que un mercenario, o lo que eufemísticamente suelen llamar como
”soldado de la fortuna”. Y esa fortuna no consiste propiamente en ”buscar una
mina de oro”, según de manera casi angelical lo expresa el ministro Pinzón
EL EMBAJADOR
ESTADOUNIDENSE, Michael
Mckinley, dijo el sábado anterior que ”su compatriota era un militar retirado y
que no hacía parte de una misión de su país en Colombia”. Es lo menos que puede
decir, y se entiende. A él le corresponde tratar de proteger a su compatriota,
y sobre todo ocultar el intervencionismo militar de su país en Colombia.
Pero ocurre que desde los inicios del mal
llamado Plan Colombia, los Estados Unidos incrementaron como política oficial
la presencia de mercenarios y su intromisión en el conflicto interno, lo cual
ha obligado a que las FARC tomen elementales medidas de seguridad y precaución
en sus áreas de operaciones, como ésta de capturar e investigar a un extraño,
bastante extraño, que aparece de la noche a la mañana con pinta de RAMBO en
medio de la selva.
ESTAMOS EN
GUERRA, una
confrontación respecto a la cual, aunque estemos en diálogos de paz, el gobierno
ni siquiera ha querido pactar un cese bilateral de fuegos que brinde un mejor
ambiente de tranquilidad que permita avanzar con más celeridad. Entonces, es
absurdo que el ministro Pinzón insista en que las Farc rompieron su promesa de
no volver a secuestrar.
Las capturas de militares, incluyendo mercenarios y paramilitares, en
áreas de confrontación no son secuestro, así que no suenan más que a
bravuconadas torpes e innecesarias las exigencias de Pinzón cuando dice
respecto a Sutay, que las FARC “Tienen que liberarlo rápidamente y dejar de
decir mentiras señalándolo como un mercenario”.
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Los tres mercenarios de la CIA que
fueron derribados en febrero de 2003 en el departamento de Caquetá,
son ilustres ejemplos cómo el Pentágono privatiza su intervencionismo en conflictos como el colombiano. |
La fraseología de El Tiempo en ese sentido
tampoco sirve de nada, sobre todo cuando por nuestra propia voluntad hemos
dicho que será liberado, aunque tendríamos todo el derecho de canjearlo por
alguno de los nuestros que sufren hacinamiento, tortura y todo tipo de
vejaciones en las cárceles del régimen.
Necesario sería que en vez de hacerle eco al
sonsonete mediático que sigue apuntando a señalar a los insurgentes como
secuestradores, la ”gran” prensa más bien, desenmascarara con la denuncia la
creciente presencia de mercenarios en Colombia, pues bastante utilizados han
sido y son como instrumento para violar los derechos humanos y obstaculizar el
ejercicio de los pueblos a la libre autodeterminación.
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| El Mercenario israelí YAIR KLEIN (enmarcado). |
CON SOLAMENTE
RECORDAR los ”servicios” que el Mercenario israelí
YAIR KLEIN, ”prestó” a nuestro país,
tenemos argumentos suficientes para alarmar al mundo entero y exigir con razón
que debe cesar el criminal intervencionismo extranjero, el cual para el caso de
Colombia se hace fundamentalmente a través de compañías privadas de seguridad
que son las que regularmente contratan servicios militares empleando
mercenarios. Una especie de privatización del intervencionismo.
YAIR KLEIN era coronel retirado del ejército
israelí, y por sus propias declaraciones se conoce que su empresa de seguridad
fue contratada en 1988 por ganaderos y empresarios de la industria del banano
para entrenar a miembros de grupos paramilitares en Colombia, entre los que se
contaba a los hermanos Castaño.
Agrega Klein que estas actividades eran de
conocimiento de Carlos Arturo Casadiego,
por entonces General de la Policía Nacional. El resto de la historia ya es
conocido, las decenas de alumnos de Yair Klein llenaron de masacres y luto el
territorio nacional.
Por lo demás, y como ya habíamos apuntado, con
el Plan Colombia se incrementó la contratación de mercenarios, comenzando por
que los aviones, helicópteros, armamento, mantenimiento, capacitación, asesoría
en inteligencia técnica, y otros aspectos que tienen que ver con el asunto, son
manejados por misiones permanentes de militares y civiles yanquis que, para
colmo de males y descaros, están cobijados por la inmunidad diplomática.
RECORDEMOS QUE EL
PLAN COLOMBIA en su
primera fase dispuso de 400 militares estadounidenses para operar en nuestro
territorio y el congreso de Estados Unidos autorizó la presencia de hasta 400 ”contratistas
civiles”, que es el nombre eufemístico de los intervencionistas privatizados. Esto
hasta donde se sabe.
Pronto el Departamento de Estado y
la empresa Dyn Corp, argumentando que esta limitación era para estadounidenses,
sobrepasaron los números indicados incorporando mercenarios de Guatemala,
Honduras y Perú. Pero de complemento, en octubre de 2004 el Congreso de EE.UU.
levantó las restricciones, entonces el número de soldados pasó a 800 y el de ”civiles”
a 600, según versiones oficiales.
No es admisible la pretensión de que el
personal militar, entrenado para la guerra, equipado con instrumentos bélicos,
pueda estar cobijados por convenciones como las de Viena, argumentando que se
han firmado los “acuerdos” de instalación de Bases militares y marines que en
ella operen.
Valga expresar que las Convenciones sobre
Relaciones Diplomáticas (1961), Relaciones Consulares (1963), Misiones
Oficiales (1969), no fueron diseñadas para personal militar o prácticas de
guerra, sino para darle sustento a la práctica diplomática de los Estados.
Es un exabrupto pretender que militares que
actúan en un escenario en el que el Estado Huésped ha perdido su soberanía
puedan pretender los privilegios e inmunidades del personal diplomático y
consular que representa a un país extranjero, acudiendo a subterfugios como el
de incluirlo como “personal técnico y administrativo de la embajada”.
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| Los pretextos para el intervencionismo son múltiples. |
DESDE LOS TIEMPOS
EN QUE RONALD REGAN declaro su “guerra a las drogas”, con una visión de extraterritorialidad
propia de la mentalidad imperialista, se recrudeció la militarización de la
política exterior yanqui y con ello la inclusión de personal militar gringo y
de diversos países en operaciones aparentemente orientadas a acabar con el
flagelo del narcotráfico, y bajo la consideración de que era un “asunto de
seguridad nacional”, se desplegaron procesos de radarización e interdicción
aérea, construcción de Bases en áreas de cultivos “ilícitos”, estructuración de
cuerpos especiales para la “lucha anti-drogas”, militarización de la policía
con adiestramiento, conducción y control del Comando Sur, sin que ello
efectivamente se tradujera en una merma de la narco producción, pero sí en
intervencionismo creciente.
Para tal despliegue, entre muchos
otros puntos donde operan fuerzas yanquis y otras fuerzas extranjeras, está el
aeropuerto de San José del Guaviare, con presencia de los llamados
“Contratistas” de la Dyn Corp, de Matcom y TRW, apersonados del mantenimiento
de los helicópteros Black Hawk y de fumigaciones aéreas de plantíos de coca. Por
otro lado, en el departamento del Vichada está ubicada la Base de Marandúa,
donde existe un sistema de radares y comunicaciones controlado por la National
Segurity Agency (NSA) del Departamento de defensa de los Estados Unidos.
Pero aparte de Dyn Corp existen muchas otras
empresas privadas como Lockheed Martin Corp (fabricante de aviones de combate,
tecnología militar de punta, armamento para guerra de baja intensidad, sistemas
de comunicaciones, entrenamiento a la Policía Nacional colombiana); Te Rendon
Group (asesores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Ministerio
de Defensa en comunicaciones y diseño de guerra psicológica); Northrop Grumman
(asesoría en sistemas de inteligencia y comunicaciones en tierra y en aire);
Arinc Inc (mantenimiento, apoyo logístico, entrenamiento y modernización de
aeronaves de guerra artilladas, entrenamiento de Policía nacional); TW (manejo
de datos de radares y comunicaciones para las Fuerzas Armadas); Matcom (coordina
programas de contrainsurgencia entre el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de
Colombia): Están además las empresas contratistas Oackley Network, ACS Defense,
Air Park Sales and Service Inc, INS, Integrated Aero System Inc, Alion,
Sciencie Applications International Corp; Imagery Analysis; Kellogg Brown &
Root (subsidiaria de Halliburton), Man Tech, Arriscan y Vinnell, todas abrigando mercenarios y pisoteando
nuestra soberanía con el beneplácito de los gobernantes de turno.
COMO CONSECUENCIA
DE LOS CONVENIOS que cobijan la presencia de los mercenarios, sobre estos las autoridades
no pueden ejercer jurisdicción para investigarlos o juzgarlos, y al ser
considerados parte de la misión diplomática en Colombia, estos contratistas se
sustraen también al cumplimiento de la normatividad migratoria, situación que
les facilita cometer delitos en el país.
Ninguna autoridad colombiana ha dado
explicaciones claras sobre la presencia de mercenarios en nuestro territorio, y
la justifican diciendo que se enmarcan en actos propios de fraternidad y
cortesía internacional, amparados por la celebración de acuerdos bilaterales
que, valga precisar, nunca han sido objeto de revisión por parte del poder
legislativo.
Estos mercenarios, aliados con los
paramilitares y empresas trasnacionales como Chiquita Brands, Coca Cola y
Drummond Company, han sido causantes principales del desangre de nuestro
pueblo; razón suficiente para legítimar
el procedimiento de captura e investigación sobre Kevin Scott Sutay, a
quien liberaremos solamente motivados por nuestro anhelo de paz, incluso
pasando por alto las majaderías de un ministro pendenciero, que mantiene
inclinada su cabeza frente a su amo del norte.
