lunes, 20 de mayo de 2013

Organizaciones indígenas acusan a sus propias autoridades de colaborar con la inteligencia militar contra las FARC

Santos llegó en julio 2012 al municipio de Toribio, acompañado por 3.000 militares de las fuerzas especiales y con aviones y helicópteros de guerra en el aire. A un kilómetro del casco urbano se encontraban los retenes guerrilleros que fueron visitados por los periodistas. La inteligencia militar tiene la tarea priorizada de reforzar su red de informantes, tanto en Toribio como en la región caucana en donde las FARC es poder.



Organizaciones indígenas acusan a sus propias autoridades de colaborar con la inteligencia militar contra las FARC


ANNCOL /2013-05-20 / En un comunicado publicado por varias organizaciones indígenas del departamento del Cauca, los firmantes se dirigen a sus propias autoridades con fuertes y serias críticas y hasta las acusan de cooperar con la inteligencia militar que ha intensificado sus labores en las regiones indígenas.

El 29 de abril se produjo un proceso en el municipio de Toribio para enjuiciar a 6 comuneros del resguardo de San Francisco detenidos por la guardia indígena, acusados de ser milicianos de la guerrilla y responsable de la muerte de un indígena de 14 años.

El procedimiento fue fatal de punto de vista judicial y tres de los seis fueron entregados a las autoridades penitenciaras estatales y sentenciados a 40 años de cárcel. La decisión de entregar los indígenas al Estado fue elogiada por el comandante de la 3ª Brigada del Ejército Nacional en Cali. Dicen los firmantes:

“Mientras tanto, el juzgamiento a los seis comuneros detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa, negándoles la palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando la entrada a una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil personas), limitando la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni testigos, con una metodología acomodada y violando el orden del día establecido inicialmente”.

El Bloque de las FARC que opera en el Cauca es el Bloque Occidente Alfonso Cano de las FARC-EP. Es considerado por el Ejército Nacional y los “FARC-politólogos” de ser el más fuerte de la guerrilla. Ha sido muy exitosa en la lucha política-militar. Lleva tantos años en las montañas del Cauca como la existencia de las mismas FARC.

Y la pregunta clave y elemental que había que hacerse es: ¿Es posible avanzar militarmente sin tener bases sociales-políticas?

La guerrillera e indígena Marlene.
Todo periodista que ha realizado reportajes en las regiones bajo control guerrillero o regiones en disputa con el Ejército, registra que los combatientes y mandos en muchos casos son de origen indígena. En el Cauca la mayoría de los guerrilleros son indígenas.

Cuando Santos llegó al municipio de Toribio en el mes de julio el año pasado, la guerrilla tenía retenes solo a un kilómetro del caso urbano en las entradas y salidas de la ciudad. Sin tener una red de milicianos entre las masas indígenas, que constituyen la mayoría de la población civil, pues es imposible avanzar en el trabajo político-militar. Y en el caso del Cauca, las FARC tienen presencia notable.

Y eso mantiene la inteligencia militar permanentemente ocupada, tratando de organizar sus redes de “sapos” e informantes. Y el mismo ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, ha declarado varias veces que esa red de informantes ha sido determinante en la ubicación de campamentos guerrilleros que han sido atacados y bombardeados, muchas veces con resultados fatales para la guerilla.

Pero guerra es guerra.

Tanto “Timochenko”, máximo comandante del Estado Mayor de las FARC como el mismo Bloque Occidental, respondieron el 13 y 15 de mayo respectivamente las sentencias y las declaraciones de la asamblea de las autoridades de ACIN y CRIC el 29 de abril, en donde las mencionadas autoridades tomaron una decisión que fue duramente criticada. Ser cómplice con el Estado en el conflicto social y armado provoca ahora reacciones de las mismas organizaciones indígenas.

El Bloque Occidental de la guerrilla acusa abiertamente a los voceros por actuar en contra los intereses de los pueblos indígenas:

“Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Escué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas”.



Y advierte a los responsables del ACIN y CRIC por tomar decisiones como las del 29 de abril:

Hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC”.

El comandante máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, dice en su carta, con un tono conciliador pero firme, a las autoridades indígenas:

“Estamos seguros, por ejemplo, de que el trabajo del médico tradicional Benancio Taquinás con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y el Ejército, que condujo a que unidades nuestras fueran reiteradamente bombardeadas o asaltadas, con diversas pérdidas humanas y materiales, no era producto de la orden de ninguna de las dignidades indígenas. Por su propia voluntad, él optó por ponerse al servicio directo de las fuerzas militares en el desarrollo de la guerra”.

Y desmiente el jefe guerrillero las acusaciones contra los indígenas que fueron sentenciados a 40 años de cárcel:

“Lo que en cambio perjudica y abre heridas muy difíciles de reparar, son procedimientos sumarios y desacertados como los que refieren en su carta del 29 de abril. Como Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP les aseguro que ninguno de los indígenas capturados, juzgados y condenados por ustedes en un día, tiene la menor responsabilidad en los hechos que les imputaron, pese a lo cual varios de ellos fueron sentenciados a 40 años de cárcel. Tales absurdos, cometidos por ustedes mismos contra su propia gente, antes que generar unidad y respeto hacia las autoridades de la comunidad, apuntan a dividir esta y a sembrar futuros y graves enfrentamientos que con sabias y prudentes decisiones hubieran podido evitarse”.

Y son acusaciones contra ACIN y el CRIC que se refuerzan ahora con el comunicado de varias organizaciones indígenas, comunicado que ANNCOL reproduce aquí:






Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos defensores de derechos humanos y a las instituciones gubernamentales

Toribio Cauca, 20 de mayo de 2013

Las organizaciones indígenas que conformamos la COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (CAIC), surgimos en un proceso de resistencia frente al histórico y sistemático abandono social por parte del Estado colombiano. Hemos crecido en medio de múltiples dificultades y nos ha sostenido la convicción de que sólo mediante la organización y la unidad se puede lograr la libertad y la verdadera soberanía para los pueblos indígenas. La inmensa mayoría de los miembros de estas organizaciones somos indígenas que hemos padecido la injusticia social y -como todos nuestros ancestros-, los atropellos de todos los gobiernos. Estamos vinculados en los censos de los Cabildos, somos herederos de los sueños de nuestros mayores, amamos y defendemos la madre tierra, y nos identificamos con las reivindicaciones y luchas sociales del movimiento indígena.

Desde el inicio de nuestro proceso de organización como asociaciones ABELINO UL, ASDECOIM, ARIZA, AITPROA (antes LORENZO RAMOS), MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL (MISAK) y ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA DENTRO; hemos sido perseguidos políticamente, injustamente enjuiciados y encarcelados y hasta víctimas de atentados a la vida; acusados de tener vínculos con la Insurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico; vulnerados en nuestros derechos económicos, políticos, sociales y culturales por parte de nuestros propios hermanos: algunos dirigentes de la Acin, el Cric, el Proyecto Nasa, Proyecto Global y algunos autoridades de los cabildos indígenas. Entre ellos Alcibíades Escue, Danilo Secue, cura español y consejero mayor del cric Jesús Chaves, Nelson Lemus, Pablo Tatai y Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo Escue, Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo; lo hacen en asambleas, espacios públicos, comunicados y por las emisoras comunitarias indígenas.

Los casos más recientes consisten en amenazas, calumnias y montajes contra algunos de nuestros dirigentes comunitarios, entre ellos Clara Isabel Cerón Caicedo, Julio César Secue, Jesús Mestizo, José Omar Vitonás, Alberto Guejia, entre muchos otros. Habiéndose rebosado la copa el 29 de abril del año en curso, durante la asamblea pública comunitaria realizada en el municipio de Toribio para enjuiciar a 6 comuneros del resguardo de San Francisco detenidos por la guardia indígena. En esta ocasión nuestras organizaciones han sido irresponsablemente sindicadas por los dirigentes de la Acin y el Cric de ser parte del plan estratégico de las FARC, al tiempo que les dan el calificativo de organizaciones “paraguerrilleras”.

La asamblea, cuyo quorum solo lo logran convocando comuneros de 19 cabildos, fue dirigida y manipulada por los nombrados dirigentes, quienes la convirtieron en un juicio acusatorio contra las organizaciones de la COIC y contra otras organizaciones sociales hermanas como la RED DE DERECHOS HUMANOS FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES, las ZONAS DE RESERVA CAMPESINA y el MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTERETNICA, MUTE.

Mientras tanto, el juzgamiento a los seis comuneros detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa, negándoles la palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando la entrada a una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil personas), limitando la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni testigos, con una metodología acomodada y violando el orden del día establecido inicialmente.

A pesar de tan infame manipulación, por exigencia de la misma asamblea fueron exonerados de los cargos y liberados cuatro de los detenidos, habiendo sido víctimas de un grave daño moral y político que la autoridad indígena está obligada a resarcir. No obstante, dos de los detenidos fueron condenados a cuarenta años de cárcel y entregados al INPEC, por un asesinato del cual no se presentaron pruebas ni testigos, en un juicio ilegítimo por político y amañado, vergonzoso, que cuestiona en toda su dimensión el valor y el carácter de la llamada “justicia propia” que vienen aplicando los cabildos indígenas del norte del Cauca y pone en tela de juicio su legitimidad y autoridad.

Por todo lo anterior, las organizaciones indígenas asociadas en la CAIC:

DENUNCIAMOS

Al señor Feliciano Valencia, candidato a la presidencia de la República por el movimiento político País Común, vocero de la Minga Social y Comunitaria, por azuzar las contradicciones y provocar enfrentamiento entre sectores del pueblo indígena NASA, realizando toda clase de señalamientos, calumnias y persecuciones contra las organizaciones, dirigentes y comuneros que disienten de la política totalitaria, con fundamentos racistas y fascistas que adelantan las actuales dirigencias de la Acin y el Cric.

RESPONSABILIZAMOS

A la dirigencia indígena de la Acin y el Cric, en cabeza de los señores Alcibíades Escue, Danilo Secue, Jesús Chaves, Nelson Lemus, Pablo Tatai, Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo Escue, Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo de las consecuencias que puedan traer contra la vida, la libertad e integridad de las personas los irresponsables señalamientos, intrigas y calumnias hechas contra nuestros dirigentes, organizaciones y comuneros.

Por tratarse de una clara y grave violación a los derechos humanos debido a los señalamientos que ponen en riesgo nuestras vidas, integridad personal y libertad.

SOLICITAMOS

1. A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Defensoría del Pueblo Regional y nacional, una veeduría permanente que nos garantice ejercer nuestros derechos a la luz de la legislación indígena y de la Constitución Nacional.

2. Que las instituciones del Estado competentes, como la Defensoría del Pueblo Regional y nacional y la Procuraduría se apersonen de este caso, ejerzan veeduría y hagan seguimiento para que nos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos.

3. Un pronunciamiento del Ministerio Publico -representado en la mentada asamblea por el personero Juan Carlos Chamorro-, quien no dio ningún concepto sobre la vulneración de los derechos humanos de los comuneros apresados, frente al proceso irregular de la asamblea ni contra las calumniosas afirmaciones en contra de nuestros dirigentes y organizaciones.

4. Que se esclarezca el caso del asesinato del compañero Alfredo Ríos acaecido el 23 de julio de 2011 -y del conductor William Poto-, quien hizo parte del MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA - MUTE, y sobre el cual hay acusaciones en contra de algunos dirigentes de los cabildos, según denuncias de uno de los comuneros detenidos y juzgados en la asamblea del 29 de abril de 2013 en el CECIDIC, resguardo de San Francisco.

LLAMAMOS

Al Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la cual aún reconocemos, con el fin de que interceda para lograr superar de forma civilizada y en bien del pueblo NASA en su conjunto, las diferencias entre dos sectores importantes de la comunidad en el norte del Cauca.

INVOCAMOS

Los buenos oficios de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, para que reclame al Estado colombiano garantías a la vida, la libertad e integridad física y moral de todos los comuneros que hacen parte de las organizaciones de la COIC y a sus familias, así como nuestros derechos que como indígenas y ciudadanos colombianos nos asisten.

Clamamos por la solidaridad de las organizaciones indígenas y populares nacionales e internacionales y por su acompañamiento en la defensa de nuestros derechos vulnerados.

Manifestamos nuestra firme disposición de seguir trabajando para fortalecer nuestros procesos organizativos en bien de las comunidades indígenas, por el buen manejo de los recursos de transferencias y de cooperación internacional. Igualmente mantenemos en alto nuestro ánimo unitario, por la integración del pueblo NASA; el rescate de nuestras tradiciones y nuestra cultura; y por un gobierno propio, generoso con las comunidades humildes, que haga honor a nuestros antepasados que resistieron al dominio español y a los gobiernos excluyentes de la era republicana, como fueron Juan Tama, Manuel Quintín Lame, el padre Álvaro Ulcué y Abelino Ul, entre otros.

Atentamente, 
ASOCIACIONES INDÍGENAS ABELINO UL, ASDECOIM, ARIZA y AITPROA, MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL –MISAK-, ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA DENTRO; MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA – MUTE; CONVERGENCIA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (COIC).

Fuente: Cifuentes:





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