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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 15
de 2013
A la Habana
hemos llegado con el fin de dialogar en función de superar mediante el diálogo
civilizado las causas, los problemas de orden social que generaron la
confrontación, tal como lo consigna el preámbulo del acuerdo general pactado
con el gobierno. Entre estos problemas se cuenta la necesidad de una reforma agraria
estructural, profunda, que es el asunto que durante largas jornadas ha ocupado
nuestra atención y que afortunadamente ya arroja aproximaciones que esperamos
sean explicadas pronto, en un comunicado conjunto que dé certezas a nuestros
compatriotas sobre los alcances esperanzadores que hasta ahora arrojan los
diálogos.
Hoy reasumimos
las conversaciones con mayor disposición de avance, con iniciativas dinámicas
que, como siempre, apuntan a acelerar el ritmo de trabajo. Hemos radicado
nuestras 100 propuestas mínimas para su clasificación oportuna, adecuada a cada
ítem del punto uno, y las reflexiones que ya casi permiten cerrar los dos
últimos aspectos referidos a laboralización del trabajo rural y a soberanía
alimentaria. Así las cosas, tenemos plena expectativa y deseo de abordar, muy
pronto el segundo punto, para cuyo desarrollo ya contamos con elaboraciones
creativas que serán fortalecidas con las iniciativas que lleguen en las
conclusiones que arrojó el foro que sobre tal tema se realizó en Bogotá. Esto
en cumplimiento del compromiso de escuchar y hacer propios los anhelos del
pueblo en nuestro desempeño.
Así estamos, y
confiamos en que la delegación gubernamental vendrá con el mismo ánimo y
disposición.
Probado está
que la estructura latifundista es la característica principal de la
espacialidad rural en Colombia. Ella ha sido construida con procedimientos de
despojo, violencia, terror y muerte, como espacialidad capitalista, generando
además de miseria, profunda desigualdad, atraso, crisis humanitaria. Ella es
causa fundamental de la confrontación política, social y armada que padece
Colombia. Su solución de fondo será base para la construcción de La Paz estable
y duradera.
Queremos
confiar en que esta vez sí surja un acuerdo que verdaderamente apunte a
realizar una reforma rural estructural, radical, cuyos mecanismos de
restitución, redistribución y formalización, acompañados de proyectos
integrales de desarrollo tengan éxito y acaben con la constante de la
titulación de baldíos que sólo tenga el propósito de no tocar los intereses de
los grandes propietarios.
Queremos
confiar en que este proceso no terminará en un escenario de bancarización o de
estímulo a un mercado de tierras que derive en despojo legal de beneficio final
para las trasnacionales o para los latifundistas locales, o en que las alianzas
entre los pequeños campesinos o poseedores rurales con los detentadores del “músculo
financiero”, mediante la llamada asociatividad, no termine convertida en una
suerte de alianza del zorro con la gallina.
Desde las
FARC-EP seguiremos insistiendo en el fortalecimiento de la pequeña y mediana
propiedad con garantías de subsistencia, de permanencia, reiterando en la
defensa y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, impidiendo la destrucción
o el debilitamiento que se intentó mediante normas como las que se plasmaron en
el PND 2010- 2014, y otros instrumentos que de él derivan. Hay que insistir,
entonces, en la ampliación y fortalecimiento de estas ZRC, lo mismo que de las
comunidades afro y los resguardos indígenas, respetando sus entramados
socio-culturales, su territorialidad, su tradición y sus derechos a acceder a
los conocimientos, recursos, servicios, técnicas e instrumentos de todo tipo
que les permita acrecer la productividad, el tejido social y la sostenibilidad
ambiental.
Sobre todo hay
que insistir en la necesidad de formalizar todas las tierras que hoy están en
manos de los campesinos, exigiendo al menos el cumplimiento de las propias
normas institucionales que tan pertinazmente son vapuleadas por el ministerio
de la defensa en detrimento de la población rural.
Consideramos
fundamental para el desarrollo sostenible del campo colombiano y del conjunto
de la sociedad, la defensa de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como
unidades de territorio, suficientes, necesarias para el sostenimiento digno de
la familia como célula del tejido social.
El gobierno
deberá mirar en que si en verdad desea construir caminos de entendimiento, no
puede repetir los errores del pasado en lo que a materia de reforma agraria
concierne. No se puede editar una nueva etapa de recolonización y violencia
para no tocar el latifundio, no se puede iniciar un nuevo ciclo de desposesión
y acumulación y mucho menos se debe insistir en la extranjerización de la
tierra, en la depredación minero-energética, en no mirar hacia la búsqueda de
las soluciones alimentarias desdeel concepto de soberanía.
Dentro de estos
parámetros es que debe entenderse el tránsito hacia un nuevo estadio social de
justicia y paz, estable y duradera. Así las cosas, la esencia de la transición
está en la construcción inaplazable de la justicia social en medio de la
desmilitarización de la sociedad y del Estado, en medio del reconocimiento
gubernamental de su responsabilidad histórica en la generación de la violencia,
en medio del resarcimiento de las víctimas del conflicto por parte del
imputable último que es el Estado, en medio del establecimiento de una verdadea
democracia que abra espacios de participación y decisión ciudadana en los
destinos del país, mediante una Asamblea Nacional Constituyente que se erija en
sólido tratado de paz.
DELEGACIÓN DE
PAZ DE LAS FARC-EP
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