Las delegaciones de la
insurgencia colombiana y el gobierno de Santos llegaron a un primer acuerdo en
Cuba. De los cinco puntos de la agenda, preacordaron el primero, sobre la
cuestión agraria. Es un gran paso adelante, con límites.
Por Emilio Marin
El conflicto armado en
Colombia lleva más de cincuenta años, con 3,7 millones de desplazados y 300.000
muertos, y es un poco temerario poner las manos al fuego por un primer
preacuerdo en las conversaciones de paz en La Habana.
Ya hubo a partir de los 80
tres intentos por poner fin al conflicto armado y se terminó a los tiros por
culpa del Estado, azuzado por los latifundistas, las multinacionales y la Casa
Blanca. ¿Por qué esta vez el resultado sería diferente?, se preguntan los escépticos.
Lo positivo es que se
vienen cumpliendo las diferentes fases. Hubo negociaciones secretas entre las
partes en la capital de Cuba y luego se radicaron en Oslo, en octubre de 2012.
Acordada la agenda, los equipos se vieron otra vez las caras, desde el 19 de
noviembre en La Habana, discutiendo el tópico más trascendente en lo
económico-social: la cuestión agraria.
Al cabo de seis meses
ambas delegaciones anunciaron el 26 de mayo que tenían un acuerdo general sobre
aquella cuestión. Hubo un documento en común, leído por representantes de los
gobiernos garantes, Carlos Fernández de Cossío, de Cuba, y Dag Mylander, de Noruega,
con agradecimientos para los acompañantes, Chile y Venezuela.
Ese anuncio tan positivo,
con repercusiones favorables en Colombia y en toda la región -con plácemes y
aplausos de los presidentes de Venezuela y Bolivia- cerró la novena ronda de conversaciones,
tomando de jalón la iniciada en noviembre pasado.
Buen documento, con
reservas
Las FARC nacieron hace 49
años -ayer 27 de mayo se cumplió ese aniversario- como una autodefensa
campesina, con Manuel Marulanda y otros labriegos de Marquetalia, en el centro
sur del país, defendiéndose de operativos de exterminio del Ejército.
Y en ese tiempo, con
avances y reveses, con varios líderes asesinados en los últimos años (Raúl
Reyes, Alfonso Cano y Mono Jojoy), siempre reconoció un fuerte vínculo con los
pobres del campo. Una reforma agraria integral fue su histórica reivindicación
y por eso no extrañó que desde Oslo ese tópico estuviera al tope de la agenda.
A tal hicieron 100 propuestas mínimas.
El documento firmado por
Iván Márquez, por la insurgencia, y el ex vicepresidente Humberto de la Calle,
llevó por título “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.
Presentó las coincidencias como enfocadas “en la gente, en el pequeño
productor, en garantizar acceso y distribución de tierras, en la lucha contra
la pobreza y la reactivación de la economía en el campo”.
Entre las seis
proposiciones, de movida planteó mejorar “el acceso y uso de la tierra, lo que
incluye los terrenos improductivos, la formalización de la propiedad, la
frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva”. Prometió crear “un
Fondo de tierras para la paz”, aunque falta saber si ese Fondo dará créditos
blandos para acceder a tierras o si éste adquirirá tierras y luego las irá
adjudicando.
Además de esos aspectos no
resueltos, hay diferencias políticas entre la guerrilla y el gobierno de Santos
sobre este asunto agrario. El documento de las FARC lo aludió con diplomacia
pero sin ocultamientos. “Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con
salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas antes de la
concreción de un acuerdo final”, consignó. ¿Cuáles son esas “salvedades
puntuales”, léase objeciones o reclamos guerrilleros no contemplados en el
preacuerdo agrario, que podrían comprometer un “acuerdo final”?
Posibles diferendos
Puesto a especular sobre
cuáles pueden ser esos motivos de reservas aludidas por Márquez y sus
compañeros en este primer preacuerdo, se podrían descartar algunas hipótesis y
arriesgar otras. Habría que descartar que los rebeldes hubieran querido incluir
una negativa a la propiedad privada de la tierra. No figura en su programa tal
eliminación de dicha propiedad.
Sí se puede pensar en que
lo firmado en La Habana no le pone límites explícitos a los latifundios. No
propone una reforma agraria en base a eliminar al menos parte de las
propiedades de terratenientes que excedan tantos miles de hectáreas, por
ejemplo. Alude a tierras improductivas, la formalización de la propiedad -de
quienes ya poseen-, a la frontera agrícola y las zonas de reserva. No
contempla, en consecuencia, la afectación del latifundio.
Y tampoco toma nota de las
proposiciones de la insurgencia en poner coto al saqueo de petroleras y
mineras, la contaminación ambiental y en defender el medio ambiente afectado
por esos grandes capitales extranjeros.
Quiere decir que por esos
motivos u otros que ya se irán develando, el primer acuerdo no ha sido pleno.
Restan aspectos que “necesariamente” -según Márquez- deberán ser tenidos en
cuenta antes de un acuerdo definitivo.
Desde el ángulo
gubernamental, De la Calle también condicionó el anuncio del domingo. Cada uno
de los puntos, dijo, no empezará a tener vigencia hasta que no estén los cinco
tópicos acordados. El vocero del gobierno insistió en que si se llega a ese
feliz término tendría que convocarse a un referendo para saber si la población
lo acepta. Y frente a esta última iniciativa gubernamental, la guerrilla tiene
otra idea, según se desprende de su comunicado del 27 de mayo.
Los cuatro puntos que
restan
El acuerdo inicial debe
ser valorado como un gran logro, sin omitir los asuntos pendientes del mismo.
Ahora siguen otras cuatro “finales”, para decirlo en términos futbolísticos y
restarle un poco de dramatismo a lo que sigue siendo una guerra, dentro de Colombia.
El 11 de junio próximo está previsto que se reanuden las conversaciones
habaneras sobre el segundo tema, el de la participación política en el sistema
político colombiano, en particular cómo intervendrá de aquí en más la
guerrilla, con vistas al fin del conflicto armado.
Esa discusión luce tanto o
más compleja que la referida a la tierra, porque las FARC tienen una amarga y
sangrienta experiencia de cuando trataron de dejar las armas y participar
electoralmente mediante la creada Unión Patriótica, en 1985. Les asesinaron a
5.000 militantes y muchos dirigentes, incluso los que habían resultado electos
para legisladores, concejales, etc.
Además, se sabe que en
Colombia no sólo asesinan las Fuerzas Armadas que responden institucionalmente
al presidente Santos, quien irá por su reelección en mayo de 2014. También lo
hacen las fuerzas paramilitares, aunque no ya bajo las clásicas siglas del
pasado, como Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas, sino con otras
formaciones, igualmente criminales y delincuenciales, con paraguas del
establecimiento colombiano.
Luego, si todo marcha
bien, se abordarán las temáticas de las drogas ilícitas, los derechos de las
víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la
mesa de La Habana.
¿Referendo o
constituyente?
Esa verificación y
refrendación de lo pactado parece contener divergencias importantes, aunque no
se haya reparado mucho porque había y hay otros asuntos prioritarios. Pero
llegará el momento, ojalá, en que haya que pulsear también por ese punto 5. Es
que el jefe negociador que representa a Santos, declaró en el Palacio de las
Convenciones que, mediante una consulta ciudadana, “serán los colombianos en
última instancia los que digan si quieren o no este Acuerdo”.
En cambio el comunicado de
los insurgentes planteó: “el esfuerzo colectivo por la paz tendrá que ser
compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea
Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad”.
A simple vista se detecta
una coincidencia: que haya una consulta a la sociedad. La diferencia -que puede
llegar a ser abismal- es que el gobierno desea que una consulta o referendo sea
rubricado por el Ejecutivo o el Congreso, actual. Las FARC, en cambio, proponen
que sea una Asamblea Nacional Constituyente el que selle el tratado y la
reconciliación.
Esa es una diferencia de
fondo. Santos supone que al sano y actual sistema político se le añadiría un
nuevo actor político, el que pueda formar la guerrilla. Las FARC piensan en un
cambio cualitativo del podrido sistema político, para que una Asamblea
Constituyente ponga a parir una democracia participativa y social, avanzada.
Con esa perspectiva,
parece un asunto menor la discrepancia sobre los tiempos de la negociación,
polémica que también existe. La Casa de Nariño quiere apurarla bajo amenaza de
dar un puñetazo sobre la mesa de diálogos; la guerrilla no tiene apuro porque
cree que una mala paz puede ser hasta peor que la guerra.
El ministro del Interior,
Fernando Carrillo, dio un ultimátum a los rebeldes, para que antes de Navidad
de este año firmen la paz. Le contestó el 25 de mayo la comandante Laura Villa,
desde La Habana, diciendo que las formulaciones de los guerrilleros recogen las
reivindicaciones populares y no son una “lista de regalos” navideños. Villa
podría haber agregado que ellos no creen en Papá Noel y podrán hacer
concesiones pero no regalos a un Estado que consideran represor, dependiente
del Comando Sur estadounidense y comisionista de mineras y petroleras
extranjeras.
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