A
la situación de tensión, permanente militarización y violación de derechos
fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del
suroccidente del país se suman ahora los señalamientos desde la dirigencia
indígena del departamento.
Por
Marcha Patriótica / Sábado 25 de mayo de 2013
El
pasado 26 de abril la guardia indígena del norte del Cauca retuvo a siete
indígenas, sindicándolos de pertenecer a la insurgencia de las FARC-EP y de
darle muerte a uno de sus mayores, Benancio Taquines, así como a otros
indígenas de la zona. Al día siguiente, y ante un gran despliegue mediático, la
Asamblea de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca condenó, según sus
leyes, a dos indígenas capturados a 40 años de “patio prestado”, es decir
cárcel, que se cumplirá en jurisdicción ordinaria: en un centro de reclusión
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De
acuerdo con la jurisdicción especial indígena, este tipo de juicios y condenas
hacen parte de sus derechos constitucionales. Lo que resalta en este caso no es
el juicio en sí mismo ni la manipulación mediática que condenó a los capturados
como miembros del sexto frente de las FARC-EP sin tener prueba alguna, sino el
duro pronunciamiento firmado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) donde se señala a diversas
organizaciones sociales de hacer parte de “un plan sistemático de exterminio
físico y cultural del movimiento indígena colombiano” orquestada por las
FARC-EP.
El
hecho genero diversas reacciones. Entre otras la del máximo jefe de esa
insurgencia, Timoleón Jiménez, quien señaló que tales actos no se corresponde
para nada con la realidad y más parece el producto del envenenamiento por parte
de terceros interesados a los indígenas que acusan a las FARC de tales planes.
En el pronunciamiento fechado el 12 de mayo este grupo insurgente señala “los
interés que intentan minar el movimiento indígena en la región del Cauca”.
Por
su parte las asociaciones pro constitución de zonas de reserva campesina de los
municipios de Corinto, Miranda y Caloto intercedieron en la discusión e
hicieron pública su posición en comunicado del 22 de mayo, en el que dicen que
este tipo de aseveraciones asombran e indigna lo que piensan y hacen unos pocos
consejeros indígenas que utilizan el buen nombre de mucha gente de sus
comunidades para aprovecharse de ella. La comunidades plantean que este tipo de
pronunciamientos “tienen que ver directamente con la gran cercanía que por
décadas el CRIC y la ACIN han tenido con agencias como la del gobierno
norteamericano Usaid y programas de inversión del capital europeo”.
Por
su parte la Convergencia de Asociaciones Indígenas del Cauca (CAIC), que agrupa
a ocho asociaciones indígenas del Cauca, denuncia amenazas, calumnias y
montajes contra algunos de sus dirigentes comunitarios; pone en tela de juicio
la legitimidad algunas de las autoridades indígenas que firmaron el comunicado;
y responsabiliza a las dirigencias del CRIC y ACIN por cualquier cosa que le
pase a las asociaciones, líderes, indígenas y comunidades de la zona.
A
la situación de tensión, permanente militarización y violación de derechos
fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del
suroccidente del país se suman ahora estos señalamientos.
La
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha venido realizando una
serie de denuncias que han venido recolectando al interior de las comunidades
indígenas y que muestra un panorama enrarecido gracias a la intermediación en
esas comunidades de programas internacionales de desarrollo. Aquí reproducimos
la denuncia y las solicitudes del colectivo de derechos humanos:
1.
Que se cumpla realmente con la función de inspección, vigilancia y control en
la aplicación de la jurisdicción especial indígena de manera tal que se
garanticen los derechos fundamentales de nacionales que, independiente de su
pertenencia étnica, son ciudadanos colombianos y están viendo afectados sus
derechos.
2.
Que se adelante un proceso de reglamentación normativa que ponga al centro la
garantía de pilares fundamentales tales como el de legalidad, debido proceso,
libertad, dignidad, igualdad y presunción de inocencia, los cuales están siendo
afectados en aplicación de la jurisdicción especial indígena. Y de paso que se
pongan límites y controle el ejercicio del poder jurisdiccional sobre las
autoridades indígenas.
3.
Que se adelante un proceso exhaustivo de revisión de las sentencias dictadas
por los tribunales indígenas en el departamento del Cauca.
4.
Que se la jurisdicción ordinaria asuma la investigación de la muerte del señor
Alfredo Ríos, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando
era candidato al Consejo Municipal de Toribío. Y que en dicho proceso
investigativo se llame a rendir testimonio al señor Civilino Ul.
5.
Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las transferencias
que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a entidades indígenas
de derecho público especial.
Tomado
de Agencia Prensa Rural
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