Con el propósito de avanzar en la democratización de las relaciones
urbano- rurales y en atención a un principio de justicia social territorial se
formulan las siguientes nueve propuestas:
1. Reparación de la deuda histórica, política,
económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población, producto del ejercicio
de la violencia estatal y paramilitar y de la guerra, de la depredación
socioambiental y de la política económica imperante. Para tal efecto, se
dispondrán durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales,
equivalentes al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual. Con
tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social
territorial”.
2. Fondo extraordinario para la justicia social
territorial que tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995), sin
perjuicio de los recursos anuales de presupuesto que actualmente se destinan
para la financiación de la política sectorial y social en el campo. Será de
destinación específica, para contribuir principalmente a la superación de las
profundas desigualdades sociales y la pobreza de la población rural, y de las
desigualdades entre el campo y la ciudad. Serán fuentes de financiación del
Fondo, entre otras la impuesto a la gran propiedad latifundista, el
establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el
impuesto de “Justicia social territorial”,preveniente de una sobretasa al
impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes, el aumento al
impuesto a las regalías, la renegociación de la deuda pública externa e
interna, etc.
3. Desmilitarización de las zonas rurales, de
la sociedad y del Estado, que implique el abandono de la doctrina de
la “seguridad nacional” impuesta por el Pentágono; la no estigmatización de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el
respeto por sus territorios, y su exclusión de estrategias contrainsurgentes.
4. Protecciones especiales frente a la política
macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del
poder económico y político, la cual ha afectado de manera significativa la
economía de la sociedad rural y de manera particular, la economía campesina y
la economía de producción de alimentos. Mientras se producen los cambios
necesarios en el modelo económico y la política económica general, se
adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el
endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos
generados por los tratados de libre comercio.
5. Encadenamientos equitativos entre economías
rurales y urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades
rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores
urbanos de los sectores medios y pobres de la población. Se promoverá un
sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales,
especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación
de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías.
Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y
consumidores urbanos. Se apoyarán asociaciones y cooperaciones urbanas para
compras de producción rural; así como asociaciones y cooperaciones rurales para
compras de pequeñas y medianas producciones urbanas.
6. Desarrollo y ordenamiento territorial para
el buen vivir de la población mediante programas fundamentados en un criterios
territoriales que posibiliten la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad
rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y
el territorio de la población, y genere las condiciones para el disfrute de los
derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Tal ordenamiento
debe atender a principios de justicia social territorial, al respeto del
territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes, procurando la dotación con infraestructura física y social
que garantice condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y
el apoyo a la ruralidad urbana.
7. Fiscalidad para un relacionamiento
equitativo entre la ciudad y el campo, a partir de un sistema de transferencias
específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que
permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de
los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un
relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo.
8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y
multicultural de la sociedad rural, hasta ahora sometida a la marginalidad y la
exclusión. Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la
ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza,
de sus aportes al conocimiento, a la organización de la vida, la economía, la
producción, y al relacionamiento con la naturaleza.
9. Organización institucional para la
democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo con participación
política de las comunidades rurales, mediante circunscripciones especiales que
desarrollen y amplíen las existentes. La justicia social territorial conlleva
una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las
comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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