Mostrando entradas con la etiqueta reforma agraria. Mostrar todas las entradas

miércoles, 13 de febrero de 2013

OPINIÓN: Desarrollo rural vs política de desarrollo agrario integral

Por: Daniela Santos, Estructura Simón Rodríguez – MB Suroccidente de Colombia

EL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO en el cual está sumida nuestra patria desde antes de la República, pasando por la etapa histórica llamada “La Violencia” a finales de la cuarta década del siglo pasado está enmarcado en la lucha por la tenencia de la tierra en el contexto de la violencia bipartidista. Se da inicio a la resistencia campesina en respuesta a la guerra desatada por terratenientes y latifundistas en complicidad con el gobierno oligárquico de turno, es así como los campesinos desplazados se organizan y se ubican en diversas regiones de nuestro país como Marquetalía, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, a las cuales el gobierno denomina como “repúblicas independientes”. Las exigencias por parte de los campesinos hacia el Estado incluían mayor inversión en programas sociales, escuelas y salud, además de inversión para trabajar la tierra con garantías, la respuesta a dichas peticiones fueron las más brutales represiones. El 18 de mayo de 1964 se da inicio a la operación Marquetalia, fundamentada en el plan LASO diseñado por el pentágono gringo, agotada entonces la vía pacífica los campesinos no tiene otra opción que optar por la vía armada. Es en este contexto que el 27 de mayo de 1964 tienen nacimiento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes hasta hoy luchan de forma organizada como un verdadero Ejército del Pueblo por el derrocamiento del régimen caduco, la edificación de la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.

Con la iniciativa de poner fin al conflicto social y armado que desde hace más de 6 décadas desangra nuestra patria, Las FARC-EP una vez más se han acercado al gobierno, esta vez de Juan Manuel Santos para proponer una salida política a la guerra, es por esto que han acordado instaurar una mesa de conversaciones que busca llegar a unos acuerdos de paz, mesa que nacerá el 15 de octubre de 2012 en Oslo – Noruega. El primer punto de la agenda general de negociación firmada por ambas partes, es la Política de desarrollo agrario integral. El documento principal señala que “el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”, los tópicos que incluye este primer punto son:

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de zonas de reserva

2. Programa de desarrollo con enfoque territorial, Infraestructura y adecuación de tierras.

3. Desarrollo social: salud, educación, erradicación de la pobreza.

4. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

5. Sistema de seguridad alimentaria.

El enfoque dado al tema agrario por el gobierno y las FARC-EP son disímiles, en sus intervenciones el presidente Juan Manuel Santos, habla del desarrollo rural, sustentado en la famosa “revolución agraria” ampliamente publicitada durante su gobierno, que incluye el “proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural” y la nefasta “ley de víctimas y restitución de tierras”, con la cual de la forma más cínica se sustenta jurídicamente la desposesión violenta y el desarraigo forzoso de más de 7 millones de hectáreas pertenecientes al campesinado colombiano en manos de los agentes del Terrorismo de Estado, instaurado desde hace décadas y que se recrudeció ampliamente durante el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe Vélez, del cual Juan Manuel Santos fue Ministro Defensa y responsable de los crímenes de Estado, mal llamados ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

El proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural avalado por el actual gobierno pretende definir los derechos de propiedad y reordenar la cartografía de acuerdo a ella, delimitar las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos. Actualmente en nuestro país el 53,5 % de la tierra apta para cultivar está en manos de 2.428 familias oligárquicas, que representan el 1,15% de la población, mientras que las 2.2 millones de familias campesinas sólo disponen de pequeñas y medianas posesiones y se ven sometidas a sobrevivir en condiciones indignas en el área restante, lo cual según elInforme de Desarrollo Humano Colombia 2011, convierte a nuestro país en uno de los que registra los niveles de desigualdad más altos de Nuestra América. Es claro que con su propuesta el presidente no pretende dar solución a esta problemática sino continuar con la entrega del país a las trasnacionales y promover con más eficacia la acumulación capitalista, para lo cual organiza el mercado de tierras, favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento de la tierra para su depredación, facilita la explotación a fondo, dando garantías arancelarias al capital, de los inversionistas extranjeros o foráneos, para que accedan a las concesiones sobre los territorios y a los que llaman “derechos de superficie”.

En contraste con esto, desde sus inicios las FARC-EP han consagrado su justa lucha revolucionaria por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos los que vivimos en Colombia, con la consigna de que la tierra debe ser de quien la trabaja, en el programa agrario de los guerrilleros proponen una Política agraria, siendo ésta uno de los doce puntos de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, con la cual se propone democratizar el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo, brindar estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria y proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Al igual que brindar ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional de los productores colombianos.

Teniendo en cuenta que en nuestro país el conflicto social y armado está directamente ligado con la tenencia desigual de la tierra, será necesario que el gobierno trascienda a su visión simplista del problema, reconozca que más que un paquete de reformas y medidas burocráticas como las promovidas por el tan nombrado proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural , nuestra patria requiere de la implementaciónde una reforma agraria integral, en defensa de nuestro pueblo y soberanía nacional, tal como lo proponen las FARC-EP, que se consolida como una verdadera alternativa que nos conduzca a la tan anhelada paz con justicia social.

Referencias bibliográficas:

-Los posibles puntos de negociación entre el gobierno y las FARC, publicado en Revista Semana. Disponible en: http://m.semana.com/nacion/posibles-puntos-negociacion-entre-gobierno-farc/183613-3.aspx

-La tierra en Colombia. Los verdaderos autores del despojo, por Jesús Santrich, Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, publicado en Resistencia, marzo-abril 2012. Disponible en: www.resistencia-colombia.org

-Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP.

-Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

viernes, 3 de agosto de 2012

Investigación: El poder de la tierra en Colombia

Jesús Santrich, FARC-EP.

Investigación: El poder de la tierra en Colombia

ANNCOL ofrece abajo un trabajo investigativo crítico realizado por el comandante e integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Jesús Santrich, que en cuatro artículos, que incluye audio, analiza el tema de la tierra en Colombia.

Redacíon de ANNCOL

LA TIERRA EN COLOMBIA.

LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I).

Por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

1. La tierra en Colombia: LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I-4)
http://farccom.blogspot.com/2012/08/la-tierra-en-colombia-los-verdaderos.html

2. La tierra en Colombia: los verdaderos autores del despojo (2-4) http://farccom.blogspot.com/2012/08/la-tierra-en-colombia-los-verdaderos_3.html

3. La tierra en Colombia (1): Los verdaderos autores del despojo (3-4) http://farccom.blogspot.com/2012/08/la-tierra-en-colombia-1-los-verdaderos.html

4. La tierra en Colombia; los verdaderos autores del despojo (4-4) http://farccom.blogspot.com/2012/08/la-tierra-en-colombia-los-verdaderos_1587.html

La “restitución de tierras”, dentro de la llamada “revolución agraria” de Juan Manuel Santos, no es un acto humanitario y de reconciliación social, sino el procedimiento engañoso para darle marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de Defensa y jefe de los llamados “falsos positivos”.

El gobierno conoce perfectamente que al menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área restante. Y no es este grueso problema el que pretende resolver; menos cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del Terrorismo de Estado.

Es inocultable el objetivo de darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más rigor y eficacia la acumulación capitalista:

Organiza el mercado de tierras.

- Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento del espacio para su depredación.

- Facilita la explotación a fondo, “dando garantías” al capital, a los inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.

- Proyecta con la legalización, un despojo en términos legales porque responderá a un ordenamiento que se presentará como necesidad o prioridad nacional sobre la que no se permitirá obstáculo alguno. Cuando se requiera que alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá que hacerse porque así lo define la ley y punto o simplemente, a las buenas o a las malas, se debe ceder la tierra en renta; algo muy “democrático” seguramente; la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del despojo.

Así, reiteremos, se le “restituye” la propiedad a los despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que los especialistas llaman “solución financiarizada de la cuestión agraria”. Pero como si fuera poco esta reprimarización y desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra, se reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación forestal también extractiva; 39.2 millones de hectáreas para la ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de producción agrícola, cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de hectáreas, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.

Dibujado este panorama, la insurgencia, aparece como un factor incómodo para que las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más cuando se había convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la guerrilla.

La rendición de nuestras banderas no pasa de ser el delirio de un servil monigote vende-patria al que nada importa la destrucción del páramo de Santurbán ni de la gente de la que depende su riqueza hídrica; nada le importan los destrozos ambientales y sociales que produzca en el Huila la hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la suerte de las 500 familias que serán desplazadas de manera obligada sino el lucro que obtendrá la transnacional EMGESA; nada le importa la suerte de los cuatro millones de colombianos cuyo abastecimiento de agua depende de las fuentes de La Colosa en Cajamarca; su interés se centra en las ganancias que puedan generarle a los capitalistas los 9.000 títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite (4 % y 20 % del territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar el hambre de oro de las trasnacionales.

Negocios son negocios, así que para qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil trabajadores tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo importante es que en el balance del año 2011 la empresita duplicó sus ganancias netas.

En esta historia lo que impera es la diseminación de los enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular.

¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen?

Tags: Colombia, ANNCOL, Jesús Santrich, La tierra en Colombia, reforma agraria, la tenencia de la tierra en Colombia

La tierra en Colombia; los verdaderos autores del despojo (4-4)

Por Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP.

Marzo 10 de 2012.

AUDIO: https://www.box.com/s/dcf073f31e4e73007706

Se requiere ser muy mentiroso y sinvergüenza para afirmar, como lo ha hecho Juan Manuel Santos, que la guerrilla y otros factores armados a los que revuelve con esta para engatusar incautos, son quienes han arrebatado más de 700 mil hectáreas de tierra a los campesinos.

No es por tonto que el personaje de marras expresa semejante absurdo, pues él bien sabe cómo está configurado el asunto de la distribución, propiedad y uso de la tierra en Colombia, y sabe cómo está definido el asunto de la territorialidad.

La existencia de latifundios en poquísimas manos de oligarcas que han arrebatado la tierra a los más pobres es un antiquísimo problema estructural que subyace como una de las principales causas del conflicto político-social y armado que padece Colombia. A finales del año antepasado el camarada Alfonso Cano se refirió a la cuestión trayendo a memoria que según estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0.4 % de los propietarios que controlan el 61.2 % de la superficie agrícola. Esa concentración desbocada e infame de la tierra viene desde años atrás y no ha cesado ni cesará por cuenta de una perorata embustera como la del Presidente. ¿Acaso Juan Manuel tiene la noticia de que entre ese 0.4 % de propietarios están las FARC?

A PRINCIPIOS DE ENERO, El Espectador citó palabras de JM Santos en las que expresaba, como ya había ocurrido en otras ocasiones, que las FARC se oponen a la Ley de Restitución de Tierras porque, gracias a ella, “les quitamos el discurso”, según el cual la tierra es para los campesinos.

Con vehemencia de culebrero presto a pescar incautos, Juan Manuel ha dicho que “de manera exitosa ejecutará la Ley” aunque tenga “enemigos de lado y lado”. Y explica que en “La izquierda radical, las Farc”, está un enemigo de la Ley, “porque les quitamos el discurso. El discurso de las Farc es ese: que la tierra es para los campesinos”. A continuación el Presidente se despacha con su carga de cinismo: “Pues sí: la tierra se la estamos entregando a los campesinos, y sobre todo a los campesinos que fueron desplazados”.

En conclusión, para un sujeto experto en crear “falsos positivos”, como Juan Manuel, resulta que son las FARC las que arrebataron la tierra y las que no quieren que se le restituya este preciado bien a los campesinos, mientras él está haciendo su “revolución agraria”. Y mucho ojo, “no una revolución a punta de fusil sino con la Constitución y las leyes. Y no es una revolución de lucha de clases. No son los ricos contra los pobres, son los legales contra los ilegales. Y es una revolución que va a respetar a todo aquel que tenga su propiedad legalmente”, Como si ya el territorio no lo hubiesen preparado a sangre y fuego, con la violencia paramilitar, antes de hacer lo que ahora se configura como un procedimiento cínico de “saneamiento”, que con leyes proyecta terminar de arrebatar a los pobres la tierra para entregarla a las trasnacionales.

EN EL COLMO DEL DESCARO JM Santos dice haber encontrado que “otro enemigo del proceso de Restitución de Tierras es la extrema derecha, es decir los paramilitares, quienes se hicieron a muchísima tierra a punta de violencia y a punta de desplazamiento”. Semejante “inocencia” causa angustia. El jefe de los “falsos positivos”, el ministro de defensa del mandatario paramilitar Álvaro Uribe Vélez, diciéndonos esto de que hay “dos extremos (las Farc y los paramilitares), paradójicamente unidos en contra de la Ley”.

Las marchas que Juan Manuel paga para aparentar que respalda a los líderes agrarios con la propagandizada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no son siquiera expresión de populismo, como algunos piensan, sino de insolencia si miramos en que los factores de poder que él representa son los que han practicado el despojo que caracteriza la acumulación capitalista neoliberal que han impuesto en subordinación absoluta respecto al centro hegemónico yanqui.

Yendo al grano, en vez de lanzar sofismas de distracción, el Presidente debería develar los nombres de los verdaderos latifundistas y la forma criminal como muchos de ellos se han apoderado de predios de comunidades enteras, sólo para beneficiar la voracidad de las trasnacionales. ¿Acaso no sabe él que entre los llamados “nuevos llaneros”, gente que se ha hecho a inmensas cantidades de tierra en los Llanos Orientales aparecen al lado de los holdings brasileños y argentinos, capitalistas como Luis Carlos Sarmiento o su primo “Pachito” Santos, el mismo que quería dirigir el paramilitar Bloque Capital y quería electrocutar a los estudiantes que protestaban contra la reforma neoliberal a la educación? Ahí están esos elementos apátridas lanzados a la conquista de los llanos y a la depredación de la Amazonía y la Orinoquía, sin que personajes tan dolidos por la patria como Erwin Hoyos, Darío Arizmendi, Salud Hernández, el “eximio” Néstor Morales o Doña María Jimena Duzán, entre otros, se den por enterados, Y que no crean que con este humilde comentario se les está siquiera increpando, porque ahora parece ser moda en el círculo de notables de la desinformación, auto-victimizarse endilgándole a las FARC no se qué cantidad de amenazas infundadas.

ESTA CONQUISTA DE LOS TERRITORIOS es lo que estimula el gobierno como reforma o como “revolución agraria”, con estímulos económicos gubernamentales y el respaldo militar que está puesto en marcha con los famosos planes de “consolidación”, porque es que hay que cuidarle las inversiones a las trasnacionales poniendo de guachimanes a los soldados colombianos, para que las trasnacionales puedan expandir sus agro-negocios, la extracción de agro-combustibles sembrando palma, maíz, soya, remolacha y caña azucarera, etc.

En fin…; la “revolución agraria” de los cínicos como Santos, significa la entrega sumisa a las multinacionales y conglomerados financieros, ofreciendo negocios híper-rentables, favorables a la especulación en el mercado mundial de commodities.

Hablemos claro, como son enormes las dificultades que generan a las inversiones capitalistas en el campo si no existe legalidad, titulaciones que laven la cara del despojo sangriento que han hecho hasta el momento, entonces hay que titular los predios arrebatados a los campesinos y gentes humildes desplazadas y asesinadas.

Para eso es que está destinada la Ley de Restitución de Tierras. El propósito de fondo no es resarcir a los campesinos. El fin es otorgar seguridad jurídica a los inversionistas, sobre todo si se toma en cuenta la enorme magnitud que ha logrado el mercado de tierras en el campo de la especulación financiera.

¿POR QUÉ LOS “CAMARADAS” chinos no compraron tierras en el Vichada? Aunque ellos en Colombia estén proyectando grandes inversiones en infraestructura de transporte y en proyectos de agro-negocios como la producción de soya y leguminosas, su negativa o abstención temporal se debió a la inexistencia de títulos de propiedad. Este es un ejemplo para decir que pasa a ser de gran trascendencia, no inmediatista sino estratégica para los capitalistas, la llamada restitución de tierras que permita más adelante, luego de legalizar los títulos, negociar la propiedad para quedarse con todo o lo que interese en un proceso de sobre explotación del territorio. La “restitución”, entonces, no es un acto humanitario y de reconciliación social de Juan Manuel Santos sino el procedimiento engañoso para darle marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de Defensa y jefe de los llamados “falsos positivos”.

Para el caso colombiano, los mismos agentes activos del despojo ahora “hacen el favor” de amortizar a las víctimas, legalizándoles la posesión para luego “colaborar” con la compra o toma en arrendamiento del terruño, por el que sin duda el pobre campesino, quiéralo o no, recibirá una miseria. Entonces, legalizar títulos, entregar tierra de manera engañosa, para de inmediato volver al ciclo del despojo envuelto en la farsa de la compra-venta, o la trampa del arrendamiento, sin que ello implique, desafortunadamente, que la presión y efectiva acción coercitiva de los perdonavidas de las trasnacionales y del régimen cese, es lo que caracteriza la “revolución agraria” de Juan Manuel.

Todo es un ardid ya conocido en otras latitudes del mundo, para acondicionar el mercado de títulos y abonar la espacialidad para que proceda la inversión transnacional sin apremios: promesas de un mejor medio de vida, garantías de rentas permanentes…; coacción contra las comunidades o personas que no consientan la depredación; tal como ahora ocurre en los municipios que se quieren inundar con la represa El Quimbo.

EN COLOMBIA YA SE HA SUFRIDO bastante la desposesión y muy próximo está el ejemplo de Brasil donde las promesas de mejores medios de vida y de posibilidad de empleos que vendrían gracias a los contratos de arrendamiento, han conllevado al abandono de los asentamientos que han sido arrendados a empresas de caña de azúcar en el llamado cinturón de la caña de azúcar en el Estado de São Paulo; entre muchos otros, también tenemos el ejemplo del establecimiento de una plantación de caña en Kampot Speu, Camboya, donde los empresarios forzaron la expulsión de los agricultores y las comunidades que tradicionalmente habitaban esas tierras.

Ahora bien, el gobierno conoce perfectamente que al menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área restante. Y no es este grueso problema el que pretende resolver el Presidente con su ridículo plan de “restitución” de tierras. Menos cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del Terrorismo de Estado. ¿Para qué, entonces, el gobierno se rasga las vestiduras, cuando sus manos están sucias de sangre y del fimo del cinismo está embadurnada su conciencia?

A nadie puede Juan Manuel Santos ocultar que en Colombia hoy se asiste a una redefinición de las políticas territoriales, todo para seguir robando y entregando a las trasnacionales nuestros recursos y nuestra soberanía. Dentro de ese esquema el plan de “restitución” hace parte del desenvolvimiento de la reprimarización de la economía ya bastante desnacionalizada, y subordinada a los intereses imperiales. Santos lo que está haciendo es darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más rigor y eficacia la acumulación capitalista:

Organiza el mercado de tierras

- Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento del espacio para su depredación.

- Facilita la explotación a fondo, “dando garantías” al capital, a los inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.

- Así, reiteremos, se le “restituye” la propiedad a los despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que los especialistas llaman “solución financiarizada de la cuestión agraria”. Pero como si fuera poco esta reprimarización y desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra, se reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación forestal también extractiva; 39.2 millones de hectáreas para la ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de producción agrícola, cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de hectáreas, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.

- DIBUJADO ESTE PANORAMA, la insurgencia, aparece como un factor incómodo para que las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más cuando se había convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la guerrilla.

Así las cosas, que no nos vengan con el cuentecito de tontos del desarrollo de la economía nacional, pues aquí en nuestro país ya no hay economía nacional sino el interés de las trasnacionales; en esta historia lo que impera es la diseminación de los enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular.

¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen?

La tierra en Colombia (1): Los verdaderos autores del despojo (3-4)

Por Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP.

Marzo 14 de 2012.

Audio: https://www.box.com/s/834dfb52a5a2145c3be6

A sangre y fuego en Colombia se ha construido un latifundismo improductivo, que se sostiene como base de poder tanto en manos de la plutocracia tradicional, como de los sectores llegados a estas esferas por la vía del narcotráfico y otros negocios propios de la actual lumpenización de la burguesía transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo, hasta el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el campo especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según estudios de 2009 presentados por la SAC, para el caso colombiano, una hectárea de tierra valía cuatro veces más que en países de extensión más pequeña como Ecuador, Uruguay o Paraguay.

La sub-productividad de la tierra también es evidente si atendemos al Informe de Desarrollo Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el que se registra que aunque se considera que 21.5 millones de hectáreas de tierra en todo el país son aptas para la agricultura, sólo se dedican al cultivo 4.9 millones de hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se dedican 39.2 millones de hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría, implicando que, según FEDEGAN el hato existente de 22.5 millones de bovinos, resultaba como tener un promedio de dos hectáreas de tierra por res, con el agravante de que las mejores tierras han sido sembradas de pastos destinados a sostener esos hatos.

Pero como en una sinrazón, no son los latifundistas que tienen mejores condiciones para la producción, sino los pequeños propietarios de la tierra y los aparceros quienes históricamente han abastecido alrededor del 60 % de los alimentos que se consumen en Colombia, y hasta surtieron el mercado externo de café mientras este fue producto principal en la generación de divisas.

El desmadre de la neo-liberalización de la economía fue alentado por la “apertura económica” de los años 90. El señor Cesar Gaviria debe recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que secundó ese modelo que debilitó enormemente la agroindustria al empujar a la ruina a millones de agricultores, sobre todo minifundistas. Como resultado más evidente de tal descalabro está que entre 1991 y 2005 el valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las exportaciones solo aumentaron un 66%.

La estructura agraria en Colombia, desde 1990 hasta hoy, ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad. Los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002, indican que las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se agravó a finales de la década, presentándose entre 2000 y 2009, y en especial a partir de 2005, una concentración mayor, particularmente en el 56.6% de los municipios. Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial productivo, mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su desplazamiento empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar, sino por problemas específicamente económicos.

Con exactitud nadie sabe cuánta tierra, en las últimas dos décadas, fue despojada a los campesinos colombianos mediante aplicación del terrorismo de Estado, pero ningún estudioso serio del problema baja la cifra de al menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento infame que ha lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.

He ahí la “Revolución Agraria” que ha venido haciendo “sin lucha de clases y sin fusiles” el señor Juan Manuel; es una verdadera contra-reforma que ha derivado en que el llamado índice de Gini referido a la concentración de la tierra en Colombia pasara en la última década de 0.8 a 0.9 % según datos del Banco Mundial citados por diversos estudiosos del tema.

Entonces, con todo esto que es solamente un asomo del problema, nos preguntamos ¿qué quiere decir Juan Manuel Santos cuando imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es que ¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto de Chicoral de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes políticos y gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel balneario tolimense para congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática, y proteger con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a los campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy representan y profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía.

Ahora, de peor manera que en el Pacto de Chicoral, los herederos de estas ratas van por el resto. Se plantean, por ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1 millones de hectáreas de palma. ¿Estaba Alfonso Cano dirigiendo Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o cuando se pensó en reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de etanol? Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio Ardila Lule controla al menos el 60 % de la producción del carburante. Por ningún lado se conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el mismo 2019? Con certeza no fue el comandante Timoleón Jiménez.

Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una Reforma Agraria Real que acabe con los latifundios, entregue equitativamente la tierra a los campesinos y enfrente la oleada de privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano apuntan al favorecimiento a las transnacionales.

La tierra en Colombia: los verdaderos autores del despojo (2-4)

Por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Marzo 14 de 2012.

AUDIO: https://www.box.com/s/c68dcc35c70751044c7d

¿Quiénes instituyeron el régimen excluyente de la propiedad de la tierra que impera en Colombia, el cual es causa fundamental del conflicto social, político, armado que nos desangra?

Está por demás diagnosticada la concentración extrema de la tierra en pocas manos de latifundistas a costa del bienestar de millones de campesinos lanzados a la miseria durante décadas como consecuencia del despojo realizado a sangre y fuego por las élites en el poder.

Se trata de un latifundismo improductivo, que se sostiene como base de poder tanto en manos de la plutocracia tradicional, como de los sectores llegados a estas esferas por la vía del narcotráfico y otros negocios propios de la actual lumpenización de la burguesía transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo, hasta el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el campo especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según estudios de 2009 presentados por la SAC, para el caso colombiano, una hectárea de tierra valía cuatro veces más que en países de extensión más pequeña como Ecuador, Uruguay o Paraguay.

Pero preguntemos, ya que ese es el tema de Juan Manuel: ¿quiénes son los despojadores?, ¿quiénes son los responsables de que se hubiese acentuado la sub-productividad descrita?: ¿No fueron acaso aquellos que desbocaron la neo-liberalización de la economía con la famosa apertura económica de los años 90? El señor Cesar Gaviria debe recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que secundó el modelo que debilitó enormemente la agroindustria al empujar a la ruina a millones de agricultores, sobre todo minifundistas. Como resultado más evidente de ese descalabro está que entre 1991 y 2005 el valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las exportaciones solo aumentaron un 66%.

Entonces, con el auspicio de la plutocracia meliflua de la que hace parte tanto César Gaviria como Juan Manuel Santos, es que se ha fortalecido más y más el latifundio, desatando una guerra sucia que desde hace medio siglo o más contó con grupos paramilitares como los terribles “pájaros”, que fueron creados como parte de la “santa alianza” de la aristocracia del llamado Frente Nacional y que más recientemente los dueños del poder posicionaron como AUC y otras denominaciones propias de su autocracia gansteril, en las que confluían junto a los jefes de los carteles de las drogas.

Con esta estrategia de vieja data, remozada desde los noventa y desbocada en la última década fue que los oligarcas pro-gringos se apropiaron violentamente de la tierra de casi cinco millones de campesinos a lo largo de los últimos veinte años.

Con exactitud nadie sabe cuánta tierra despojaron, pero ningún estudioso serio del problema baja la cifra de al menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento infame que ha lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.

Así se está reconfigurando en el campo colombiano la nueva espacialidad de una economía desnacionalizada, así lo están estructurando las medidas de desposesión que engordan el latifundio y el desarrollo de una ruralidad “moderna” sin campesinos, que ha ido desplazando los cultivos tradicionales en la producción agraria por monocultivos regionales a manera de mega-proyectos y plantaciones que tienen el propósito de la generación de agro-combustibles, tal como ocurre en otras latitudes del mundo destinadas para el mismo fin según la planificación voraz del imperialismo, ocasionando impactos sociales y ecológicos devastadores. Como consecuencia, millares de personas sufren el desplazamiento forzado de sus lugares de hábitat, sólo porque en ellos se ha decidido que deben enclavar los monocultivos. Millones de seres humanos desmejoran sus vidas a extremos de indigencia mientras las transnacionales acrecientan sus ganancias: cinco millones de personas en Brasil, cuatro en Colombia, cinco más en Indonesia…; gentes que no tienen recursos para comer, mientras millones de toneladas de alimentos son destinadas para la generación de los agro-combustibles y una cantidad inconmensurable de hectáreas de tierra, con la fuerza de las armas y la represión, se destina para hacer cultivos que tienen el mismo propósito: alimentar vehículos y no los estómagos hambrientos de los pueblos.

Quienes han agenciado la expansión de la palma aceitera en Colombia, por ejemplo, son responsables directos de actividades paramilitares con las que se ha forzado a sus pobladores a abandonar las tierras para convertirlas en plantaciones.

Pero el despojo no ha sido en medio de la mansedumbre. La gente resiste y lo seguirá haciendo aunque la criminalicen y la tilden de terrorista, pues hoy se trata de seguir una lucha por transformaciones agrarias que no implican la sola titulación y redistribución de la tierra despojada. Una lucha por la reposesión de tierras en cuanto ‘redistribución’ y ‘distribución’ a favor de quienes fueron objeto de desposesión o nunca han tenido acceso a la tierra es muy válida y podría comportar un arreglo institucional de restitución real o de titulación para luego condicionar su uso, tal como ahora se está imponiendo en Colombia; pero el caso es que la lucha de hoy implica una lucha contra la desposesión y una lucha por la reposesión, al lado de una lucha decidida por impedir que se ferien las tierras públicas, por su no privatización. No se trata, entonces, de sólo repartir los latifundios sino de enfrentar la “contrarreforma agraria” que bajo el neoliberalismo global sostiene una oleada de privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano apunta al favorecimiento a las transnacionales, ya sea entregando la propiedad o dando todas las gabelas para su arrendamiento y superexplotación.

Deberemos defender la tierra que está en manos de los campesinos, deberemos luchar por la restitución a los desposeídos y en el mismo momento luchar contra los nuevos procesos de privatización que el modelo santista prepara, para no terminar pronto ni mucho después debatiendo sólo sobre asuntos insubstanciales, como que si el arrendamiento deberá ser por tal o cual cantidad de tiempo , sobre si los procesos de explotación deberán hacerse mediante contratos para los pequeños o medianos campesinos o bajo el control directo de las plantaciones por parte de las transnacionales, o sobre cómo y hasta donde deberán ser los derechos de dominio. Lo esencial es que luchemos por el control real y pleno que las pobrerías del campo deben tener sobre la tierra, más allá de las formalidades de la titulación, o de lo que recen los cuerpos normativos inventados por las oligarquías vende-patria que gobiernan nuestro país. Deberemos definir el poder ciudadano sobre la tierra y el territorio, que es lo mismo que decir el poder ciudadano sobre la patria. No podemos permitir que el Estado siga detentando el poder que le permite definir normas abusivas, considerando además que este es un asunto que toca con derechos esenciales de la humanidad como el de la alimentación, del cual depende la existencia misma de una sociedad. El Estado no puede seguir definiendo de manera inconsulta, respecto a las comunidades, directrices simplistas sobre el uso y propiedad de la tierra, en forma tal que no se tome en cuenta la realidad respecto al tipo de relaciones sociales entre sus habitantes.

Fortalecimiento del latifundio, prioridad de los mercados externos, desnacionalización de la tierra y la producción, lesión a la soberanía alimentaria, deterioro ambiental ocasionado con la destrucción indiscriminada del medio que se genera con la ampliación de la frontera agrícola como con la utilización de transgénicos, fungicidas y agroquímicos; precarización laboral, especulación financiera…, son factores característicos de la estructura agraria en Colombia, la cual desde 1990 hasta hoy, dentro de este marco, ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad. Según lo habíamos indicado en artículo anterior, los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002, indican que las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se agravó a finales de la década, presentándose entre 2000 y 2009, y en especial a partir de 2005, una concentración mayor, particularmente en el 56.6% de los municipios.

Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial productivo, mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su desplazamiento empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar, sino por problemas específicamente económicos. Como complemento, el establecimiento de cultivos perennes ha potenciado la inserción del campo colombiano en el mercado global del capital ficticio, en el que con la titularización de los predios la tierra se convierte en un bien que se compra y se vende según la renta que produce; y, como en las otras formas del capital ficticio, lo que se compra y se vende es el derecho a un ingreso futuro.

Entonces, con todo esto que es solamente un asomo del problema, nos preguntamos ¿de qué “revolución agraria” está hablando Juan Manuel Santos?, ¿qué quiere decir cuando imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es que ¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto de Chicoral de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes políticos y gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel balneario tolimense para congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática, y proteger con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a los campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy representan y profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía; fueron ellos los que inventaron la “renta presuntiva” y la eternización de la aparcería feudal, colocando todo tipo de talanqueras para que los campesinos no tuvieran sino el acceso limitado a los baldíos fuera de la frontera agraria que se reservaron para sí.

Definitivamente, al lado de la voracidad minero-energética, los artífices de los agro-negocios, de los cuales Juan Manuel Santos es sirviente fiel, son los nuevos sujetos activos de la desposesión, del despojo, de la acumulación depredadora que hoy confronta a los colombianos. Esos son los mismos que se robaron los dineros de Agro Ingreso Seguro y los que agenciaron la ilegalización de la panela de trapiche para despojar a los campesinos y favorecer los grandes ingenios azucareros. Así ocurre también con los barequeros del oro, a quienes están criminalizando para quitarles el trabajo y entregar las minas a las trasnacionales.

Así es el asunto, más o menos, con la locomotora de la Agricultura. Así van las intenciones con el tema de la Restitución de Tierras. Lo esencial es el marco legal para que se desenvuelvan los agro-negocios, con una preocupación central que es la resistencia popular e insurgente a sus maléficas intenciones, amenaza cierta para sus ganancias.

Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una Reforma Agraria Real.