DECLARACIÓN
Terminamos
este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de
paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos
en un evento mediático, el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán;
Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato
represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del
ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando
muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a pesar de la sordera estatal frente a las
reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la
privatización de la salud, y en general, a las consecuencias antipopulares y
antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha,
nuestra solidaridad; y al gobierno, un ¡Dialogue
con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia!
Con
artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva
entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la
voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y
de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15
millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta,
rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de
agronegocios y ganancias, y con los hombros encogidos, frente al terrible
impacto socio-ambiental.
Detrás de
la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún
gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que
se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que
desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las
grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los años 50, no han
tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con
violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado
por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado,
jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde
fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y
desplazarlos nuevamente. No es justo, no es justo, que ahora se pretenda
expulsar al resto con violencia y ley.
Las tierras
del comandante Jorge Briceño no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente,
sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para
dignificar la vida de todos los colombianos.
Pensábamos
que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas
de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para
que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueños, tierras que no
han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el presidente.
Pensábamos
que tal vez aludiría a las 14 mil hectáreas que el mismo paramilitar pusiera en
manos del Estado en los Llanos Orientales, con 4 mil de ellas sembradas de
palma aceitera, a fin de que fueran restituidas a sus propietarios originales,
y a pesar que esto no se ha cumplido, nada dijo el presidente.
Pensábamos
que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien
recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de
tierra. Pero nada dijo el presidente.
Es mucho lo
que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del
gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa
triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de
poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final
esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los
“urabeños” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo
con apariencia legal.
La entrega
de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún,
es para echarle tierra al engaño de la entrega de tierras que está haciendo el
gobierno en Urabá.
En las
Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a
unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueño.
Este
gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese
presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el
demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado.
Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de
impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los
latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En
lugar de castigo, recibirán un premio.
Esa tierra
fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de
5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ¿por qué no
llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio
reservada a los grupos delincuenciales?
Un tercio
del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los
latifundistas despojadores?
¿Quiénes
son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el
campo?
Que alguien
del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara
315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo.
¿Por qué el
INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?
El
escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery
Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa
Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos
meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, 27.600 millones de pesos, de
los cuales una sola compañía, Palmeros
del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en
cualquier otro departamento del país, pues obtuvo 4.321 millones (más del 15%
del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la
familia Sarmiento Angulo (Palmas
Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron 3.950 millones (14,27% del
total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más –Asociación de
Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante–, los palmicultores
recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el
despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para
entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la
revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.
Pareciera
que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado, y ya
no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro
confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo
está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar
a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca.
Se necesita
un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y
sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no
dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la
desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios.
Que no nos vaya a tragar la geofagia
de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales,
corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy,
Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo
American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden
despojarnos el territorio que nos pertenece a todos.
Llamamos a los colombianos, a sus
organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con
sentimiento de justicia y patria, a defender este proceso de paz, esperanza de
reconciliación y de nuevo país. Reiteramos: el proceso de la Habana está
caminando. La paz se construye con la verdad pura y limpia, no con falsificaciones
mediáticas, ni mezquindades. Estamos dispuestos a discutir con pasión, llegado
el momento, el tema de la participación política, de la refrendación ciudadana
de los acuerdos, para que desbrozado el camino, salgamos todos al encuentro de
la anhelada paz, de la dignidad humana.
Delegación
de paz de las FARC-EP
