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jueves, 20 de junio de 2013

Con frio cálculo comienza a legitimarse en Colombia la dictadura militar

Caricatura mexicana que desde ahora
también puede ser colombiana.



Por Sofía Sánchez corresponsal del Bloque Iván Ríos/FARC-EP


Con la aprobación de la reforma al fuero militar, después de un fuerte debate sobre sus puntos más polémicos (que son prácticamente todos), la población quedó expuesta a las bestialidades que bajo su mampara legal, las fuerzas militares y todo el estamento castrense, llámese como se llame cada dependencia, quiera cometer contra la ciudadanía.

Los falsos positivos, las violaciones y las ejecuciones extrajudiciales fueron actos hábilmente dejados en manos de la justicia ordinaria para atenuar la inconformidad expresada por los pocos legisladores oponentes a la ley, organismos internacionales, entre ellos algunas ONGs y la ONU, quienes se han mostrado preocupados por los peligros que encierra dicha reforma.

Uno de los puntos duramente cuestionados y que generó mas polémica para su aprobación fue el llamado "blanco legitimo", pues como su nombre lo indica, se trata de otorgar legitimidad y legalidad a los falsos positivos bajo un nuevo nombre, contemplado dentro del fuero, que da poder a los militares para asesinar al pueblo.

Cabe recordar que los falsos positivos no fueron hechos aislados dentro del servicio, sino que obedecieron a una política de Estado cuyo promotor fue el actual presidente de la república, quien en ese entonces ejercía como ministro de la defensa nacional, con incentivos como ascensos, dinero y vacaciones al militar que más bajas guerrilleras registrara en su historial. Por estos hechos han sido procesados algunos militares, mientras el cerebro criminal que diseño la práctica no ha sido tocado por la justicia.

Serán muchos los casos donde darán de baja a quien consideren sospechoso de colaborar con la insurgencia y le pondrán al lado uno par de botas "Venus Llanera", una caja de munición 9mm, una reata y tal vez unas ampollas de Cefradina, para poder decir que es un auxiliador de la guerrilla. Pero también, todo aquel que haga parte de un sindicato, de una asociación o junta comunal o haga justos reclamos, sin lugar a dudas será otro "blanco legitimo", porque quien reclama está en contra del gobierno y por ende es insurgente. Entonces el “blanco legitimo”, dentro de su interpretación, da significado de “legitimidad” a las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y está por verse de que manera le darán “legalidad” al acto de violar y asesinar niños y niñas.

Con piscina, fiestas de asado y trago en ambiente tropical “sufren” los
militares colombianos sus “penas” entre “hermanos en armas”.


Se construirán otras instalaciones tipo Tolemaida Resort donde habitarán sicópatas con charreteras y soles. Y desde esos complejos vacacionales seguirán manejando sus negocios con las mafias del planeta, sin tener que preocuparse por su seguridad. Se seguirán ensañando con los chivos expiatorios de poca monta como el oficial Guarnizo, mientras el alto mando militar, untado de pies a cabeza de sangre inocente, drogas y corrupción sigue ocupando honorables puestos.

Es incierto el futuro de una nación, cuyo órgano legislativo este plegado a los intereses del poder y la guerra contra los oponentes que no tienen más armas para defenderse, que su legitimo derecho a expresar abiertamente su inconformidad ante los abusos y atropellos del régimen. Derecho cada vez más vulnerado cuando meticulosamente, con toda frialdad y maquiavélico cálculo se elaboran las leyes con la trampa incluida y otras se someten a reformas cuya finalidad conlleva al mismo objetivo.

La solución del conflicto colombiano demanda cada vez más de la solidaridad de la comunidad internacional, para que ayude a buscarle una salida menos cruento al problema de la guerra que vive el país. No bajo el interés económico que algunos gobiernos persiguen, sino como la necesidad imperiosa de garantizar la paz continental y mundial.


viernes, 14 de diciembre de 2012

Comunicado de las FARC en la Habana rechaza al Fuero Militar



La Habana, República de Cuba. Diciembre 14 de 2012.
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.

Cortesía de la delegacción de las FARC en la Habana

COMUNICADO. 


A las acciones de guerra que contra el pueblo y contra el proceso de paz se han desatado desde la institucionalidad estatal, se suma hoy la decisión del Congreso de la República de aprobar la reforma a la justicia penal militar.
Marchando en contra de los intereses de las víctimas del terrorismo de Estado, y desoyendo la indignación nacional e internacional de quienes advertían que con la reforma se colocaba en las cienes de los agentes criminales del régimen la corona de la impunidad, el aparato legislativo, en consonancia con las decisiones militaristas del gobierno, ha optado por abrirle campo al fuero militar.


Mientras despliega su endeble retorica de paz, la alianza del desafuero sellada entre gobierno y legislativo, ha blindado su máquina de guerra para continuar sus acciones de tierra arrasada contra el movimiento popular, que a viva voz exige el cese de la confrontación y soluciones a los profundos problemas sociales que le tienen sumergido en la miseria.


Antes la firme determinación popular impidió que prosperara un vulgar proyecto de reforma a la justicia que este mismo Congreso pretendió imponer también en alianza con el gobierno; hoy el amor de patria y la dignidad nacional deben hacerse sentir para que los crímenes cometidos contra el pueblo no queden en el olvido.


Más de 3500 son los casos de los llamados “falsos positivos”, o casos de civiles asesinados por militares. De 1200 casos que han entrado a indagación , apenas 665 han pasado a etapa de investigación y solamente 72 han llegado a juicio. El nivel de impunidad que reina, para vergüenza de todos alcanza el 98 % para los casos que están en juicio. Y esta situación impera en un escenario en el que ningún esclarecimiento serio han tenido los casos de centenares de fosas comunes colmadas de miles de asesinados por cuenta del terrorismo de Estado.


El país se está preguntando ¿que Fiscal lleva el caso del ex-Ministro de Defensa Camilo Ospina que firmó con su puño y letra la Directiva 029 que desatara estos crímenes de lesa humanidad? El país se pregunta, ¿quien está investigando a Álvaro Uribe Vélez como jefe de este ministro del terror?


Las FARC-EP, al tiempo que condenan este terrible paso hacia la impunidad, advierten sobre los vientos de guerra que con esta decisión calamitosa, el gobierno –de la mano del desacreditado Congreso colombiano-, le anuncian al país. 


DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 Video: