sábado, 22 de junio de 2013

Las FARC presentan los últimos puntos (7, 8, 9 y 10) para la Participación Política en una transición a la democracia plena



La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 21 de 2013



Participación política para la democratización real,
la paz con justicia social y la reconciliación nacional


Video:
http://youtu.be/VHF3BMem24c


Diez propuestas mínimas
Continuación:

7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, así como de otros sectores sociales excluidos
Se dispondrán acciones para garantizar la participación política y social de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. De manera especial se reconocerá su participación a través del derecho a la consulta previa. Se fortalecerán las circunscripciones especiales de comunidades y pueblos indígenas y afro descendientes, ampliando sus actuales niveles de representación. Se procederá al reconocimiento político de los campesinos y se adoptará la “Declaración de los Derechos de los Campesinos” de la Organización de Naciones Unidas. Se creará la circunscripción especial campesina y se reconocerán los territorios campesinos. Se reconocerá y promoverá la participación política y social de otros sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI.
Como medida de reconocimiento de derechos ciudadanos y de estímulo a la participación política y social de todos los colombianos se promoverá el registro civil y la cedulación de todos aquellos que no la posean.
Se respetarán y estimularán las formas de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, creadas autónomamente por ellas; en especial, todas aquellas orientadas a fortalecer la democracia directa, autogestionaria o comunitaria. Particular atención y apoyo tendrán los cabildos, congresos, asambleas, mingas y juntas sociales y populares. Las diversas formas de la participación social y popular, sin perjuicio de su autonomía, hará parte de la organización institucional del Estado en la forma de un cuarto poder, el PODER POPULAR. Se promoverá la veeduría y el control social y popular en todas las actuaciones del Estado, en especial en el proceso de la política pública, de la planeación, y de la presupuestación.

8. Estímulo a la participación social y popular en procesos de integración de Nuestra América
Se propiciará la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América de los que hace parte el país, especialmente en la CELAC y la UNASUR. Para tal efecto, se propondrán e impulsarán mecanismos que garanticen de manera efectiva tal participación. Se promoverán mecanismos de seguimiento y control social a los procesos de integración. Se apoyarán las iniciativas sociales y populares orientadas a fortalecer la integración política, económica, social y cultural entre los pueblos.

9.- Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular
Los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, deberán acompañarse de medidas tendientes a la transformación estructural de la cultura política. Se propenderá por la recuperación del valor de la política; se propiciará la formación política en los asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales; se generarán las condiciones pedagógicas para la apropiación social de la participación política y de sus mecanismos, con miras a fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente. Se promoverá el respeto por la diferencia y el reconocimiento del opositor político; así como la existencia del conflicto social y su regulación a través de los mecanismos que brinda la política. De manera particular se emprenderán programas de formación para la apropiación social del Acuerdo de Paz y para la reconciliación entre los colombianos. Se proscribirán las doctrinas contrainsurgentes y de “seguridad nacional”.
Se garantizará el derecho a la protesta y la movilización social y popular. Para tal efecto se derogará toda normatividad restrictiva, especialmente la contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Se garantizará la no estigmatización de los movimientos sociales y populares y se proscribirá su criminalización.

10.- Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente
En el entendido que la máxima expresión de la participación política de la sociedad, se encuentra en el poder constituyente del pueblo soberano, se convocará una Asamblea Nacional Constituyente, concebida en el marco de un gran acuerdo político nacional, que incluya principalmente a los partidos políticos, los movimientos políticos y sociales, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, las víctimas del conflicto, las mujeres y los jóvenes, la comunidad LGTBI, los militares retirados, así como a las organizaciones guerrilleras alzadas en armas contra el Estado, y comprometa a todos los poderes públicos, con el propósito de sellar los eventuales acuerdos para una terminación del conflicto y sentar las bases para una paz con justicia social, estable y duradera. El acuerdo deberá darle viabilidad jurídica y política a la convocatoria, definir la conformación, incluida de manera especial la participación de las fuerzas insurgentes, así como el temario, el cual debe perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener en todo caso cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales.
La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la nación colombiana y la encauce hacia la mayor democratización política, económica, social y cultural.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

jueves, 20 de junio de 2013

Con frio cálculo comienza a legitimarse en Colombia la dictadura militar

Caricatura mexicana que desde ahora
también puede ser colombiana.



Por Sofía Sánchez corresponsal del Bloque Iván Ríos/FARC-EP


Con la aprobación de la reforma al fuero militar, después de un fuerte debate sobre sus puntos más polémicos (que son prácticamente todos), la población quedó expuesta a las bestialidades que bajo su mampara legal, las fuerzas militares y todo el estamento castrense, llámese como se llame cada dependencia, quiera cometer contra la ciudadanía.

Los falsos positivos, las violaciones y las ejecuciones extrajudiciales fueron actos hábilmente dejados en manos de la justicia ordinaria para atenuar la inconformidad expresada por los pocos legisladores oponentes a la ley, organismos internacionales, entre ellos algunas ONGs y la ONU, quienes se han mostrado preocupados por los peligros que encierra dicha reforma.

Uno de los puntos duramente cuestionados y que generó mas polémica para su aprobación fue el llamado "blanco legitimo", pues como su nombre lo indica, se trata de otorgar legitimidad y legalidad a los falsos positivos bajo un nuevo nombre, contemplado dentro del fuero, que da poder a los militares para asesinar al pueblo.

Cabe recordar que los falsos positivos no fueron hechos aislados dentro del servicio, sino que obedecieron a una política de Estado cuyo promotor fue el actual presidente de la república, quien en ese entonces ejercía como ministro de la defensa nacional, con incentivos como ascensos, dinero y vacaciones al militar que más bajas guerrilleras registrara en su historial. Por estos hechos han sido procesados algunos militares, mientras el cerebro criminal que diseño la práctica no ha sido tocado por la justicia.

Serán muchos los casos donde darán de baja a quien consideren sospechoso de colaborar con la insurgencia y le pondrán al lado uno par de botas "Venus Llanera", una caja de munición 9mm, una reata y tal vez unas ampollas de Cefradina, para poder decir que es un auxiliador de la guerrilla. Pero también, todo aquel que haga parte de un sindicato, de una asociación o junta comunal o haga justos reclamos, sin lugar a dudas será otro "blanco legitimo", porque quien reclama está en contra del gobierno y por ende es insurgente. Entonces el “blanco legitimo”, dentro de su interpretación, da significado de “legitimidad” a las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y está por verse de que manera le darán “legalidad” al acto de violar y asesinar niños y niñas.

Con piscina, fiestas de asado y trago en ambiente tropical “sufren” los
militares colombianos sus “penas” entre “hermanos en armas”.


Se construirán otras instalaciones tipo Tolemaida Resort donde habitarán sicópatas con charreteras y soles. Y desde esos complejos vacacionales seguirán manejando sus negocios con las mafias del planeta, sin tener que preocuparse por su seguridad. Se seguirán ensañando con los chivos expiatorios de poca monta como el oficial Guarnizo, mientras el alto mando militar, untado de pies a cabeza de sangre inocente, drogas y corrupción sigue ocupando honorables puestos.

Es incierto el futuro de una nación, cuyo órgano legislativo este plegado a los intereses del poder y la guerra contra los oponentes que no tienen más armas para defenderse, que su legitimo derecho a expresar abiertamente su inconformidad ante los abusos y atropellos del régimen. Derecho cada vez más vulnerado cuando meticulosamente, con toda frialdad y maquiavélico cálculo se elaboran las leyes con la trampa incluida y otras se someten a reformas cuya finalidad conlleva al mismo objetivo.

La solución del conflicto colombiano demanda cada vez más de la solidaridad de la comunidad internacional, para que ayude a buscarle una salida menos cruento al problema de la guerra que vive el país. No bajo el interés económico que algunos gobiernos persiguen, sino como la necesidad imperiosa de garantizar la paz continental y mundial.


Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional



La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 20 de 2013


Diez propuestas mínimas
Continuación:

3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final

De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.

4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación

Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.

5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios

La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.

6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.

El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.

En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población.


DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


La delegación de Paz de las FARC presentó esta mañana los puntos 3-6 en la propuesta para la Participación política





La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 20 de 2013 

Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional

Diez propuestas mínimas 


Continuación: Puntos 3, 4, 5 y 6 de Diez propuestas mínimas para la Participación política para la democratización real

3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final 

De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.

4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación

Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.

5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios

La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.

6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.

El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.

En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población. 



Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana

miércoles, 19 de junio de 2013

“En los tiempos que corren no se puede ser católico sino se es revolucionario”: Las FARC escriben a la Nunciatura Apostólica en Bogota.



En los tiempos que corren no se puede ser católico sino se es revolucionario


Monseñor
ETTORE BALESTRERO
Nunciatura Apostólica
Bogotá.

Reciba nuestro respetuoso saludo y por su intermedio a los compatriotas colombianos adscritos a la Iglesia de Roma. Nos regocijamos a la vez que lo felicitamos por el importante cargo que asume en un momento tan decisivo para el catolicismo mundial.


El representante de Cristo en la tierra ha dicho que: “en los tiempos que corren no se puede ser católico sino se es revolucionario”. Estas palabras surgidas de lo más profundo del corazón y la convicción de quien recién asciende al Trono de Pedro, tienen un significado singular y demuestran los deseos por una renovación sin parangón en el seno de la Iglesia.

La indígnate explotación, el hambre, la desnutrición, la injusticia, la violencia, las guerras de agresión, el desempleo, la corrupción generalizada, la falta de atención social, la discriminación; en fin, el sufrimiento a que son sometidos los pobres del planeta, hacen urgente que las gentes de buena voluntad, creyentes o no, aunemos esfuerzos en la defensa de la paz, la justicia social y la denuncia de sistemas político-económicos basados en el individualismo egoísta que atenta contra la existencia del mismo género humano.

Las palabras pronunciadas por su excelencia en el acto de presentación de credenciales como Nuncio Apostólico: “tengo el deseo de colaborar con la iglesia por el bien del país, por el bien de todos sus ciudadanos, por la protección de la paz, la defensa de la paz, la defensa de la familia, la vida humana y por el bien y la armonía entre los ciudadanos”, llegan a nuestros receptivos oídos y nos gustaría poder intercambiar opiniones para que conjuntamente busquemos caminos que nos permitan plasmar en la práctica tan loables propósitos.

Fraternalmente, Delegación de Paz de las FARC-EP.






La delegación de paz FARC-EP en La Habana presenta Diez Propuestas Mínimas para la Participación política



La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 19 de 2013



Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional 


Diez propuestas mínimas 


Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:

1.    Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2.    Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3.    Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4.    Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
5.    Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6.    Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7.    Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8.    Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América
9.    Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10.                      Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:

1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.


Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto.

La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.

La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral.

Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.

2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.


Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición.

El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP



martes, 18 de junio de 2013

Desde Brasil: La derecha latinoamericana intensifica la propaganda negra contra el proceso de paz entre la insurgencia y gobierno colombiano





Altoparlantes de la calumnia

Ricardo Tellez

Por Ricardo Tellez, comandante e integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana


Un despacho de la Agencia EFE, fechado el 12 del corriente, procedente de Río de Janeiro, Brasil y publicado por el Diario El Espectador en Colombia, detalla que el legislador de la Asamblea de Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, integrante del derechista Partido Progresista y vocero de los militares retirados, imputa a nuestra organización guerrillera la utilización de empresarios y hacendados de ese país, para “lavar” dineros procedentes del narcotráfico.

La falaz acusación se inscribe dentro de una coordinada campaña difamatoria promovida a nivel continental por las fuerzas más reaccionarias en contra de las FARC-EP, y más allá, en contra de los diálogos que sostenemos en la Habana con el gobierno colombiano.

El formato es el mismo en Bolivia, Chile, Paraguay, Perú. Seguramente lo pondrán a circular en otros países de la región. No nos extraña. Así funcionan los laboratorios de propaganda negra manejada por las inteligencias militares que elabora las perversidades para que sean difundidas por sus marionetas.

El policía Bolsanaro, trata de tapar el sol con un dedo. “Olvida” que ningún gobierno dialoga con narcotraficantes o con terroristas. Hoy el gobierno colombiano reconoce en su contraparte, en la Mesa de Conversaciones, a una organización político-militar que hace uso del derecho universal a la rebelión armada.

En la Habana, nos acompañan los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, artistas académicos, mujeres, indígenas, afrodescendientes personalidades; la inmensa mayoría de países de América Latina y del Caribe, brindan su respaldo a las conversaciones. La Unión Europea, el Vaticano, congresistas de los Estados Unidos y hasta el Departamento de Estado de esa nación se inclinan por la salida política.

Los últimos gobiernos del Brasil han mostrado respeto por nuestra lucha y se niegan a tildarnos de “terroristas” o de “narcotraficantes”; ello le ha permitido jugar un importante papel en la liberación de prisioneros de guerra en poder de las FARC-EP, en aportar a la paz de Colombia y del continente.

Valga la oportunidad para refrendar ante los pueblos y gobiernos de nuestra América, que ninguna unidad o destacamento de las FARC-EP realizan operaciones ofensivas contra ejércitos de naciones fronterizas, ni desarrollan actividades financieras por fuera de las fronteras patrias.

Nuestra política internacional se basa en la no injerencia en los asuntos internos de las naciones, el respeto a la soberanía, integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Buscamos que Colombia y nuestros vecinos podamos convivir en un inmenso territorio de paz-


La infamia y la calumnia son las asquerosas armas de las almas viles y hacen despreciables a los Bolsanaros, que repiten, como cotorras, los libretos redactados por la inteligencia militar. Es su contribución al jugoso negocio que es la guerra para ellos, razón por la cual se oponen a los intentos de paz.