La Habana,
República de Cuba.
Enero 22 de
2013.
Sede de los
diálogos por la paz con justicia social para Colombia.
COMUNICADO
Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en ejercicio de su
soberanía política y en desarrollo de su interlocución permanente con el
constituyente primario que es el pueblo, ponen en conocimiento los puntos
cuatro y cinco de la iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA PAZ DE COLOMBIA, la
cual se compone de Diez propuestas para una política de desarrollo rural y
agrario integral:
CUARTA PROPUESTA:
Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio,
del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos
sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la
protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua
por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias
étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas
de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la
producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización
de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros
de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de
pequeños y medianos productores en esos espacios; establezca límites y
estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las
economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de
generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca
regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a
la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su
reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para
transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su
legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales.
QUINTA PROPUESTA: Garantía
de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la
tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las
mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación
de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios
improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras
apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas
al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas,
de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el Fondo, se
procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin
tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de
propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la
superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades
Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno
a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre
la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas.
Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución
democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos.
El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios
campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos.
En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la
restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en
el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización
jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión
de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la
especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso,
del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un
instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser
directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras
ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización
inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos.
Delegación de Paz de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
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