 |
Santos llegó en julio 2012 al municipio de Toribio,
acompañado por 3.000 militares de las fuerzas especiales y con aviones y
helicópteros de guerra en el aire. A un kilómetro del casco urbano se encontraban los
retenes guerrilleros que fueron visitados por los periodistas. La inteligencia
militar tiene la tarea priorizada de reforzar su red de informantes, tanto en
Toribio como en la región caucana en donde las FARC es poder.
|
Organizaciones
indígenas acusan a sus propias autoridades de colaborar con la inteligencia
militar contra las FARC
ANNCOL
/2013-05-20 / En un comunicado publicado por
varias organizaciones indígenas del departamento del Cauca, los firmantes se
dirigen a sus propias autoridades con fuertes y serias críticas y hasta las
acusan de cooperar con la inteligencia militar que ha intensificado sus labores
en las regiones indígenas.
El 29 de abril se produjo un proceso en el municipio de Toribio para enjuiciar a 6
comuneros del resguardo de San Francisco detenidos por la guardia indígena,
acusados de ser milicianos de la guerrilla y responsable de la muerte de un indígena
de 14 años.
El
procedimiento fue fatal de punto de vista judicial y tres de los seis fueron
entregados a las autoridades penitenciaras estatales y sentenciados a 40 años
de cárcel. La decisión de entregar los indígenas al Estado fue elogiada por el comandante de la 3ª Brigada del Ejército
Nacional en Cali. Dicen los firmantes:
“Mientras tanto, el juzgamiento a los seis comuneros
detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa, negándoles la
palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando la entrada a
una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil personas), limitando
la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni testigos, con una
metodología acomodada y violando el orden del día establecido inicialmente”.
El Bloque de las FARC que opera en el Cauca es
el Bloque Occidente Alfonso Cano de las
FARC-EP. Es considerado por el Ejército Nacional y los “FARC-politólogos”
de ser el más fuerte de la guerrilla. Ha sido muy exitosa en la lucha política-militar.
Lleva tantos años en las montañas del Cauca como la existencia de las mismas FARC.
Y la pregunta clave y elemental que había que hacerse
es: ¿Es posible avanzar militarmente sin tener bases sociales-políticas?
 |
| La guerrillera e indígena Marlene. |
Todo periodista que ha realizado reportajes en
las regiones bajo control guerrillero o regiones en disputa con el Ejército, registra que los combatientes y mandos en muchos casos son de origen indígena. En
el Cauca la mayoría de los guerrilleros son indígenas.
Cuando Santos llegó al municipio de Toribio en
el mes de julio el año pasado, la guerrilla tenía retenes solo a un kilómetro del caso
urbano en las entradas y salidas de la ciudad. Sin tener una red de milicianos
entre las masas indígenas, que constituyen la mayoría de la población civil,
pues es imposible avanzar en el trabajo político-militar. Y en el caso del
Cauca, las FARC tienen presencia notable.
Y eso mantiene la inteligencia
militar permanentemente ocupada, tratando de organizar sus redes de “sapos” e
informantes. Y el mismo ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, ha declarado
varias veces que esa red de informantes ha sido determinante en la ubicación
de campamentos guerrilleros que han sido atacados y bombardeados, muchas veces
con resultados fatales para la guerilla.
Pero guerra es guerra.
Tanto “Timochenko”, máximo comandante del
Estado Mayor de las FARC como el mismo Bloque Occidental, respondieron el 13 y
15 de mayo respectivamente las sentencias y las declaraciones de la asamblea de las autoridades de ACIN y CRIC el 29 de abril, en donde las mencionadas autoridades tomaron una
decisión que fue duramente criticada. Ser cómplice con el Estado en el
conflicto social y armado provoca ahora reacciones de las mismas organizaciones
indígenas.
El Bloque Occidental de la guerrilla acusa abiertamente
a los voceros por actuar en contra los intereses de los pueblos indígenas:
“Hoy como
en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento
indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el
sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado,
adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el
paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Escué quien, como ha sido de
amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a
resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo
presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC).
En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA
para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios
indígenas”.
Y advierte a los responsables del ACIN y CRIC
por tomar decisiones como las del 29 de abril:
“Hemos dado la orden a todos los milicianos y
guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas.
Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos
de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC”.
El
comandante máximo de las FARC, Timoleón
Jiménez, dice en su carta, con un tono conciliador pero firme, a las
autoridades indígenas:
“Estamos
seguros, por ejemplo, de que el trabajo del médico tradicional Benancio
Taquinás con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y el Ejército,
que condujo a que unidades nuestras fueran reiteradamente bombardeadas o asaltadas,
con diversas pérdidas humanas y materiales, no era producto de la orden de
ninguna de las dignidades indígenas. Por su propia voluntad, él optó por
ponerse al servicio directo de las fuerzas militares en el desarrollo de la
guerra”.
Y
desmiente el jefe guerrillero las acusaciones contra los indígenas que fueron sentenciados a 40
años de cárcel:
“Lo que en
cambio perjudica y abre heridas muy difíciles de reparar, son procedimientos
sumarios y desacertados como los que refieren en su carta del 29 de abril. Como
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP les aseguro que ninguno de los indígenas capturados, juzgados y
condenados por ustedes en un día, tiene la menor responsabilidad en los hechos
que les imputaron, pese a lo cual varios de ellos fueron sentenciados a 40
años de cárcel. Tales absurdos, cometidos por ustedes mismos contra su propia
gente, antes que generar unidad y respeto hacia las autoridades de la
comunidad, apuntan a dividir esta y a sembrar futuros y graves enfrentamientos
que con sabias y prudentes decisiones hubieran podido evitarse”.
Y
son acusaciones contra ACIN y el CRIC que se refuerzan ahora con el comunicado
de varias organizaciones indígenas, comunicado que ANNCOL reproduce aquí:
Comunicado
a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos defensores de
derechos humanos y a las instituciones gubernamentales
Toribio
Cauca, 20 de mayo de 2013
Las organizaciones indígenas que conformamos
la COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (CAIC), surgimos en un
proceso de resistencia frente al histórico y sistemático abandono social por
parte del Estado colombiano. Hemos crecido en medio de múltiples dificultades y
nos ha sostenido la convicción de que sólo mediante la organización y la unidad
se puede lograr la libertad y la verdadera soberanía para los pueblos
indígenas. La inmensa mayoría de los miembros de estas organizaciones somos
indígenas que hemos padecido la injusticia social y -como todos nuestros
ancestros-, los atropellos de todos los gobiernos. Estamos vinculados en los censos
de los Cabildos, somos herederos de los sueños de nuestros mayores, amamos y
defendemos la madre tierra, y nos identificamos con las reivindicaciones y
luchas sociales del movimiento indígena.
Desde el inicio de nuestro proceso de
organización como asociaciones ABELINO UL, ASDECOIM, ARIZA, AITPROA (antes
LORENZO RAMOS), MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME,
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL (MISAK) y ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA
DENTRO; hemos sido perseguidos políticamente, injustamente enjuiciados y
encarcelados y hasta víctimas de atentados a la vida; acusados de tener
vínculos con la Insurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico; vulnerados
en nuestros derechos económicos, políticos, sociales y culturales por parte de nuestros
propios hermanos: algunos dirigentes de la Acin, el Cric, el Proyecto Nasa, Proyecto
Global y algunos autoridades de los cabildos indígenas. Entre ellos Alcibíades
Escue, Danilo Secue, cura español y consejero mayor del cric Jesús Chaves,
Nelson Lemus, Pablo Tatai y Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo
Escue, Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo; lo hacen en
asambleas, espacios públicos, comunicados y por las emisoras comunitarias
indígenas.
Los casos más recientes consisten en amenazas,
calumnias y montajes contra algunos de nuestros dirigentes comunitarios, entre
ellos Clara Isabel Cerón Caicedo, Julio César Secue, Jesús Mestizo, José Omar
Vitonás, Alberto Guejia, entre muchos otros. Habiéndose rebosado la copa el 29
de abril del año en curso, durante la asamblea pública comunitaria realizada en
el municipio de Toribio para enjuiciar a 6 comuneros del resguardo de San
Francisco detenidos por la guardia indígena. En esta ocasión nuestras
organizaciones han sido irresponsablemente sindicadas por los dirigentes de la
Acin y el Cric de ser parte del plan estratégico de las FARC, al tiempo que les
dan el calificativo de organizaciones “paraguerrilleras”.
La asamblea, cuyo quorum solo lo logran
convocando comuneros de 19 cabildos, fue dirigida y manipulada por los
nombrados dirigentes, quienes la convirtieron en un juicio acusatorio contra
las organizaciones de la COIC y contra otras organizaciones sociales hermanas
como la RED DE DERECHOS HUMANOS FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES, las ZONAS DE
RESERVA CAMPESINA y el MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTERETNICA, MUTE.
Mientras tanto, el juzgamiento a los seis
comuneros detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa,
negándoles la palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando
la entrada a una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil
personas), limitando la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni
testigos, con una metodología acomodada y violando el orden del día establecido
inicialmente.
A pesar de tan infame manipulación, por
exigencia de la misma asamblea fueron exonerados de los cargos y liberados
cuatro de los detenidos, habiendo sido víctimas de un grave daño moral y
político que la autoridad indígena está obligada a resarcir. No obstante, dos
de los detenidos fueron condenados a cuarenta años de cárcel y entregados al
INPEC, por un asesinato del cual no se presentaron pruebas ni testigos, en un
juicio ilegítimo por político y amañado, vergonzoso, que cuestiona en toda su
dimensión el valor y el carácter de la llamada “justicia propia” que vienen
aplicando los cabildos indígenas del norte del Cauca y pone en tela de juicio
su legitimidad y autoridad.
Por todo lo anterior, las organizaciones
indígenas asociadas en la CAIC:
DENUNCIAMOS
Al señor Feliciano Valencia, candidato a la
presidencia de la República por el movimiento político País Común, vocero de la
Minga Social y Comunitaria, por azuzar las contradicciones y provocar
enfrentamiento entre sectores del pueblo indígena NASA, realizando toda clase
de señalamientos, calumnias y persecuciones contra las organizaciones,
dirigentes y comuneros que disienten de la política totalitaria, con
fundamentos racistas y fascistas que adelantan las actuales dirigencias de la
Acin y el Cric.
RESPONSABILIZAMOS
A la dirigencia indígena de la Acin y el Cric,
en cabeza de los señores Alcibíades Escue, Danilo Secue, Jesús Chaves, Nelson
Lemus, Pablo Tatai, Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo Escue,
Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo de las consecuencias que
puedan traer contra la vida, la libertad e integridad de las personas los
irresponsables señalamientos, intrigas y calumnias hechas contra nuestros
dirigentes, organizaciones y comuneros.
Por tratarse de una clara y grave violación a
los derechos humanos debido a los señalamientos que ponen en riesgo nuestras
vidas, integridad personal y libertad.
SOLICITAMOS
1. A los organismos
defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Defensoría
del Pueblo Regional y nacional, una veeduría permanente que nos garantice
ejercer nuestros derechos a la luz de la legislación indígena y de la
Constitución Nacional.
2. Que las
instituciones del Estado competentes, como la Defensoría del Pueblo Regional y
nacional y la Procuraduría se apersonen de este caso, ejerzan veeduría y hagan
seguimiento para que nos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos.
3. Un
pronunciamiento del Ministerio Publico -representado en la mentada asamblea por
el personero Juan Carlos Chamorro-, quien no dio ningún concepto sobre la
vulneración de los derechos humanos de los comuneros apresados, frente al
proceso irregular de la asamblea ni contra las calumniosas afirmaciones en
contra de nuestros dirigentes y organizaciones.
4. Que se
esclarezca el caso del asesinato del compañero Alfredo Ríos acaecido el 23 de
julio de 2011 -y del conductor William Poto-, quien hizo parte del MOVIMIENTO
DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA - MUTE, y sobre el cual hay acusaciones en
contra de algunos dirigentes de los cabildos, según denuncias de uno de los
comuneros detenidos y juzgados en la asamblea del 29 de
abril de 2013 en el CECIDIC, resguardo de San Francisco.
LLAMAMOS
Al Comité Ejecutivo de la Organización
Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la cual aún reconocemos, con el fin de
que interceda para lograr superar de forma civilizada y en bien del pueblo NASA
en su conjunto, las diferencias entre dos sectores importantes de la comunidad
en el norte del Cauca.
INVOCAMOS
Los buenos oficios de la Organización de
Naciones Unidas –ONU-, para que reclame al Estado colombiano garantías a la
vida, la libertad e integridad física y moral de todos los comuneros que hacen
parte de las organizaciones de la COIC y a sus familias, así como nuestros
derechos que como indígenas y ciudadanos colombianos nos asisten.
Clamamos por la solidaridad de las
organizaciones indígenas y populares nacionales e internacionales y por su
acompañamiento en la defensa de nuestros derechos vulnerados.
Manifestamos nuestra firme disposición de
seguir trabajando para fortalecer nuestros procesos organizativos en bien de
las comunidades indígenas, por el buen manejo de los recursos de transferencias
y de cooperación internacional. Igualmente mantenemos en alto nuestro ánimo
unitario, por la integración del pueblo NASA; el rescate de nuestras
tradiciones y nuestra cultura; y por un gobierno propio, generoso con las
comunidades humildes, que haga honor a nuestros antepasados que resistieron al dominio
español y a los gobiernos excluyentes de la era republicana, como fueron Juan
Tama, Manuel Quintín Lame, el padre Álvaro Ulcué y Abelino Ul, entre otros.
Atentamente,
ASOCIACIONES INDÍGENAS ABELINO UL, ASDECOIM,
ARIZA y AITPROA, MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME,
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL –MISAK-, ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA
DENTRO; MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA – MUTE; CONVERGENCIA DE
ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (COIC).
Fuente:
Cifuentes:
Cartas de las FARC a las autoridades indígenas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario