Por: Daniela Santos, Estructura Simón Rodríguez – MB
Suroccidente de Colombia
EL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO en el cual está sumida nuestra patria desde antes de la República,
pasando por la etapa histórica llamada “La Violencia” a finales de la cuarta
década del siglo pasado está enmarcado en la lucha por la tenencia de la tierra
en el contexto de la violencia bipartidista. Se da inicio a la resistencia
campesina en respuesta a la guerra desatada por terratenientes y latifundistas
en complicidad con el gobierno oligárquico de turno, es así como los campesinos
desplazados se organizan y se ubican en diversas regiones de nuestro país como
Marquetalía, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, a las cuales el gobierno
denomina como “repúblicas independientes”. Las exigencias por parte de los
campesinos hacia el Estado incluían mayor inversión en programas sociales,
escuelas y salud, además de inversión para trabajar la tierra con garantías, la
respuesta a dichas peticiones fueron las más brutales represiones. El 18 de
mayo de 1964 se da inicio a la operación Marquetalia, fundamentada en el plan
LASO diseñado por el pentágono gringo, agotada entonces la vía pacífica los
campesinos no tiene otra opción que optar por la vía armada. Es en este
contexto que el 27 de mayo de 1964 tienen nacimiento las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes hasta hoy luchan de forma
organizada como un verdadero Ejército del Pueblo por el derrocamiento del
régimen caduco, la edificación de la Nueva Colombia, la Patria Grande y el
Socialismo.
Con la
iniciativa de poner fin al conflicto social y armado que desde hace más de 6
décadas desangra nuestra patria, Las FARC-EP una vez más se han acercado al
gobierno, esta vez de Juan Manuel Santos para proponer una salida política a la
guerra, es por esto que han acordado instaurar una mesa de conversaciones que
busca llegar a unos acuerdos de paz, mesa que nacerá el 15 de octubre de 2012
en Oslo – Noruega. El primer punto de la agenda general de negociación firmada
por ambas partes, es la Política de desarrollo agrario integral. El documento
principal señala que “el desarrollo agrario integral es determinante para
impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico
equitativo del país”, los tópicos que incluye este primer punto son:
1.
Acceso y uso de la tierra. Tierras
improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de
zonas de reserva
2.
Programa de desarrollo con enfoque
territorial, Infraestructura y adecuación de tierras.
3.
Desarrollo social: salud,
educación, erradicación de la pobreza.
4.
Estímulo a la producción
agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica.
Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
5.
Sistema de seguridad alimentaria.
El enfoque dado
al tema agrario por el gobierno y las FARC-EP son disímiles, en sus
intervenciones el presidente Juan Manuel Santos, habla del desarrollo rural,
sustentado en la famosa “revolución agraria” ampliamente publicitada durante su
gobierno, que incluye el “proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural”
y la nefasta “ley de víctimas y restitución de tierras”, con la cual de la
forma más cínica se sustenta jurídicamente la desposesión violenta y el desarraigo
forzoso de más de 7 millones de hectáreas pertenecientes al campesinado
colombiano en manos de los agentes del Terrorismo de
Estado, instaurado desde hace décadas y que se recrudeció ampliamente
durante el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe Vélez, del cual Juan Manuel
Santos fue Ministro Defensa y responsable de los crímenes de Estado, mal
llamados ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
El proyecto de
ley general agraria y de desarrollo rural avalado por el actual gobierno
pretende definir los derechos de propiedad y reordenar
la cartografía de acuerdo a ella, delimitar las zonas de reserva
campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades
afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos. Actualmente
en nuestro país el 53,5 % de la tierra apta para cultivar está en manos de
2.428 familias oligárquicas, que representan el 1,15% de la población, mientras
que las 2.2 millones de familias campesinas sólo disponen de pequeñas y
medianas posesiones y se ven sometidas a sobrevivir en condiciones indignas en
el área restante, lo cual según elInforme de Desarrollo Humano Colombia 2011,
convierte a nuestro país en uno de los que registra los niveles de desigualdad
más altos de Nuestra América. Es claro que con su propuesta el presidente no
pretende dar solución a esta problemática sino continuar con la entrega del
país a las trasnacionales y promover con más eficacia la acumulación
capitalista, para lo cual organiza el mercado de tierras, favorece la incursión
y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento
de la tierra para su depredación, facilita la explotación a fondo, dando garantías arancelarias al capital,
de los inversionistas extranjeros o foráneos, para que accedan a las concesiones
sobre los territorios y a los que llaman “derechos de superficie”.
En contraste
con esto, desde sus inicios las FARC-EP han consagrado su justa lucha
revolucionaria por el establecimiento de un régimen político democrático que
garantice la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y un
desarrollo económico con bienestar para todos los que vivimos en Colombia, con
la consigna de que la tierra debe ser de quien la trabaja, en el programa
agrario de los guerrilleros proponen una Política agraria, siendo ésta uno de
los doce puntos de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, con la cual
se propone democratizar el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo,
brindar estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria y proteccionismo
estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su
propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la
comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la
tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y
proteja del arrasamiento nuestras reservas. Al igual que brindar ayuda
permanente para el mercadeo nacional e internacional de los productores
colombianos.
Teniendo en
cuenta que en nuestro país el conflicto social y armado está directamente
ligado con la tenencia desigual de la tierra, será necesario que el gobierno
trascienda a su visión simplista del problema, reconozca que más que un paquete
de reformas y medidas burocráticas como las promovidas por el tan nombrado
proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural , nuestra patria requiere
de la implementaciónde una reforma agraria integral, en defensa de nuestro
pueblo y soberanía nacional, tal como lo proponen las FARC-EP, que se consolida
como una verdadera alternativa que nos conduzca a la tan anhelada paz con
justicia social.
Referencias
bibliográficas:
-Los
posibles puntos de negociación entre el gobierno y las FARC, publicado en
Revista Semana. Disponible en: http://m.semana.com/nacion/posibles-puntos-negociacion-entre-gobierno-farc/183613-3.aspx
-La
tierra en Colombia. Los verdaderos autores del despojo, por Jesús Santrich,
Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, publicado en Resistencia,
marzo-abril 2012. Disponible en: www.resistencia-colombia.org
-Programa
agrario de los guerrilleros de las FARC-EP.
-Plataforma
Bolivariana por la Nueva Colombia.
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