Debate en ANNCOL: ¿Ciudadano rural o campesino?

Campesino en Guaviare que cultivaba tomates hasta que la aviación colombiana

rocía glisofato a sus cultivos.

Por Bernardo Salcedo

En el marco de la denominada “nueva ruralidad”, hay coincidencia en la tendencia neoliberal a la descampesinización del agro y en la necesidad de contar con nuevas conceptualizaciones para abordar los fenómenos asociados con las identidades y las prácticas campesinas en las dinámicas rurales actuales. Y para ello los tecnócratas recurren a conceptos sociológicos que pretenden no solo desfigurar la existencia de esas invidualidades y colectividades como grupo social, sino para desconocerle sus derechos a mas de 4 millones de personas como sujetos de derechos.

Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas que tienen como principal objetivo la producción de diversos tipos de alimentos o sus derivados. Por lo general, un campesino puede producir estos elementos tanto para su subsistencia (consumo propio) o para comercializarlos en el mercado y obtener a partir de ello algunos ingresos para cubrir sus demás necesidades. Las campesinas y los campesinos son culturalmente diversos y demandan mecanismos especiales para declarar, o negar su aprobación a favor de los proyectos que pretendan intervenir sus territorios. Frente a la posibilidad de convertirlos en una cantera de energía, las campesinas y campesinos exigen priorizar la producción de alimentos, como clave de soberanía, seguridad y autonomía alimentarias para el pueblo colombiano

Las decisiones para la implementación del Desarrollo Rural y Reforma Agraria, deben garantizar la consulta previa, la participación y decisión de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en cada uno de los niveles territoriales (Nación, Departamento, Municipio) variando la composición en cada nivel y territorio, acorde con la diversidad étnica y cultural. Por ello plateamos que a los campesinos, como esta establecido para indígenas y afrodescendientes, se respete su derecho constitucional a decidir y ser consultados en todo lo que nos afecte. Art. 79 Constitución Política Nacional (“…La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”).

En 1991, la Ley 21 ratificó, por parte del Estado colombiano, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, negritudes y Tribales promulgado por la OIT, que contiene la figura de la consulta previa, la cual se encuentra respaldada además por la Constitución colombiana. Nosotros coincidimos con las comunidades indígenas, y propugnamos en la necesidad de reglamentarla de tal forma que se incluya el derecho al veto, se amplíe el plazo que tienen las empresas para informarle a las comunidades y en general, por el establecimiento de plenos derechos, civiles, económicos, culturales y políticos para todas las comunidades rurales que integran la diversidad étnica y cultural de indígenas, afrodescendientes, tribales y campesinos (as) como se compone la sociedad rural.

Ello implica una Reforma Constitucional que no podría ser tramitada por el actual Congreso de la Republica por impedimentos éticos, morales y políticos que no estarían interesados a realizar porque afecta intereses. Corresponde pues a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa hacerlo. Si realmente estamos pensando en la posibilidad de la paz estable y duradera. Solo un Movimiento masivo de la población popular Colombiana puede garantizar con su coordinación, su unidad y su lucha; aislar a quienes no quieren la paz y obligar al estado a producir las modificaciones a la estructura y funcionamiento de dicha Junta Administradora que tiene la oligarquía y el imperialismo como gobierno, como requisito para lograr las trasformaciones democráticas que necesita nuestro amado país y Latinoamérica, para construir en el futuro ”la mayor suma de felicidad para los pueblos” como lo soñara nuestro Libertador..

Por eso, para nosotros el problema no es sólo la “tenencia” sino también y particularmente el cómo se ha llegado a la CONCENTRACION Y DESPOJO, legal o ilegal, violenta o tramposa de las tierras en Colombia, hoy en manos de usurpadores latifundistas, narcotraficantes, grandes ganaderos, paramilitares, congresistas, ministros, empresarios y trasnacionales. Y lo que es igualmente grave, la forma como se vienen expidiendo licencias ambientales, de exploración o de explotación minero-energética sin consulta previa o burlando a las comunidades rurales, expedidas sin control ni registro de hectáreas concesionadas por distintos gobiernos convirtiéndose en una verdadera TITULACION LEGAL DEL SAQUEO A LAS COMUNIDADES RURALES.