Guerrilleros de las FARC en el departamento del Guaviare, un fortín donde fue retenido el soldado estadounidense.

Las FARC capturan marino estadounidense experto en antiexplosivos y con experiencia de la guerra en Afganistán

Por Dick Emanuelsson
Sub director ANNCOL

ANNCOL / 2013-07-20 / Guerrilleros de las FARC capturaron a un soldado profesional norteamericano hace un mes. A pesar que Estados Unidos tienen tres guerrilleros presos en Estados Unidos, las FARC dicen estar dispuestas de entregar el militar a “una comisión humanitaria en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, un delegado de la comunidad de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja”.

En un comunicado del máximo órgano de la insurgencia de las FARC-EP, el Secretariado del Estado Mayor Central, informa que el militar norteamericano fue capturado en el municipio de El Retorno en el departamento del Guaviare, el 20 de junio. Durante el mes transcurrido, todo indica que la inteligencia de la guerrilla ha trabajado para adquirir informaciones y elementos para precisar la hoja de vida de Kevin Scott Sutay, nacido en la ciudad de Nueva York, según el pasaporte No. 488667176, expedido el 03 de febrero de 2012.

Kevin Scott Sutay ingresó a Colombia el 8 de junio y parece que quedó muy poco tiempo en Bogota. Se trasladó a San José del Guaviare (punto rojo) en avión y de ahí por tierra al municipio de El Retorno, si no es que las FF.MM. colombianas o los militares estadounidenses lo llevaron en helicóptero. El 20 de junio fue retenido por la guerrilla en El Retorno.

Según el comunicado, que ANNCOL reproduce abajo, el norteamericano ingresó a Colombia el 8 de junio, proveniente de México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No se sabe cuando llegó a San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare. En esta ciudad selvática, hay gran presencia de militares estadounidenses y dos bases militares del Ejército y la Policía Antinarcótica.

Lo que llama la atención es la presencia de un gringo en regiones que son bastiones históricamente de la guerrilla de las FARC donde la guerrilla posee cuatro frentes guerrilleros.

Según el comunicado de la guerrilla, el militar Kevin Scott Sutay “asegura haber sido miembro de la Armada de los Estados Unidos desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el día 22 de marzo de 2013 y según su propia versión participó en la guerra de Afganistán entre los años 2010 y 2011 donde se desempeñó como experto antiexplosivos, especialista en desminados, como integrante de la compañía 541 ST del batallón 54 TN de ingeniería”.

Guerrilleros de las FARC-EP (archivo).

Si ya era desmovilizado del Ejército estadounidense, ¿qué hacía en un departamento donde cada paso es observado por los actores del conflicto social y armado y en donde hay muchos campos minados?

Según el portal en Internet de la Embajada estadounidense en Bogota, hay fuertes restricciones para viajar a los ciudadanos estadounidenses que visitan el país o que son residentes en Colombia:

“Funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus familiares en Colombia pueden viajar a las principales ciudades del país, pero normalmente sólo por vía aérea. Ellos no pueden usar el transporte en autobús interregionales o en la ciudad o viajar por carretera fuera de las zonas urbanas por la noche. Funcionarios del gobierno de EE.UU. y sus familias en Colombia deben presentar una solicitud para viajar a cualquier zona de Colombia fuera de dos áreas generales” [1].

La advertencia que hace la embajada estadounidense en Bogota a sus compatriotas en visita en Colombia
o los residentes en el país sobre cómo deben o no deben viajar en el país.

Militares estadounidenses objetivos militares como ocupantes

 

No es un secreto que militares estadounidenses en Colombia tienen más restricciones por ser considerados objetivos militares de la guerrilla ya que los ven como ocupantes. Son aproximadamente 2000 oficiales norteamericanos que operan desde las siete bases militares estadounidenses o que trabajan como asesores de las FF.MM. colombianas en la guerra contrainsurgente.

Según el diario El Tiempo, ni la embajada de EE.UU. en Bogota ni el Ejército Nacional han confirmado la desaparición del soldado estadounidense. No significa que no estén informados sobre la suerte del Kevin Scott Sutay.

San José del Guaviare es la capital en el departamento del Guaviare. El Comando Sur posee ahí de una base de entrenamiento militar, El Barrancón. En enero de 1997, cuatro embarcaciones repletas de paramilitares armados hasta los dientes pasaron varios retenes fluviales del Río Guaviare, entre ellos el retén de la base militar El Barrancón. El destino de los paramilitares era el municipio de Mapiripan donde cometieron una de las peores masacres en la historia de Colombia, asesinando, violando y mutilando aproximadamente 50 pobladores. Dice Eduardo Carreño, abogado del Colectivo de abogados CAJAR, en entrevista al periodista José Abelardo Díaz, en febrero de 2012:

“Adicionalmente hay una tesis que no se ha investigado y es la que incluye o vincula a miembros de las tropas norteamericanas que están acantonadas en el Barrancón, en el Guaviare entre San José y Mapiripán; esa es la base militar de entrenamiento o reentrenamiento de las fuerzas militares de lucha contraguerrillera. 

Cuando se hace el traslado de los grupos paramilitares hacia San José del Guaviare hay una operación muy grande entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea. Hay que trasladar dos aviones desde Villavicencio (45 minutos de vuelo desde la capital del Meta, nota ANNCOL) y desde Medellín hacia el Urabá antioqueño (en el extremo norte de Colombia, nota ANNCOL) para traer a cerca de 85 paramilitares, según lo han confesado ellos mismos. Esa operación contó con la colaboración de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía del Urabá antioqueño y son estas entidades las que no han sido investigadas. Eso está en la absoluta impunidad. 

Los aviones llegan a San José del Guaviare, efectivamente, y sacan a los paramilitares en camiones. Esto ocurre en un aeropuerto que está militarizado y es, además, la base fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ahí entran los aviones y los camiones de los paramilitares y los sacan sin que pase nada. 

Después de eso los paramilitares son trasladados a Puerto Alvira por la trocha ganadera y a través de las lanchas por el río Guaviare, pasando por la base militar del Barrancón. Es decir, los militares de la base (norteamericana) vieron pasar a los paramilitares que iban por el río. Eso la opinión pública no lo conoce.[2]

Uno de las 50 víctimas de la masacre en Mapiripan. La mayoría fueron desmembrados en
matadero local. Los restos fueron botados al Río Guaviare por los paramilitares.

Sin duda la captura guerrillera del militar estadounidense, activo o retirado, en una de las regiones más conflictivas de Colombia, es una papa caliente para la Embajada y la administración de JM Santos. No creemos que el experto en antiexplosivos y especialista cómo desactivar campos minados en la guerra de Afganistán, haya llegado a Guaviare para estudiar e investigar sobre las hermosas mariposas que tiene el departamento.

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CAPTURADO SOLDADO NOTEAMERICANO

• Escrito por  FARC-EP.co 
• Sábado, 20 Julio 2013 00:00

 COMUNICADO

El Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP informa a la opinión pública nacional e internacional que el día 20 de junio de 2013 en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, fue capturado el soldado norteamericano Kevin Scott Sutay, nacido en la ciudad de New York, según el pasaporte no. 488667176 expedido el 03 de febrero de 2012, que portaba al momento de ser detenido por unidades guerrilleras.

El mencionado ciudadano norteamericano asegura haber sido miembro de la Armada de los Estados Unidos desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el día 22 de marzo de 2013 y según su propia versión participó en la guerra de Afganistán entre los años 2010 y 2011 donde se desempeñó como experto antiexplosivos, especialista en desminados, como integrante de la compañía 541 ST del batallón 54 TN de ingeniería.

Su ingreso a Colombia lo habría hecho el 8 de junio de 2013, siguiendo la ruta México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Bogotá, San José del Guaviare, sede de la base militar del Barrancón, donde es conocida de tiempo atrás la presencia de militares norteamericanos.

La captura del soldado Kevin pone de manifiesto la activa participación sobre el terreno, de militares y mercenarios norteamericanos en operaciones de contra insurgencia en las que aparecen bajo el eufemismo de contratistas, forma privatizada de las fuerzas de intervención imperial, propia de la era de la globalización capitalista, que les permite explotar otro filón del negocio de la guerra con un menor costo político para sus campañas agresión y rapiña contra los pueblos.

Negocio criminal del que aspiran a ser parte el Presidente Santos, su ministro de defensa y los generales, cuando anuncian a los cuatro vientos la suscripción de un acuerdo de cooperación con la OTAN, posicionando a Colombia como oferente de servicios de este tipo de fuerzas mercenarias a disposición de los planes de intervención y pillaje imperial en todos los rincones del planeta.

A pesar del derecho que nos asiste para mantener al soldado Kevin Scott como prisionero de guerra, hemos tomado la decisión política de liberarlo como un gesto que se enmarca dentro del ambiente de las conversaciones que se adelantan en La Habana con el gobierno colombiano, en búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto social y armado en nuestro país.

Para tal fin solicitamos la integración de una comisión humanitaria en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, un delegado de la comunidad de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Montañas de Colombia, julio 19 de 2013.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Santos llegó en julio 2012 al municipio de Toribio, acompañado por 3.000 militares de las fuerzas especiales y con aviones y helicópteros de guerra en el aire. A un kilómetro del casco urbano se encontraban los retenes guerrilleros que fueron visitados por los periodistas. La inteligencia militar tiene la tarea priorizada de reforzar su red de informantes, tanto en Toribio como en la región caucana en donde las FARC es poder.

Organizaciones indígenas acusan a sus propias autoridades de colaborar con la inteligencia militar contra las FARC

ANNCOL /2013-05-20 / En un comunicado publicado por varias organizaciones indígenas del departamento del Cauca, los firmantes se dirigen a sus propias autoridades con fuertes y serias críticas y hasta las acusan de cooperar con la inteligencia militar que ha intensificado sus labores en las regiones indígenas.

El 29 de abril se produjo un proceso en el municipio de Toribio para enjuiciar a 6 comuneros del resguardo de San Francisco detenidos por la guardia indígena, acusados de ser milicianos de la guerrilla y responsable de la muerte de un indígena de 14 años.

El procedimiento fue fatal de punto de vista judicial y tres de los seis fueron entregados a las autoridades penitenciaras estatales y sentenciados a 40 años de cárcel. La decisión de entregar los indígenas al Estado fue elogiada por el comandante de la 3ª Brigada del Ejército Nacional en Cali. Dicen los firmantes:

“Mientras tanto, el juzgamiento a los seis comuneros detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa, negándoles la palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando la entrada a una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil personas), limitando la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni testigos, con una metodología acomodada y violando el orden del día establecido inicialmente”.

El Bloque de las FARC que opera en el Cauca es el Bloque Occidente Alfonso Cano de las FARC-EP. Es considerado por el Ejército Nacional y los “FARC-politólogos” de ser el más fuerte de la guerrilla. Ha sido muy exitosa en la lucha política-militar. Lleva tantos años en las montañas del Cauca como la existencia de las mismas FARC.

Y la pregunta clave y elemental que había que hacerse es: ¿Es posible avanzar militarmente sin tener bases sociales-políticas?

La guerrillera e indígena Marlene.

Todo periodista que ha realizado reportajes en las regiones bajo control guerrillero o regiones en disputa con el Ejército, registra que los combatientes y mandos en muchos casos son de origen indígena. En el Cauca la mayoría de los guerrilleros son indígenas.

Cuando Santos llegó al municipio de Toribio en el mes de julio el año pasado, la guerrilla tenía retenes solo a un kilómetro del caso urbano en las entradas y salidas de la ciudad. Sin tener una red de milicianos entre las masas indígenas, que constituyen la mayoría de la población civil, pues es imposible avanzar en el trabajo político-militar. Y en el caso del Cauca, las FARC tienen presencia notable.

Y eso mantiene la inteligencia militar permanentemente ocupada, tratando de organizar sus redes de “sapos” e informantes. Y el mismo ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, ha declarado varias veces que esa red de informantes ha sido determinante en la ubicación de campamentos guerrilleros que han sido atacados y bombardeados, muchas veces con resultados fatales para la guerilla.

Pero guerra es guerra.

Tanto “Timochenko”, máximo comandante del Estado Mayor de las FARC como el mismo Bloque Occidental, respondieron el 13 y 15 de mayo respectivamente las sentencias y las declaraciones de la asamblea de las autoridades de ACIN y CRIC el 29 de abril, en donde las mencionadas autoridades tomaron una decisión que fue duramente criticada. Ser cómplice con el Estado en el conflicto social y armado provoca ahora reacciones de las mismas organizaciones indígenas.

El Bloque Occidental de la guerrilla acusa abiertamente a los voceros por actuar en contra los intereses de los pueblos indígenas:

“Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Escué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas”.

Y advierte a los responsables del ACIN y CRIC por tomar decisiones como las del 29 de abril:

“Hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC”.

El comandante máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, dice en su carta, con un tono conciliador pero firme, a las autoridades indígenas:

“Estamos seguros, por ejemplo, de que el trabajo del médico tradicional Benancio Taquinás con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y el Ejército, que condujo a que unidades nuestras fueran reiteradamente bombardeadas o asaltadas, con diversas pérdidas humanas y materiales, no era producto de la orden de ninguna de las dignidades indígenas. Por su propia voluntad, él optó por ponerse al servicio directo de las fuerzas militares en el desarrollo de la guerra”.

Y desmiente el jefe guerrillero las acusaciones contra los indígenas que fueron sentenciados a 40 años de cárcel:

“Lo que en cambio perjudica y abre heridas muy difíciles de reparar, son procedimientos sumarios y desacertados como los que refieren en su carta del 29 de abril. Como Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP les aseguro que ninguno de los indígenas capturados, juzgados y condenados por ustedes en un día, tiene la menor responsabilidad en los hechos que les imputaron, pese a lo cual varios de ellos fueron sentenciados a 40 años de cárcel. Tales absurdos, cometidos por ustedes mismos contra su propia gente, antes que generar unidad y respeto hacia las autoridades de la comunidad, apuntan a dividir esta y a sembrar futuros y graves enfrentamientos que con sabias y prudentes decisiones hubieran podido evitarse”.

Y son acusaciones contra ACIN y el CRIC que se refuerzan ahora con el comunicado de varias organizaciones indígenas, comunicado que ANNCOL reproduce aquí:

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos defensores de derechos humanos y a las instituciones gubernamentales

Toribio Cauca, 20 de mayo de 2013

Las organizaciones indígenas que conformamos la COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (CAIC), surgimos en un proceso de resistencia frente al histórico y sistemático abandono social por parte del Estado colombiano. Hemos crecido en medio de múltiples dificultades y nos ha sostenido la convicción de que sólo mediante la organización y la unidad se puede lograr la libertad y la verdadera soberanía para los pueblos indígenas. La inmensa mayoría de los miembros de estas organizaciones somos indígenas que hemos padecido la injusticia social y -como todos nuestros ancestros-, los atropellos de todos los gobiernos. Estamos vinculados en los censos de los Cabildos, somos herederos de los sueños de nuestros mayores, amamos y defendemos la madre tierra, y nos identificamos con las reivindicaciones y luchas sociales del movimiento indígena.

Desde el inicio de nuestro proceso de organización como asociaciones ABELINO UL, ASDECOIM, ARIZA, AITPROA (antes LORENZO RAMOS), MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL (MISAK) y ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA DENTRO; hemos sido perseguidos políticamente, injustamente enjuiciados y encarcelados y hasta víctimas de atentados a la vida; acusados de tener vínculos con la Insurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico; vulnerados en nuestros derechos económicos, políticos, sociales y culturales por parte de nuestros propios hermanos: algunos dirigentes de la Acin, el Cric, el Proyecto Nasa, Proyecto Global y algunos autoridades de los cabildos indígenas. Entre ellos Alcibíades Escue, Danilo Secue, cura español y consejero mayor del cric Jesús Chaves, Nelson Lemus, Pablo Tatai y Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo Escue, Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo; lo hacen en asambleas, espacios públicos, comunicados y por las emisoras comunitarias indígenas.

Los casos más recientes consisten en amenazas, calumnias y montajes contra algunos de nuestros dirigentes comunitarios, entre ellos Clara Isabel Cerón Caicedo, Julio César Secue, Jesús Mestizo, José Omar Vitonás, Alberto Guejia, entre muchos otros. Habiéndose rebosado la copa el 29 de abril del año en curso, durante la asamblea pública comunitaria realizada en el municipio de Toribio para enjuiciar a 6 comuneros del resguardo de San Francisco detenidos por la guardia indígena. En esta ocasión nuestras organizaciones han sido irresponsablemente sindicadas por los dirigentes de la Acin y el Cric de ser parte del plan estratégico de las FARC, al tiempo que les dan el calificativo de organizaciones “paraguerrilleras”.

La asamblea, cuyo quorum solo lo logran convocando comuneros de 19 cabildos, fue dirigida y manipulada por los nombrados dirigentes, quienes la convirtieron en un juicio acusatorio contra las organizaciones de la COIC y contra otras organizaciones sociales hermanas como la RED DE DERECHOS HUMANOS FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES, las ZONAS DE RESERVA CAMPESINA y el MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTERETNICA, MUTE.

Mientras tanto, el juzgamiento a los seis comuneros detenidos se desarrolló sin las mínimas garantías de defensa, negándoles la palabra y acallando a los participantes en la asamblea, cerrando la entrada a una parte importante de la comunidad (aproximadamente mil personas), limitando la palabra a los acusados y familiares, sin pruebas ni testigos, con una metodología acomodada y violando el orden del día establecido inicialmente.

A pesar de tan infame manipulación, por exigencia de la misma asamblea fueron exonerados de los cargos y liberados cuatro de los detenidos, habiendo sido víctimas de un grave daño moral y político que la autoridad indígena está obligada a resarcir. No obstante, dos de los detenidos fueron condenados a cuarenta años de cárcel y entregados al INPEC, por un asesinato del cual no se presentaron pruebas ni testigos, en un juicio ilegítimo por político y amañado, vergonzoso, que cuestiona en toda su dimensión el valor y el carácter de la llamada “justicia propia” que vienen aplicando los cabildos indígenas del norte del Cauca y pone en tela de juicio su legitimidad y autoridad.

Por todo lo anterior, las organizaciones indígenas asociadas en la CAIC:

DENUNCIAMOS

Al señor Feliciano Valencia, candidato a la presidencia de la República por el movimiento político País Común, vocero de la Minga Social y Comunitaria, por azuzar las contradicciones y provocar enfrentamiento entre sectores del pueblo indígena NASA, realizando toda clase de señalamientos, calumnias y persecuciones contra las organizaciones, dirigentes y comuneros que disienten de la política totalitaria, con fundamentos racistas y fascistas que adelantan las actuales dirigencias de la Acin y el Cric.

RESPONSABILIZAMOS

A la dirigencia indígena de la Acin y el Cric, en cabeza de los señores Alcibíades Escue, Danilo Secue, Jesús Chaves, Nelson Lemus, Pablo Tatai, Libio Tatai, Aida Quilcué, Gabriel Paví, Leonardo Escue, Feliciano Valencia, Félix Escue y Florencio Mestizo de las consecuencias que puedan traer contra la vida, la libertad e integridad de las personas los irresponsables señalamientos, intrigas y calumnias hechas contra nuestros dirigentes, organizaciones y comuneros.

Por tratarse de una clara y grave violación a los derechos humanos debido a los señalamientos que ponen en riesgo nuestras vidas, integridad personal y libertad.

SOLICITAMOS

1. A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Defensoría del Pueblo Regional y nacional, una veeduría permanente que nos garantice ejercer nuestros derechos a la luz de la legislación indígena y de la Constitución Nacional.

2. Que las instituciones del Estado competentes, como la Defensoría del Pueblo Regional y nacional y la Procuraduría se apersonen de este caso, ejerzan veeduría y hagan seguimiento para que nos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos.

3. Un pronunciamiento del Ministerio Publico -representado en la mentada asamblea por el personero Juan Carlos Chamorro-, quien no dio ningún concepto sobre la vulneración de los derechos humanos de los comuneros apresados, frente al proceso irregular de la asamblea ni contra las calumniosas afirmaciones en contra de nuestros dirigentes y organizaciones.

4. Que se esclarezca el caso del asesinato del compañero Alfredo Ríos acaecido el 23 de julio de 2011 -y del conductor William Poto-, quien hizo parte del MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA - MUTE, y sobre el cual hay acusaciones en contra de algunos dirigentes de los cabildos, según denuncias de uno de los comuneros detenidos y juzgados en la asamblea del 29 de abril de 2013 en el CECIDIC, resguardo de San Francisco.

LLAMAMOS

Al Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la cual aún reconocemos, con el fin de que interceda para lograr superar de forma civilizada y en bien del pueblo NASA en su conjunto, las diferencias entre dos sectores importantes de la comunidad en el norte del Cauca.

INVOCAMOS

Los buenos oficios de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, para que reclame al Estado colombiano garantías a la vida, la libertad e integridad física y moral de todos los comuneros que hacen parte de las organizaciones de la COIC y a sus familias, así como nuestros derechos que como indígenas y ciudadanos colombianos nos asisten.

Clamamos por la solidaridad de las organizaciones indígenas y populares nacionales e internacionales y por su acompañamiento en la defensa de nuestros derechos vulnerados.

Manifestamos nuestra firme disposición de seguir trabajando para fortalecer nuestros procesos organizativos en bien de las comunidades indígenas, por el buen manejo de los recursos de transferencias y de cooperación internacional. Igualmente mantenemos en alto nuestro ánimo unitario, por la integración del pueblo NASA; el rescate de nuestras tradiciones y nuestra cultura; y por un gobierno propio, generoso con las comunidades humildes, que haga honor a nuestros antepasados que resistieron al dominio español y a los gobiernos excluyentes de la era republicana, como fueron Juan Tama, Manuel Quintín Lame, el padre Álvaro Ulcué y Abelino Ul, entre otros.

Atentamente, 

ASOCIACIONES INDÍGENAS ABELINO UL, ASDECOIM, ARIZA y AITPROA, MOVIMIENTO LOS SIN TIERRA NIETOS DE MANUEL QUINTÍN LAME, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL –MISAK-, ASOCIACIÓN INDÍGENA TIERRA DENTRO; MOVIMIENTO DE UNIDAD TORIBIANA INTER ÉTNICA – MUTE; CONVERGENCIA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CAUCA (COIC).

Fuente: Cifuentes:

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=531:comunicado-coordinacion-indigena-20-mayo-2013&catid=119:actualidad-2013&Itemid=227

Cartas de las FARC a las autoridades indígenas:

Mayo 13. El Bloque Occidental de las FARC se dirige a la dirigencia de la ACIN, el CRIC y a los pueblos indígenas

Mayo 13. Timoleón Jiménez de las FARC-EP responde carta a varias organizaciones indígenas del Cauca