[Agencia Fariana de Prensa - Frente Antonio Nariño] Los ocultamientos de la campaña por la deserción

Eso no lo estudia ni comenta ningún erudito. A eso no se refiere ningún mando militar, ni el ministro de la defensa, ni mucho menos el Presidente Santos.

Por Gabriel Ángel

El Estado colombiano realiza en la actualidad un desesperado esfuerzo por aniquilar la rebeldía popular contra su modelo de dominación. No solo con el creciente agigantamiento de su aparato militar y policial de represión, acompañado de inmediato por su consiguiente accionar bélico, que convierte a nuestra nación en una especie de territorio invadido por una fuerza enemiga. Sino además con un exuberante despliegue ideológico y propagandístico.

Ni siquiera las grandes cadenas privadas de radio o televisión cuentan con la red de emisoras que se han construido el Ejército y la Policía para bombardear diariamente las mentes de los colombianos. Las que además les resultan insuficientes, obligando a los estrategas a contratar amplios espacios publicitarios en los medios de comunicación comercial. Una buena parte de ellos están dedicados a obtener la deserción de las guerrillas.

Allí no hacen ostentación de sus métodos predilectos hoy, consistentes en ubicar a los seres queridos de los combatientes, padres, hermanos y demás, para presionarlos mediante procedimientos que van desde los abiertamente ilícitos como el secuestro y el chantaje, las amenazas de muerte, cárcel o pérdida de la patria potestad de sus hijos, hasta la oferta de recompensas por colaborar en la entrega voluntaria o violenta de sus familiares.

Es seguro que ocultan la existencia de esas ruines prácticas de cotidiana realización, a sabiendas de que publicarlas o reconocerlas desdibujaría la imagen de nobles héroes con que pretenden presentarse ante la opinión.  Es evidente que la dirección de inteligencia de la Policía Nacional ha sido muy bien asesorada en esas cuestiones por sus instructores de los Estados Unidos. Por eso el rostro y el tono para el gran público deben ser amables y benefactores.

De su lado deben aparecer figuras nacionales del deporte o el arte, que, como el ex arquero Oscar Córdoba, se dirijan a los guerrilleros tratándolos como jóvenes colombianos, para exhortarlos a sobreponerse a las derrotas, a seguir dando apoyo incondicional a su país, su selección y su familia, plegándose a los llamados a la entrega y la traición. O supuestos guerrilleros arrepentidos que invitan generosamente a sus ex compañeros a seguir su ejemplo.

Crece y crece de tal manera el número de desertores presentado por los creadores de la campaña, que su cifra resulta muy superior a la que pudieron tener las FARC y el ELN juntos en su época de mayor expansión. Están pasados, de lejos, se sobraron. De donde resulta fácil concluir, que como casi todos los aspectos ligados a la guerra y la paz, manos muy hábiles han logrado convertirlos en jugosos negocios: diagnósticos, estudios, trabajos y campañas falsos de principio a fin.

Pero que sirven a una gran cantidad de gente para hacer dinero y fabricarse prestigio. Al mismo tiempo que se oscurece la realidad en grado superlativo. Tomando nota al azar de las citaciones que las propias emisoras del Ejército publican a cuenta de sus juzgados, se puede constatar que en los últimos cuatro meses son más de ciento diez las deserciones presentadas de batallones y brigadas del Ejército colombiano, sin mencionar citaciones que incluyen homicidios y lesiones.

Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2012, el dragoneante Ramírez Ramírez John Jairo, del Batallón Energético y Vial número 8 Mario Pérez, es citado por el Juzgado 128 por el delito de deserción. El 15 de marzo de 2013, el soldado Jean Carlos Sánchez Albarracín de la 30 Brigada es citado por el juzgado número 36. Así sucesivamente.

Es tan larga la lista que publicarla acá resultaría demasiado pesado. Basta con ponerle algo de atención a las emisoras del Ejército.

Eso no lo estudia ni comenta ningún erudito. A eso no se refiere ningún mando militar, ni el ministro de la defensa, ni mucho menos el Presidente Santos. Da la impresión de que la campaña que realiza el Ministerio de Defensa para invitar a la deserción de los guerrilleros, produce efectos masivos en las filas de sus propios batallones y brigadas. Valdría la pena que consideraran una campaña en la que el negro Preciado o Juanes convidaran a los soldados a no desertarse más.

Montañas de Colombia, 12 de abril de 2013.

Perdónalos Señor… Por Gabriel Ángel, FARC-EP

Manuel Marulnda junto con los 48 guerrilleros en Marquetalia en mayo 1964.

El conflicto adquirirá dimensiones no pensadas. Es una cuestión elemental. Basta con recordar a los 48 campesinos que enfrentaron la operación Marquetalia.

Gabirl Ángel

Comienza el año nuevo y ya escuchamos otra noticia trágica. Las fuerzas militares dan parte al país de la eliminación, mediante el método del bombardeo aéreo, de más de una docena de guerrilleros de las FARC en los límites de Chocó y Antioquia. La prosperidad democrática enseña de nuevo sus brutales dentelladas y nuevamente se aterra la gente buena de Colombia.

Las víctimas se hallaban en alguno de sus campamentos, en las entrañas de la selva, celebrando desprevenidos las festividades de fin de año. Ingenuamente confiados, contra toda orientación y advertencia de los organismos superiores de dirección, en que el cese el fuego decretado por la organización para esta época los mantenía al margen del peligro.

Un gesto reprochable desde cualquier perspectiva disciplinaria a la luz de la experiencia bélica. Sobre todo tomando en cuenta las arrogantes y frecuentes amenazas proferidas por los altos mandos de las fuerzas regulares, quienes al igual que el ministro de defensa, se refocilan permanentemente en los medios advirtiendo de severos golpes a ejecutar.

Sin embargo, y por encima de los imperdonables yerros de algunos mandos guerrilleros, los cuales por desgracia pagan con su vida y la de varios de sus combatientes, no dejan de parecer obsesivos y criminales la actitud, la mentalidad y el comportamiento del gobierno de Juan Manuel Santos, quien al tiempo que discursea de paz no deja dudas sobre su devoción por la sangre.

Las FARC hemos demostrado en todas las formas posibles nuestra voluntad de diálogo y reconciliación. En aras de una solución civilizada al grave conflicto que padece el país, hemos llegado a pasar incluso por encima de los cadáveres de nuestros más importantes y queridos Comandantes. Hemos puesto una y otra vez la otra mejilla para no echar todo al abismo.

Nuestro credo es muy sencillo. La oligarquía de este país, con sus inveteradas prácticas violentas de explotación y dominación, terminó por generar la respuesta armada de los de abajo, respuesta que han intentado durante décadas exterminar, sin conseguirlo, mediante el empleo de las más abominables prácticas de terror. La paz significa poner término definitivamente a todo esto.

Que cese el alzamiento guerrillero, sí. Pero para que esto sea posible, es necesario poner fin, para siempre,al ejercicio del poder mediante la intimidación y la muerte. Que se abran los espacios para expresar libremente la inconformidad con el orden de cosas. Que se generen unas condiciones mínimas de justicia social y convivencia. No nos parece una cuestión inadmisible.

Sin embargo, plantear las cosas de ese modo, resulta intolerable para el régimen. Su posición se limita a exigir una y otra vez la rendición incondicional de la rebeldía. Bajo la soberbia amenaza de una aniquilación inminente. La oligarquía colombiana presta oídos sordos a cuanto no signifique un sumiso sometimiento. Sólo la satisfaría un acuerdo de rendición agradecida.

De ahí que se niegue a hablar de cese bilateral de hostilidades, de participación de la población en las conversaciones, de cualquier aproximación entre pueblo e insurgencia. De ahí su sentencia de no discutir la aplicación de ninguna de sus políticas. Desmovilización cuanto antes repite incesante. Y sigue matando, amenazando y matando, matando y amenazando. Como siempre.

Gracias al cese el fuego declarado y cumplido religiosamente por las FARC-EP, millones de colombianos pudieron disfrutar tranquilamente la navidad y el año nuevo. Incluidos los prisioneros de guerra liberados incondicionalmente por nosotros el año anterior. Y numerosos burgueses que saben que no serán retenidos gracias a nuestra decisión declarada oficialmente.

Sin embargo, otra porción inmensa de compatriotas ignora todavía lo que puede significar una temporada de paz. Se trata de los habitantes de las zonas ocupadas por el Ejército Nacional. Para ellos no cesan las requisas, los retenes, los amedrentamientos, las capturas, la hostilidad diaria. Ni el sobrevuelo de las aeronaves de guerra, ni los bombardeos y ametrallamientos.

Que terminarán llegando también a las puertas de las grandes ciudades, tal y como van las cosas, puesto que la guerrilla no va a doblegarse ante la furia del régimen. Y entonces éste acrecentará su labor persecutoria hasta el último rincón donde resuene una voz inconforme. Un destino que, empezando el año, debiera ser compromiso de todos evitar.

La paz se encuentra en perspectiva siempre que sean muchas las voces que se alcen a exigir al Gobierno de Juan Manuel Santos un cambio en sus posturas. Podemos tener un país mejor, siempre que millones de colombianos asuman su protagonismo político en la exigencia de cambios y reformas. Es la disyuntiva que se le plantea a nuestra nación al comenzar el 2013.

La fórmula que recitan los voceros oficiales según la cual nada en la Mesa de Conversaciones está acordado hasta que todo esté acordado equivale a un todo o nada. Desde la óptica del régimen significa que mientras no se acuerde la rendición y entrega nada tendrá sentido. Otra debería ser la opción popular. La oligarquía debería sacrificar algo por la paz, so riesgo de perderlo todo.

En un inevitable discurrir, cada día, cada mes, cada año, decrecerá el número de bajas guerrilleras por causa de los bombardeos aéreos. Y crecerá el número de los aviones y helicópteros echados a tierra por la insurgencia. Los cinematográficos uniformes de los soldados mercenarios no los protegerán del fuego guerrillero. Ni a ellos ni a quienes les dan las órdenes.

El conflicto adquirirá dimensiones no pensadas. Es una cuestión elemental. Basta con recordar a los 48 campesinos que enfrentaron la operación Marquetalia. Desde entonces los gringos estaban aquí, traídos de Corea y el Vietnam. Hoy llegan con sus drones desde Afganistán e Irak, a aconsejar a los generales que despectivos nos cifran en unos pocos miles. Perdónalos Señor…

Montañas de Colombia, 2 de enero de 2013, 63 cumpleaños del Mono Jojoy.

La guerra antidroga, pilar del proyecto neoliberal

Fuente; Portal de FARC-EP

2012 pasará a la historia como el año en que se logró la aprobación de los TLCs con los Estados Unidos y Europa, en el peor momento que se podía esperar.

Por Gabriel Ángel

Desde cuando en tiempos del Caguán se conoció que el gobierno de Colombia, en alianza con los Estados Unidos, tenía preparada una estrategia antidrogas de índole militar llamada Plan Colombia, las FARC-EP y la inmensa mayoría de las organizaciones sociales y políticas que se oponían a ese proyecto imperialista, señalaron que lo del combate a las drogas no era más que un pretexto, porque el famoso plan era en realidad un ambicioso proyecto de dominación económica, política y militar.

Una docena de años después, los hechos demuestran la validez de tales apreciaciones. La aprobación por el Parlamento Europeo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, constituye la prueba más reciente de ello. Unos meses atrás oímos calificar como el más importante logro de la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena,la entrada en vigor del TLC con los Estados Unidos. Doce años continuos de sangre y terror tenían que servir para algo más que extraditar capos.

Las medidas de ajuste económico dictadas por las entidades multilaterales de crédito se han aplicado de manera cumplida y sumisa. La inversión extranjera directa creció en proporciones asombrosas desde la implementación del Plan. Las exportaciones colombianas se multiplicaron por diez. El crédito externo fluyó con excesiva generosidad al país. Se ha combatido el déficit fiscal. El territorio nacional terminó dividido en enormes lotes para ser adjudicado a multinacionales mineras.

La economía nacional creció y es puesta como ejemplo. Sólo se habla de incremento de las utilidades. En el sector financiero, en el campo turístico, en el de los agrocombustibles, en la agricultura para la exportación, en materia de hidrocarburos y extracción minera. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento paralelo de la brutal campaña militar y paramilitar implementada en el país con el Plan Colombia, que apuntaba a crear las condiciones sociales favorables al proyecto económico.

Esas condiciones sociales favorables consistían en la represión absoluta de las diversas formas de resistencia al saqueo neoliberal. La reducción al mínimo del movimiento sindical, de tal modo que fuera posible profundizar la contra reforma laboral que asegurara la mano de obra barata para el capital inversionista. Asesinar, corromper, amenazar, encarcelar o desaparecer a todos aquellos capaces de organizar la resistencia a las privatizaciones y al desmonte de las justas conquistas de los trabajadores.

A esa tarea de limpieza se añadía la de crear en los campos el ambiente apto para el ingreso de los inversionistas, lo cual se materializaba con la embestida militar y paramilitar que desposeía de la tierra a las comunidades indígenas y negras, a los centenares de miles de colonos, pequeños campesinos y mineros. En eso cumplían un estratégico papel las fumigaciones aéreas, fueran realizadas indistintamente con venenos, bombas o ráfagas. Tan estratégica tarea hacía obvia la necesidad de incrementar el pie de fuerza represivo y el armamento aéreo.

Que servían además para combatir a los movimientos guerrilleros. A las pesadas FARC que se habían crecido a extremos peligrosos, hasta el punto de convertirse en un obstáculo de consideración a los proyectos del gran capital transnacional en toda Suramérica. Eran un mal ejemplo, al que el gigantesco aparato de guerra lograría exterminar. Estaba claro que la dirección de las operaciones estaría en manos de los generales del Pentágono. Las fuerzas militares colombianas debían en adelante quedar completamente subordinadas a ellos. La Policía ya prácticamente les pertenecía.

Para que la intervención militar extranjera tuviera una presentación más amable, resultaba decisivo vincular a las FARC con el tráfico de narcóticos. Así nació el Plan Colombia, ligado íntimamente al Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Pastrana, destinado a perdurar en los gobiernos subsiguientes. Se contemplaba que la ayuda financiera norteamericana se reduciría paulatinamente, hasta que Colombia, armada por completo, se encargara sola del asunto, cuando las FARC no existieran.

La estrategia neoliberal para Colombia se ha cumplido con la mayor precisión posible. Con los resultados mencionados, favorables desde el punto de vista de los inversionistas, pero críticos para quienes mordieron el anzuelo de la guerra contra las drogas. Se habrán capturado cabezas importantes del narcotráfico, decomisado cargamentos, acabado con enormes extensiones de cultivos lícitos y prohibidos, pero, el negocio con todas sus manifestaciones sigue vivo y pujante.

El Plan Colombia no es un fracaso en la medida en que el proyecto neoliberal de dominación económica ha sido implementado en términos más que satisfactorios para el gran capital. Pero al mismo tiempo sí lo es, porque su discurso de presentación siempre estuvo aderezado con la promesa de acompañar el crecimiento de la economía con la elevación del nivel de vida de la población menos favorecida y la solución a los problemas nacidos de la desigualdad y la injusticia.

En eso el Plan está rajado por completo. Después de Haití, Colombia es el país más desigual de continente. Además, el aniquilamiento de las FARC también quedó en veremos, mientras la guerra deja desastrosas secuelas. Santos, tan fiel vocero del gran capital como Uribe, ensaya recomponer esas realidades sin cambiar nada significativo en el proyecto. Si asumió el diálogo con las FARC pensando en un interlocutor desmoralizado y a punto de rendición, se equivocó por completo. La firmeza de la organización revolucionaria y la movilización popular por la paz se encargarán de probarlo.

De remate, 2012 pasará a la historia como el año de la aprobación de los TLCs con los Estados Unidos y Europa, en momentos en que la crisis económica los empuja al despeñadero, con serio riesgo de arrastrar la economía colombiana al abismo. Paralelamente, en algunos de los Estados de la Unión Americana se impuso mayoritariamente en las urnas la despenalización del consumo, volviendo a poner de presente que la guerra contra las drogas es una imposición de poderosos intereses. El reclamo de Santos a Obama por esos referendos, evidencia su hipocresía al hablar de legalización. La guerra contra las drogas es pilar del proyecto neoliberal. Toda América Latina puede atestiguarlo ahora.

Montañas de Colombia, 12 de diciembre de 2012.