¿Para eso
montaron la Mesa de La Habana? ¿Para señalar y perseguir dirigentes populares
que levanten banderas similares a las nuestras?
La protesta campesina que se desarrolla en el
Catatumbo ha terminado por generar comentarios y posturas oficiales poco
inclinadas al diálogo y a una pronta solución. Que se acuse a una movilización
popular de estar infiltrada por la guerrilla es apenas normal en este país, en
donde los poderes dominantes apelan habitualmente al anatema para volver la
espalda a los problemas y aplicar un tratamiento violento a los reclamos. Pero
esta vez parece que las cosas van más allá.
La prosperidad democrática no quiere saber
nada de la opinión popular en torno a sus políticas neoliberales. Quien realice
una mirada imparcial sobre la problemática que se debate en Norte de Santander,
fácilmente percibe que los reclamos del Catatumbo se relacionan directamente
con los planes gubernamentales para la región. La expansión de los cultivos de
palma africana y la puesta en práctica de grandes proyectos mineros, choca
abiertamente con la vieja solicitud campesina de zona de reserva. Así como la
erradicación forzada de los cultivos ilícitos apunta a agudizar las condiciones
de pobreza, ardid disimulado de presión para el ingreso a la región de las
grandes empresas.
Analistas prestigiosos han expuesto
reiteradamente que la crisis económica global del sistema capitalista, unida a
los intereses de las grandes potencias por el control de los recursos naturales
no renovables, impulsan una especie de recolonización del tercer mundo a objeto
de sostener, mediante el saqueo y la súper explotación de la mano de obra, una
cuota de ganancia que por las vías de la industria capitalista y la especulación
financiera es más difícil conseguir. Poderosas corporaciones de carácter
transnacional imponen su lógica a gobiernos apátridas subordinados por completo
a ellas, al costo de hundir a los pueblos en dolorosos dramas sociales y
humanos.
Los índices de crecimiento de la economía
hablandel resultado que la feria neoliberal entraña para los grandes capitales
inversionistas extranjeros o los grupos económicos locales. Los fabulosos
beneficios del sector crediticio están muy lejos de producir algún saldo
positivo a los millones de desempleados o los asalariados por sumas miserables
que conforman la gran masa de colombianos del montón. En algunos países de
América Latina y el Caribe sus pueblos ensayan caminos distintos a los trazados
por los centros de poder capitalista mundial. Es obvio que la oligarquía
colombiana descarta por completo esa posibilidad. Y es esa la contradicción
manifiesta en el Catatumbo hoy.
Reserva Campesina en el Valle de Cimitarra |
La oligarquía colombiana, alineada con los
intereses de las compañías transnacionales norteamericanas y europeas, tiene
definido ya desde mucho tiempo atrás el rumbo que imprimirá al país. Cuando
Andrés Pastrana hablaba de paz con las FARC, acordaba con los Estados Unidos la
implementación del Plan Colombia cuyo objetivo principal era el exterminio de
la oposición por la vía de la guerra. El desmesurado brote paramilitar que se
extendió por la geografía nacional, cobrando miles de vidas y desplazando
millones de campesinos, hizo su presencia en el Catatumbo de modo horroroso
para la misma época. Las políticas de Santos insisten en la misma dirección,
sacar la gente, ingresar los mercaderes.
Así que la resistencia campesina de los
pobladores del Catatumbo asume caracteres de heroicidad, intenso patriotismo e
inquebrantable fe en una alternativa distinta para la vida de la región. Ninguna
de las violencias aplicadas contra ellos ha logrado su objetivo de aplastar su
digna lucha. Es por eso que Santos y sus asesoresdeciden asumir un tratamiento
absolutamente intolerante y represivo. En primer lugar ordenan responder a
física bala, plomo y gases la movilización en marcha. Cuatro muertos, varias
decenas de heridos y un buen número de judicializados por terrorismo y no sé
qué más cargos infames.
La gran prensa colombiana prefiere ignorar los
resultados de la ofensiva terrorista del ESMAD, el Ejército Nacional y la
Fiscalía General contra los marchantes. En su lugar hace eco a las afirmaciones
de altos funcionarios y comandantes de Policía o militares, que acusan a los
campesinos de protestar obligados por la guerrilla, de estar infiltrados por la
insurgencia, de portar armas de fuego y sofisticados explosivos con los que
agreden a los inermes e inofensivos guardianes del orden público y la paz
social.
Afirman también que existe una sospechosa
coincidencia entre lo exigido por los campesinos movilizados y los
planteamientos hechos por las FARC en la Mesa de La Habana. Se difunde la
especie de que se trata de una acción dirigida por Timoleón Jiménez e Iván
Márquez. Eso debería bastar para quitar toda legitimidad a la protesta. Al fin
y al cabo, para la oligarquía de este país, basta con que un argumento o razón
sea imputable a la insurgencia armada para considerarlo perverso y absurdo. ¿Para
eso montaron la Mesa de La Habana? ¿Para tener argumentos para descalificar la
protesta social? ¿Para señalar y perseguir a los dirigentes populares que
plantean banderas similares a las nuestras?
Las FARC-EP operamos en el territorio de
Colombia, en todos los departamentos y regiones, y eso desde hace medio siglo. Crecimos
al calor de las luchas populares, buen número de nuestros cuadros e integrantes
provienen de la arremetida militar, policial y paramilitar contra la gente que
reclama por sus derechos. No somos una organización de extraterrestres aislados
por completo del resto del país y de su gente. Conocemos de manera directa la
realidad amarga que soporta el pueblo colombiano. Y sabemos muy bien quién es
quién en asuntos políticos y sociales en esta nación. Quiénes son los que
sirven a la oligarquía y el imperialismo, y quiénes se alinean en las filas de
la lucha popular.
Somos una organización político militar
producto de la violencia terrorista del Estado colombiano. Y así como nos
sentamos a dialogar con el gobierno nacional, con generales del Ejército y la
Policía incluidos, también conversamos a diario con mucha gente en Colombia. Eso
no significa que todo el que se reúne o dialoga con nosotros se halle a nuestro
servicio o milite en nuestras filas. Somos colombianos enfrascados en el
torrente de las luchas populares y las apoyamos a todas, lo cual no confiere
ningún derecho a las autoridades para estigmatizar a las voces que se alzan en
su contra desde la legalidad. Semejantes ensañamientos son el principal
combustible del conflicto armado colombiano.
Ya lo señalaba algún columnista, y ojalá que
no lo vayan a sindicar ahora por ello, que del tratamiento y resultado que el
gobierno colombiano dé a la protesta de los campesinos del Catatumbo, se podrá
deducir su voluntad de terminar con el conflicto y construir la paz en La
Habana. Ojalá Santos piense muy bien lo que hace. Y por el bien de la paz,
aprenda a desoír los asesores que sólo entienden de guerra.
Montañas de
Colombia, 8 de julio de 2013
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